SemMéxico, Cd. de México, 11 septiembre 2017.- En México residen alrededor de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 7.6% presenta inseguridad alimentaria en grado severo y cuatro de cada 10 son víctimas de maltrato, advirtió Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. La tasa de suicidio en ese segmento es de 4.3 por cada 100 mil menores entre 10 y 17 años, y ocho de cada 100 infantes trabaja; por ello, dijo, hace falta legislar en esos temas para garantizar todos sus derechos.
Los datos anteriores se presentaron en el “Foro para el análisis de la iniciativa de armonización de la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara de Diputados, en el foro se destacó que la infancia debe dejar de ser considerada el futuro del país, para ser vista como una realidad sujeta de derechos y acceder a una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades.
Por su parte, Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, coincidió con la necesidad de que el gobierno federal armonice la Ley General de Educación y la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de permitirles acceder a todos los derechos y contar con un mecanismo que permita su cumplimiento.
Destacó que el gobierno mexicano debe asegurar el derecho a la educación de la infancia, porque actualmente 1.3 millones no asisten a educación preescolar, 263 mil no acuden a la primaria y 2.3 millones de adolescentes no van a la escuela, principalmente por situaciones económicas.
Además alertó que cerca de 600 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de abandonar el sistema educativo de manera prematura por encontrarse en situaciones de rezago; por ello se tendrá que mejorar la calidad en la enseñanza y la profesionalización de los docentes de los niveles preescolar, básico y media superior.
Indicó que si bien México invierte mucho en educación, el gasto anual por estudiante de primaria hasta nivel superior es del 19% del PIB per cápita y el segundo promedio más bajo de la OCDE. De acuerdo con el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2015, los menores del país no tienen las mismas competencias de sus pares en otras naciones.
La legisladora del PRD, Aragón Castillo reconoció que, aunque existen avances en la materia, actualmente las cámaras de diputados y de senadores trabajan en la actualización del marco normativo para una adecuada implementación de la Ley General de Educación y favorecer la elaboración de políticas públicas en la promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Explicó que la iniciativa que redactarán tiene como objetivo incorporar el principio del interés superior de la niñez como eje rector en la aplicación de la ley educativa; determinar la atribución de las autoridades federales y locales para elaborar protocolos en casos de acoso y violencia escolar; y establecer como una infracción realizar, promover, propiciar, tolerar o no denunciar esos casos.
El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, señaló que la iniciativa propuesta para la armonización legislativa aborda también establecer protocolos de actuación en situaciones de acoso o violencia escolar; asegurar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y regular mecanismos para asegurar la expresión y participación de los menores, a fin de tomar en cuenta su opinión, intereses y preocupaciones en materia educativa, así como un sistema de becas para apoyar la permanencia o reingreso de niñas y adolescentes embarazadas.
A su vez, Bertha Acosta Huerta, directora de área del programa de Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recalcó que se debe materializar la armonización, revisar si el lenguaje es incluyente, con perspectiva de género, así como verificar que esta población sea reconocida como titulares de derechos y no como sujetos de obligaciones.
Paola Gómez Espinoza, Oficial de Educación de Unicef en México, subrayó que es vital que niñas y niños sean quienes digan qué necesitan, al ser ellos los receptores de la enseñanza. En esta armonización, precisó, se deben considerar temas como la no discriminación y la participación.
La coordinadora de Operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, agregó que es necesario detallar con claridad lo que es violencia escolar, fortalecer la igualdad sustantiva e inclusiva, la no discriminación, una educación sexual integral, el acceso a una vida libre de violencia y participación infantil, así como establecer un transitorio para armonización del reglamento de esta ley y las reglamentaciones estatales, una tarea que no se realiza desde 1993, concluyó.
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