Berta Cásares, a 10 años de su asesinato, camina por la justicia

• Recuerdan a la defensora un símbolo de la fuerza de los pueblos organizados y de las mujeres
• Berta inventó y reinventó los métodos de resistencia y vio en medio de esa dureza, el potencial de la resistencia indígena

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Honduras, 2 de marzo, 2026.- Al cumplirse este 3 de marzo, diez años del asesinato de la activista feminista y defensora del medio ambiente, Berta Cásares Flores, organizaciones hondureñas y de otras naciones realizaron un homenaje a la defensora en La Esperanza, Intibucá, donde su hija Bertha Zúñiga Cásares, sostuvo que la verdad sobre el crimen ha sido esclarecida por expertos internacionales y ahora solo queda el inexorable camino a la justicia.

También la Iniciativa Mesoamericana de Defensores, las redes Nacionales de Defensoras en México y en Honduras, así como Consorcio Oaxaca, que asitieron al acto, publicaron postales como recordatorio de la emblemática defensora hondureña y aseguraron que se trató de un feminicidio político, por lo que señalan que Justicia para Berta es Justicia Feminista y acompañaron al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y a la familia de Berta Cáceres al cumplirse 10 años de su siembra.

En el evento, su hija, la coordinadora de COPINH, Bertha Zúñiga Cásares, recordó a su madre señaló el informe reciente del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes, GIEI, conformado en auspicio de la Comisión Interamericana e Derechos Humanos “devela valiosas informaciones que nos remueven el corazón y nos vuelven a llenar de indignación, tristeza y rabia”.

Destacó tres hallazgos que compartió con los reunidos en La Esperanza, primero fue que un crimen previsible y prevenible, por escuchas telefónicas al militar Mariano Díaz Chávez y otras personas vinculadas con el narcotráfico y tráfico de armas, quienes conocían dos meses antes de que fuera ejecutado, por lo que habla de una responsabilidad el Estado, no sólo por ese hecho, sino porque funcionarios hondureños hicieron cobrar vida al nefasto proyecto hidroeléctrico de Aguas Zarca, la razón principal de su crimen.

En segundo lugar, el informe plantea que hay estructuras de máxima responsabilidad de una empresa, personas que tuvieron el dominio de los hechos en torno al ejercicio de la violencia del proyecto, estructuras que siguen impunes y no han sido llevadas ante la justicia.

Y el tercero es que el 3 y 4 de marzo de 2016, de hace 10 años, la empresa DESA emitió tres cheques por un valor de 500 mil lempiras (moneda hondureña) cambiados en ese tiempo, cheques con los que se pagó a los sicarios y que provenían del dinero de os bancos que se involucraron el proyecto hidroeléctrico.

Bertha Zúñiga Cásares también se refirió a las recomendaciones hechas por quienes integran el GIEI y es hacia donde debe caminar el proceso y aborda aspectos de la titularidad de la tierra de Río Blanco, para que quede en manos de la comunidad, la liquidación de la empresa DESA y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca.

Hoy nos reúne el lema “Berta diez años de esperanza”, dijo la hija de la defensora asesinada y actual coordinadora de COPINH, porque sabemos que la fuerza de su símbolo supera la demanda de justicia y es un rostro, un nombre, una palabra que recorre este planeta.

Berta simboliza la fuerza de los pueblos organizados y de las mujeres desafiando poderes imperiales en el mundo, su palabra nos convoca a una lucha amplia, sin marcos temporales y ni fronteras.

Destacó el momento actual de la humanidad donde hay “bombardeos, guerras, ataques a los pueblos, a las mujeres organizadas, genocidio, dictaduras, autoritarismo, fascismo, en tiempo de crisis y de guerra, Berta nos demuestra que es posible vencer la opresión y salir adelante”, dijo recordando su recorrido por territorios lenca y la dureza de la lucha en Río Blando frente a fuerzas militares, policiales, fuerzas privadas de seguridad, infiltraciones, un poder económico y político al servicio del despojo.

“Sin embargo, Berta inventó y reinventó los métodos de resistencia y vio en medio de esa dureza, el potencial de la resistencia indígena, su capacidad de rebeldía y nos enseñó a no ser un pueblo sumiso, sino un pueblo que lucha por sus derechos y que nadie lo hará por nosotros”.

Ella decía: “es hora, tenemos que luchar, ya que después será demasiado tarde, ahora es que tenemos que luchar, no hay que esperar para después…la resistencia debe profundizar el sentido de la justicia social”. Hoy decimos también que la verdad es irrefutable, la justicia es necesaria.

No queda ninguna duda, el crimen contra Berta se cometido bajo las órdenes del poder económico, de Jacobo, José Eduardo, Pedro y Daniel todos de apellido Atala, y complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos FMO de Holanda y el Banco Centroamericano de Integración Económica, señaló la coordinadora de COPINH.

Una tendencia en la forma de operar de las estructuras criminales

Por otra parte, la Iniciativa Mesoamericana de Defensores, las redes Nacionales de Defensoras en México y en Honduras, así como Consorcio Oaxaca con postales digitales también señalaron los resultados de las investigaciones de GIEI, auspiciados por la CIDH, quien determinó que personas vinculadas e integrantes de la familia Atala Zablah integraron una estructura criminal que asesinó a la defensora.

Este hallazgo representa una tendencia en la forma de operar de las estructuras criminales que persiguen y agreden a defensoras de tierra y territorio en Honduras y la región, dicen en su publicación.

Entre 2020 y 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registro 659 agresiones contra el COPINH y defensoras que lo integran. El Estado fue el principal perpetrador de agresiones (31 %) contra el COPINH y las comunidades lencas.

El GIEI pone de relieve cómo las violencias que enfrentó Berta reflejan la realidad que las defensoras vivimos en Abya Yala, vinculando los hechos investigados con la violencia capitalista, racista, patriarcal e institucional con la que el sector corporativo, la oligarquía y el Estado actúan para deshacerse de quienes legítimamente habitan los territorios.

SEM/sj