Guadalupe Ramos Ponce
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero, 2026.-En México, la justicia en los casos de feminicidio no es una garantía institucional. No es el resultado natural de un sistema que funciona, sino una conquista arrancada a contracorriente, sostenida por la organización de las familias y el trabajo incansable de defensoras de derechos humanos. Así lo ha señalado con claridad el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) cuando hay justicia, no es gracias al Estado, sino a pesar de él.
Durante casi dos décadas, el OCNF ha acompañado a familias de víctimas de violencia feminicida en un país donde el acceso a la verdad y a la justicia sigue siendo excepcional. Fiscalías omisas, investigaciones mal integradas, prácticas sistemáticas de revictimización y un Poder Judicial que reproduce estereotipos de género forman parte del paisaje cotidiano que enfrentan quienes buscan justicia para sus hijas, madres o hermanas.
La reciente presentación de la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida no es la celebración de un sistema que aprende, sino la evidencia de uno que falla. La guía no surge porque las instituciones investiguen con debida diligencia y perspectiva de género, sino porque no lo hacen. Es, en sí misma, una respuesta política y técnica frente a la omisión estatal.
Las cifras son contundentes y dolorosas: en México se asesina a más de diez mujeres, niñas y adolescentes cada día. A ello se suma una práctica profundamente violenta: la mala clasificación de los feminicidios. Uno de cada cinco casos registrados en la última década fue catalogado como homicidio, suicidio o muerte accidental. Esta distorsión no es un error administrativo; es un mecanismo de impunidad que borra las razones de género, bloquea el acceso a la justicia y prolonga el sufrimiento de las familias.
El OCNF ha documentado patrones que se repiten en distintas entidades del país: pérdida o no levantamiento de pruebas, ausencia de peritajes con perspectiva de género, criminalización de las víctimas y exclusión deliberada de agresores cercanos como principales sospechosos. Estas no son fallas aisladas ni malas prácticas individuales. Son expresiones de un sistema de justicia que sigue sin reconocer la violencia feminicida como una violación grave a los derechos humanos.
Frente a este escenario, las defensoras han tenido que asumir tareas que corresponden al Estado: diseñar planes de investigación, proponer peritajes independientes, documentar omisiones, vigilar el actuar de fiscalías y tribunales, y evitar que los expedientes sean archivados. Las familias, además del duelo, se ven obligadas a aprender derecho penal para que los casos no mueran en el escritorio de un ministerio público.
La guía sistematiza experiencias de acompañamiento en casos emblemáticos que han logrado sentencias por feminicidio y el reconocimiento de las razones de género. Estos procesos demuestran que la justicia es posible, pero también revelan una verdad incómoda: sin acompañamiento técnico independiente y persistente, la mayoría de los casos no avanzan.
El OCNF identifica tres niveles críticos de impunidad que siguen marcando la respuesta institucional: un sistema que protege la conducta de los agresores al normalizar la violencia contra las mujeres; la falta de debida diligencia que permite investigaciones lentas, sin rigor y con pérdida de pruebas; y la revictimización constante de las familias, a quienes se responsabiliza del crimen en lugar de garantizarles derechos.
Más que una publicación, la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida es una herramienta política para el empoderamiento de las víctimas y de quienes defienden derechos humanos. Es también un recordatorio urgente de que el Estado mexicano sigue en deuda con las mujeres: garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral del daño no es una concesión, es una obligación.
Desde una mirada violeta, no podemos aceptar que la justicia sea un privilegio ni una hazaña. Mientras siga siendo una conquista lograda a pesar del Estado, la lucha contra el feminicidio seguirá siendo una tarea colectiva, incómoda y profundamente política.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora Regional de CLADEM
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
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