- Funcionario del gobierno de Guerrero debe rectificar su declaración que deslegitima el trabajo de la Centro de Derechos Humanos de la Montaña
- A acompañado emblemáticos casos de violaciones graves a derechos humanos
Redacción
SemMéxico, Chilpancingo, 13 de febrero, 2026.- Tras una declaración por el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero, Omar Estrada Busto, que señala al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de reclutar a jornaleras y jornaleros agrícolas, organizaciones exhortaron a las autoridades del estado de Guerrero y al Gobierno Federal a cesar con estos señalamientos y que buscan deslegitimar el trabajo.
Más de cien organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional reconocieron públicamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y reconocer públicamente la labor de acompañamiento que realizan.
En cambio, pidieron establecer una coordinación real y sostenida con las organizaciones y comunidades, orientada a mejorar de manera estructural las condiciones de vida y trabajo de la población jornalera agrícola.
Fortalecer los sistemas de inspección laboral y de protección a personas jornaleras, con un enfoque de derechos humanos, intercultural y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
Y emitir una rectificación desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero aclarando que Tlachinollan es una organización de defensa de los derechos humanos y que de ninguna manera participa en el reclutamiento de personas jornaleras para labores agrícolas.
En una carta pública manifestaron su preocupación ante las declaraciones realizadas por el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, que son imprecisas y desvirtúan y deslegitiman el trabajo histórico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización con más de tres décadas de acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, frente al abandono institucional, la violencia estructural y la vulneración sistemática de sus derechos.
Recuerdan los casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos, como los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, y ha sostenido procesos comunitarios de defensa del territorio y de exigibilidad de derechos.
Aclaran que en ámbito de la población jornalera agrícola, la labor de Tlachinollan ha sido de acompañamiento integral y nunca de reclutamiento laboral. La organización documenta violaciones a derechos laborales y humanos, fortalece capacidades para su defensa y sostiene espacios de atención como la Unidad de Servicios Integrales (USI), también conocida como la Casa del Jornalero, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde cada año miles de familias reciben alimentos, atención médica y un lugar para pernoctar durante sus trayectos migratorios.
Junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, Tlachinollan también realiza un registro anual y único que se hace público y se comparte con instituciones, el cual aporta información clave sobre trayectorias migratorias, migración de niñas, niños y adolescentes, y el acceso a programas sociales.
En la publicación explican que la labor del Centro es resultado de la falta de atención estructural de las autoridades, pues desde hace años la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no funciona y las familias siguen migrando y aceptan los empleos que les ofrecen.
Acusan que el apoyo del gobierno del estado de Guerrero se ha limitado de manera insuficiente a la entrega de algunos proyectos productivos ocasionales en comunidades que forman parte de la población jornalera agrícola, así como a la distribución de despensas, sin que exista una política pública integral con enfoque de derechos.
Por ello, son preocupantes los intentos de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta la población jornalera mediante señalamientos infundados hacia una organización de la sociedad civil que ha acompañado históricamente a esta población y ha mostrado disposición permanente para colaborar con las autoridades.
Entre las organizaciones firmantes destacan quienes integran la Alianza Campo Just, Bloque Latinoamericano sobre Migración, Global Exchange, Impunidad Cero, Oxfam México, así como organizaciones que integran el Espacio OSC, como Article 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Instituto de Derecho Ambiental, Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Fundar, así como organizaciones defensoras de todo el país.
SEM/sj
https://www.cepal.org
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