Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 17 de noviembre, 2025.- Hasta ahora, el gobierno de la República no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM), al que está obligado por ley, a pesar de que se reportan 16 muertes violentas de mujeres al día, miles de otros delitos de género y 558 denuncias diarias por violencia familiar y de pareja, según el informe de septiembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Programa, consignado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta de la República, no puede operar mientras no se publique y, por tanto, no tiene presupuesto, ni acciones, ni instituciones responsables.
Creado en 2009, es el instrumento básico para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), también de ley, instalado en septiembre en una reunión mediática, sin que se publiquen sus tareas.
A todas luces, se trata de una omisión preocupante y contrasta con el lanzamiento de un plan integral contra el abuso sexual, limitado a buscar cambios legales, sin presupuesto ni obligaciones. Un plan justificatorio que no apunta a resolver la violencia de género, su impunidad ni los obstáculos para quienes la viven, y que no se desarrolla. Dice el Secretariado que, en nueve meses, 4,929 mujeres reportaron violencia y discriminación.
El plan “integral”, de siete acciones, no incluye obligaciones precisas ni ajustes en las fiscalías o en los Centros de Justicia. Así, no hace frente a la crisis humanitaria del feminicidio, la desaparición y los abusos y violaciones cotidianas. A cambio, desapareció la CONAVIM y, en 2026, habrá menos recursos para los refugios. A cambio, vemos giras promocionales por todo México.
Preocupan las niñas que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, fueron asesinadas 506, de entre 0 y 17 años, en 2024.
Las víctimas de abuso sexual son 16 al día, reporta el Secretariado: más de seis mil en nueve meses. Delito importante, porque está ligado a la violación y al hostigamiento que, en conjunto, suman 16 mil en nueve meses.
La violencia contra las mujeres significa un conjunto de hechos que deberían atenderse integralmente, como demanda la sociedad civil feminista desde hace años. El gobierno anterior tardó tres años en publicar el PIPASEVM, sin rendición de cuentas ni evaluación.
No publicar el PIPASEVM es una omisión de Estado que se contradice con los cambios constitucionales. Hace evidente un gobierno indiferente que solo actúa políticamente y desconoce todo lo andado; habla como si no hubiera sucedido nada.
El primer programa orientado a atender la violencia contra las mujeres nació en el primer trimestre de 1999; el 25 de noviembre de ese año, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León declaró la violencia de género como un asunto de Estado.
Durante 26 años, el Ejecutivo y el Legislativo crearon leyes —incluso se decretó la violación en el matrimonio— y acciones. En 1979, la primera gobernadora de México, Griselda Álvarez Ponce de León, promovió el primer centro de atención en Colima, y en 1989 nacieron las agencias de Delitos Sexuales y un primer centro de atención multidisciplinario.
Contamos con instrumentos, experiencias exitosas y fracasadas o demagogas; un bagaje de conocimientos y experiencias de gobiernos, expertas y activistas, hoy desperdiciado por la 4T.
Ahora, meros relumbrones, carentes de conocimiento y autocrítica, sin evaluación ni análisis histórico, que, de existir, permitiría mejores y más acertadas acciones. A cambio, todo se presenta como inaugural y superfluo. Lamentablemente, solo política: las mujeres no importan, ni muertas, ni desaparecidas, ni lesionadas, ni violadas. Se buscan votos con los programas de dádivas, para fortalecer un gobierno absolutista, sin escucha, pluralidad ni democracia genérica. Veremos.
Periodista. Directora del portal informativo Semmexico.mx
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