Sara Más
SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 10 de junio, 2024.- Movimientos y academias feministas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones impulsan agendas de cuidados en América Latina, pero falta avanzar en su implementación, reconocieron sus representantes en La Habana.
Asimismo, abogaron por la integración y acción conjunta de actores y políticas en aras de promover e implementar sistemas integrales de cuidados a nivel local, nacional y regional, al intervenir en el encuentro internacional «Cuidados, desarrollo y justicia social: políticas, enfoques, actores y buenas prácticas», que reunió en La Habana a unas 200 personas de 19 países, del 5 al 7 de junio.
En ese camino, el contexto y enfoque ideológico y político de los gobiernos importa mucho para que estos sistemas sucedan, señaló la uruguaya Valentina Perrotta, profesora universitaria, al referirse a la experiencia de su país, primero en contar con un sistema de este tipo en la región.
«El rol de la academia feminista fue clave en la generación de conocimiento y diagnósticos para poder instalar este tema en la agenda, pero también hubo una actuación del movimiento feminista dentro de la fuerza política y un gobierno receptivo», agregó.
Aunque Uruguay fue pionero en establecer un sistema nacional integrado de cuidados, «no es el modelo ideal a seguir, ante los nuevos desafíos», consideró Perrotta al intervenir en el panel «Experiencia regional en la construcción de sistemas integrales de cuidados: avances y desafíos de algunos países».
Entre sus fortalezas, dijo que para 2015 fue una ley de vanguardia: propuso redistribuir el cuidado de manera más justa, habló de división sexual del trabajo y reconoció a las personas cuidadoras como población objetivo. Además, propició servicios de asistencia y acompañamiento a personas dependientes, pero sobre todo amplió la cobertura de cuidado infantil.
Sin embargo, es imposible practicar el principio de universalidad en los servicios sin presupuesto, lo que debilita la institucionalidad del sistema e implica retrocesos, señaló como carencias.
Entre avances y desafíos
Con un amplio marco legal para la protección de los cuidados, en Venezuela el 54 por ciento de los hogares los encabezan mujeres. «Entonces, cuando se habla de corresponsabilidad, es poco lo que se puede alcanzar», comentó la profesora Alba Carosio.
La co-coordinadora del grupo «Feminismos, resistencias y emancipación» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sostuvo que, en realidad, se ejerce un cuidado comunitario en los sectores más populares y empobrecidos, donde funcionan los comités locales de abastecimiento y producción, que en 90 por ciento de los casos son gestionados por mujeres, en medio de una situación económica grave, de desvalorización monetaria.
Se ha avanzado más en construir rampas y eliminar barreras arquitectónicas para la integración de las personas con diversidad funcional, que en servicios especializados, como escuelas y lugares de atención, precisó Carosio, quien ubicó las fortalezas en el marco jurídico y la formación de las mujeres del poder popular, mientras identificó como debilidad la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidado no remunerado.
«Tenemos marcos legales robustos, pero no marcos programáticos presupuestales; nuestro reto siempre es la implementación», sostuvo la mexicana Alma Rosa Colin, de la organización civil «Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia».
Insistió en reconocer y revalorar lo que se hace, con alertas para no reproducir estereotipos de género ni anclar a las mujeres como responsables del trabajo de cuidado.
Esa revalorización debe incluir todas las aportaciones, incluidas las económicas, dijo Colin y privilegió la realización de encuestas de uso del tiempo, cuyas evidencias son una prueba de las grandes desigualdades estructurales ancladas en la división sexual del trabajo.
Algunos de esos desafíos se repiten, por ejemplo, en Colombia, de acuerdo con lo narrado por Ana Isabel Arenas Saavedra, quien integra la Mesa de Trabajo para el seguimiento a la Ley de Economía del Cuidado.
El propio sistema es un reto, reconoció, aunque ya está planteado como objetivo general y prioridad del gobierno que el Estado es el garante del derecho universal de las personas a recibir cuidados y a cuidar en condiciones dignas, precisó.
Relató que en 2020 empezaron a crearse sistemas de cuidado en varios territorios colombianos, como Bogotá, Cali, Antioquia y Nariño y, desde el trabajo de las mesas de la sociedad civil se han formado profesionales en cuidado de una manera seria, para desarrollar pequeñas experiencias.
Pero todavía las familias siguen siendo las mayores responsables del cuidado, con muy baja redistribución de ese trabajo, reconoció Arenas Saavedra, junto a otras fallas como la falta de presupuestos y de articulación interinstitucional.
Seguir impulsando políticas de cuidado
Luego de tres días de intercambio, con la participación de unas 200 personas de 19 países, el encuentro abogó por un enfoque holístico que permita traspasar el abordaje de los cuidados del centro de la vida al centro de las políticas.
También propuso seguir impulsando procesos para colocar los cuidados como pilar esencial en el bienestar y la sostenibilidad de la vida, desde un enfoque feminista, interseccional, transformador y de justicia social.
Como un desafío, se colocó la necesidad de la integración de políticas públicas que, desde un enfoque de derechos y corresponsabilidad, apoyen estas iniciativas a nivel gubernamental en los diferentes países de la región latinoamericana.
También, priorizar el bienestar humano por encima de los sistemas económicos de producción y consumo, así como el necesario reconocimiento de la desigual distribución del trabajo de cuidados como un nudo estructural de las desigualdades y brechas que limitan el desarrollo de los sistemas integrales de cuidados en diferentes niveles.
El encuentro puso el foco, igualmente, en el reconocimiento como trabajadoras de las personas cuidadoras, remuneradas o no, desde los distintos espacios socioeconómicos de producción donde se insertan; en revalorizar su trabajo y los aportes de su participación política y social.
Sus participantes reclamaron, además, que el autocuidado se valore como un espacio de autonomía, de reconocimiento de los cuerpos y los derechos; como un tiempo propio y un aspecto fundamental de los sistemas integrales de cuidados.
En sus intervenciones abogaron, además, por asegurar y priorizar recursos económicos, presupuestos y políticas fiscales suficientes y sostenibles en el tiempo, que coloquen a los sistemas de cuidados como un pilar esencial para el bienestar humano.
