- Las autoridades capitalinas abrieron una investigación por la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero pasado.
Óscar Santillán
SemMéxico/El Big Data. Ciudad de México. 15 de febrero 2020.- El policía, perito o servidor público que filtre imágenes o datos sensibles de feminicidios sería castigado con hasta 16 años de cárcel.
Así lo informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, luego de presentar ante el Congreso de la capital una iniciativa para adicionar esta pena al artículo 239 del Código Penal de la Ciudad de México, la cual fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Isabela Rosales.
“Estamos adicionando un artículo al Código Penal en el capítulo de delitos cometidos por servidores públicos, y son delitos que principalmente pueden estar cometidos por quienes intervienen en todo el proceso penal o cuerpos de seguridad que son los primeros respondientes”, detalló en entrevista con medios.
De acuerdo con el desglose del artículo, en caso de ser perito, la sanción llegaría hasta los 12 años de prisión, en tanto que si la filtración la comete un policía, el castigo alcanzaría hasta los 16 años de cárcel.
La fiscal puntualizó que la iniciativa no busca regular a medios ni a ciudadanos, ya que sólo sancionarían a servidores públicos.
Sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla, Godoy señaló que hasta el momento no han encontrado qué servidores públicos filtraron las imágenes del cuerpo.
Sin embargo, son interrogados seis funcionarios, entre policías, peritos y miembros del ERUM que llegaron a la casa donde detuvieron a Erick Francisco “F”, de 46 años, feminicida de Ingrid Escamilla.
“Estamos pidiendo autorización al juez de control para la intervención de sus teléfonos para que todo sea legal”, apuntó.
Ernestina Godoy expuso que aún no cuentan con el perfil psicológico de Erick Francisco, pero recordó que ya fue vinculado a proceso.
Este viernes por la mañana un grupo de feministas se manifestó frente a Palacio Nacional para exigir al Gobierno federal la resolución de los diversos casos de feminicidios que se han reportado en el país en el último año, en especial el de Ingrid Escamilla.
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