- Pese a que las faltas fueron acreditadas, 48 por ciento (216) de las personas inscritas no recibió ninguna sanción
Aurora García
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 23 de enero, 2026.- El Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género acumula 496 registros desde su creación hasta el cierre de 2025, sin embargo solo en la mitad de los casos hubo una sanción.
El Registro Nacional se constituyó, en septiembre de 2020, como una lista de consulta pública que tenía la finalidad de visibilizar la cotidianeidad de la violencia política en razón de género y hacer conciencia entre la ciudadanía. Todas las personas, independientemente de si ostentan o no un cargo de poder, pueden terminar inscritas en él.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre las víctimas están 186 regidoras, 131 candidatas, 58 síndicas, 52 presidentas municipales, 28 diputadas locales, cuatro diputadas federales y cuatro gobernadoras, entre otras.
Violencia psicológica y simbólica predominan
Los tipos de violencia más recurrentes fueron la psicológica y la simbólica, por lo que la mayoría de las víctimas describió haber sido minimizada, segregada, ignorada, invisibilizada, denigrada o cosificada en publicaciones de redes sociales.
También hay múltiples casos de violencia económica, en donde las víctimas fueron privadas de sus salarios o destituidas de sus cargos, bajo el argumento de que por ser mujeres no eran capaces de realizar su trabajo.
Hay otros casos de mujeres a las que agredieron física y verbalmente, que recibieron amenazas en sus oficinas o casas y que fueron sujetas a presiones, tocamientos e insultos con tal de que abandonaran sus responsabilidades.
Existen casos de mujeres que fueron agredidas física y verbalmente, amenazadas en sus oficinas o casas y sometidas a presiones, tocamientos e insultos para que abandonaran sus responsabilidades.
“El denunciado junto con otras personas ingresaron a la oficina de la víctima. De manera violenta la sometieron para que renunciara a su cargo. Y tras lanzar una serie de insultos, la amenazaron con ánforas de gasolina y le advirtieron que podría ser agredida sexualmente”, se lee en uno de los casos.
Bajas sanciones y reincidencia en el registro
Pese a que las faltas fueron acreditadas, 48 por ciento (216) de las personas inscritas no recibió ninguna sanción, sólo 32 por ciento se hizo acreedor a una multa y 18 por ciento a una amonestación.
En este registro es posible ubicar como responsables de la violencia a presidentes municipales, regidores, periodistas, síndicos, directores de medios de comunicación, funcionarios de partido, candidatos, servidores públicos, influencers y ciudadanos de a pie; no obstante, los políticos encabezan el grupo de personas sancionadas.
En el ámbito nacional existen 11 registros y de manera local Oaxaca concentra las infracciones por violencia política de género con 147. Le siguen Veracruz, con 58; Chiapas, con 39; Tabasco, con 32 y Campeche, con 31.
Este Registro Nacional es público y se actualiza constantemente, pero no es vinculante; eso significa que aunque las personas agresoras están inscritas no están obligadas por ley a renunciar a su candidatura o no resultan impedidas para ocupar de nueva cuenta un cargo público ni son sometidas a ninguna clase de procedimiento que los orille a dejar su encargo.
En entrevista con El Sol de México, Aidee Rodríguez Serrano, quien pertenece a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada de elaborar el conteo, advierte que “si bien el registro inició como una medida de reparación integral y en su origen tenía el cometido de visibilizar la violencia, hoy en día se queda corto”, porque idealmente debería inhibir las faltas.
La líder del Proyecto de Análisis de Riesgo Psicológico reconoce que existe una demanda pública para que el registro signifique algo más que un tache en la carrera de los agresores; no obstante, el INE no puede legislar en esta materia y corresponde a las y los diputados otorgarle cierta validez al registro.
Rodríguez Serrano aboga a favor del registro, pues aunque no es vinculante, es la única herramienta que en la actualidad permite monitorear quiénes ejercen violencia política de género. “Además de que ayuda a la ciudadanía a comprobar que esta violencia está muy normalizada. Hay acciones que parecen sutiles, pero que en realidad son violencia”, dice.
Aunque se juzgan con agravantes las faltas cometidas por políticos, el hecho de que una persona llegue al registro no significa que fue sancionada, sino que simplemente la autoridad competente acreditó la violencia. Según el tipo de violencia se determinan los años que una persona debe permanecer inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
Si la falta es leve, el agresor permanece tres años; si es ordinaria, cuatro; si es especial, cinco y si es reincidente, seis. Esta medida tampoco ha logrado detener a los agresores, pues entre el total de registros 13 por ciento es reincidente.
El pasado 12 enero, el INE entregó su propuesta de reforma electoral. En el documento propone que ninguna persona violentadora llegue al poder, y en consecuencia pide legislar para que se suspendan los derechos político-electorales o las prerrogativas de las personas sentenciadas por violencia política de género, en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional.
SEM-El Sol de México/ag
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