Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 25 de febrero 2026.- Las necesidades primordiales del país son la inversión y la seguridad, por lo que una reforma electoral que no surge de la ciudadanía es inoportuna y constituye un riesgo de profundizar la polarización y la confrontación entre los mexicanos, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana en un pronunciamiento público.
Argumentan que en las condiciones actuales del país lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país ante incertidumbre económica interna y externa y retos significativos en materia de seguridad por los hechos violentos en diversas regiones del país, la revisión de compromisos con socios comerciales, por lo que el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos y no discusiones que puedan generar mayor discusión.
Enumeraron el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico del debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y las instituciones que ha tenido el país desde la década de los noventas, cuando se construyó el sistema electoral mexicano con acuerdos públicos, amplios, incluyentes impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas a través del dialogo y la construcción de consensos.
Lo contrario pondría en riesgo los procesos de negociación como el T-MEC o el Acuerdo Global México – Unión Europea advirtieron al enfatizar que la legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad sino también de su origen, proceso y su aceptación social.
Destacan que es la primera vez que una propuesta de reforma electoral no surge del consenso ciudadano, lo que exige mayor responsabilidad y visión de largo plazo.
Reconocen que el sistema electoral es perfectible pero debe reunir cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente, que son: La autonomía de las autoridades electorales con independencia real, capacidad y estructura confiable de carácter permanente. Pluralidad legislativa, fiscalización solida y efectiva, inclusión de minorías sin barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas formas, y certeza jurídica con reglas, claras, estables y previsibles.
Consideran que la reforma electoral debe surgir como resultado de consensos ciudadanos, dialogo democrático y respeto a las instituciones.
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