Angélica de la Peña
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de diciembre, 2025.- Si hemos seguido las investigaciones de mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), nos explicaremos la reacción y enojo que causa este trabajo de investigación a muchos funcionarios públicos de primer orden, tanto federales, como estatales.
Las investigaciones de MCCI fundada en 2016 y presidida por María Amparo Casar, nos permite conocer la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, y la tergiversación de programas para concretar tranzas y desvíos.
La corrupción es un problema añejo en México; muchas de las reformas en materia anticorrupción fueron posibles porque hubo mejores condiciones políticas al quitarle al PRI la hegemonía de partido único y que dio lugar a mayor presencia de la oposición en el Congreso de la Unión.
Esta transición permitió la creación de las auditorías de los recursos públicos con cierta independencia desde la Cámara de Diputados y también de las primeras instituciones anticorrupción, hoy en franco declive, porque volvió la hegemonía de un nuevo partido: Morena.
La investigación de MCCI sobre el caso Odebrecht evidenció sobornos a funcionarios para que esta compañía brasileña pudiera obtener contratos públicos con Pemex. Este caso fue un escándalo en una decena de países latinoamericanos, y varios funcionarios de alto nivel, incluyendo mandatarios, fueron a la cárcel. Aquí las investigaciones de la sociedad civil y MCCI, constataron esta corrupción que sigue en litis.
Dimos un paso hacia adelante con las leyes anticorrupción, y hoy se han dado tres pasos hacia atrás: no hay voluntad política para consolidar ese proceso como observamos en muchas investigaciones que pueden encontrarse en la página de MCCI.
Estas investigaciones han incomodado a funcionarios del sexenio de López Obrador, y de Claudia Sheinbaum: casos relacionados con Segalmex, Liconsa, Pemex, Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, Tren Maya, apoyos discrecionales a Cuba, Huachicol, el grupo criminal La Barredora, por mencionar sólo algunos de una gran lista. No se necesita mucha ciencia para darnos cuenta los enojos que provoca a quienes son materia de estas investigaciones de MCCI.
¿Tiene que ver el trabajo de esta organización de la sociedad civil que dirige María Amparo Casar, con la acusación que pesa sobre ella por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con la pensión vitalicia que recibió de Pemex? por motivo de la muerte de su esposo en 2004 y que presentó Octavio Romero en 2024 contra ella, siendo este director de Pemex ¿20 años después del hecho que se le imputa? ¿Es reacción a su crítica sobre las acciones de algunos funcionarios del gobierno, y por su activa participación en programas de ADN Noticias, y en sus artículos periodísticos?
Hoy la nueva Fiscalía General de la República, sus primeras acciones van contra María Amparo al judicializar el caso de su pensión y ha programado audiencia para este 16 de diciembre. Inevitable sospechar hay una criminalización contra ella usando un asunto de hace 25 años; y que en realidad se trata de un revanchismo por las irregularidades ventiladas desde MCCI contra Pemex, las obras magnánimas de López Obrador, La Barredora, el huachicol fiscal, las acusaciones contra Adán Augusto López, Arturo Ávila, etc. etc.
Imposible no observar que se trata de una persecución política y un atentado contra la libertad de expresión. Veremos.



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