- Se agrava la pena cuando se utilicen armas
- Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, no prescriben
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que tipifican el hostigamiento coercitivo, cuya pena será de hasta siete años de prisión y una multa que alcanzará los 117 mil pesos, cuando una persona, a través de violencia física o moral, pretenda obligar u obligue a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.
La pena se agravará cuando se utilicen armas, instrumentos peligrosos u otro objeto con apariencia, forma o configuración de arma de fuego; cuando se utilice a personas menores de edad, y cuando la víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o embarazada.
Desde la tribuna, Alberto Pérez Urrincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que este dictamen se deriva del Pacto de la Lucha Contra la Extorsión, firmado por instituciones, sociedad civil, empresarios y otros sectores, en el cual se planteó la creación del delito de “hostigamiento coercitivo”.
“Como parte de los esfuerzos que se realizan desde la capital del país, propongo a este H. Congreso la adición de un nuevo tipo penal a la legislación de la ciudad, en el que se contemple una conducta que, aunque es cotidiana y tiene grandes afectaciones a la seguridad y la tranquilidad de las personas, no se encuadra dentro de la descripción típica que ha previsto el legislador federal para sancionar la extorsión”, señala la propuesta en su apartado “Exposición de Motivos”.
El dictamen a la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también propone tipificar como un delito el uso de la Inteligencia Artificial para la usurpación de identidad e incluye reformas para armonizar el delito de extorsión con lo mandatado en la Ley General en la materia.
“Hoy, tanto la jefa de Gobierno como diputadas y diputados de este Congreso han unido esfuerzos para poder crear esta reforma al Código Penal y que, de igual manera, se pueda combatir la violencia física o moral en la cobranza ilegal sin afectar derechos de acreedores, pero salvaguardando siempre a las y los ciudadanos de nuestra capital del país”, enfatizó.
Al razonar su voto, el diputado morenista Luis Alberto Chávez García aseveró que el Poder Legislativo local tiene la responsabilidad de salvaguardar a la población de manera integral y fortalecer el tejido social, y que ello implica combatir el uso de la tecnología para cometer delitos.
Advirtió que los criminales han adoptado herramientas tecnológicas avanzadas para generar y manipular videos; clonar la voz de sus posibles víctimas, y suplantar la identidad de las personas en tiempo real, por lo que se requiere de un marco jurídico firme. “Votar a favor de esta propuesta es mandar un mensaje contundente: el Estado mexicano está evolucionando para hacer frente a la ciberdelincuencia”.
A su vez, el legislador Manuel Talayero precisó que ese dictamen pretende alinear la política de combate a la delincuencia presentada hace unas semanas por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) al Congreso local, y que las sanciones sean realmente ejemplares. “No más llamadas desde reclusorios; no más llamadas de personas que dicen pertenecer a grupos delincuenciales. Sí más seguridad para las personas y su patrimonio”, recalcó.
En materia de hostigamiento, se establece que se impondrá de diez a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice medios ilícitos, actos de violencia física o moral, hostigamiento o intimidación, para cobrar una deuda.
También se impone agravante por motivo de reincidencia en el delito de extorsión derivado de un hecho de tránsito o “montachoques”, y se contempla la armonización con la legislación federal en la materia, con el fin de prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
No prescriben los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes
También se aprobaron dos reformas al Código Penal local; ya no prescriben los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y se castigará con mayor severidad el homicidio y el maltrato infantil.
Como un acto de justicia humanitaria, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México ya no prescribirán. Esto luego de que el Congreso capitalino aprobó, por unanimidad, reformas a los artículos 108 y 111 del Código Penal local para proteger a este sector de la población de los delitos de violación, abuso sexual y pornografía infantil.
Al fundamentar el dictamen, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana señaló que las modificaciones responden a una deuda histórica con la niñez y las adolescencias de la capital del país, pero sobre todo a una urgencia de justicia humanitaria para este sector de la población. Dio a conocer que en México se registran casi diez mil casos anuales de abuso sexual infantil. “Sin embargo, sabemos que esta cifra es sólo la punta del iceberg. Miles de víctimas callan por miedo, vergüenza o manipulación de sus agresores”, lamentó.
Explicó “¿Cómo podemos aceptar que un violador quede libre sólo porque su víctima, entonces una niña, tardó 20 años en romper el silencio?”, subrayó la legisladora panista.
Aseveró que, con la aprobación de este dictamen, el Congreso capitalino envía un mensaje contundente a la sociedad y a quienes cometen delitos sexuales en contra de las niñas, los niños y adolescentes.
“No habrá refugio en el tiempo para quien violente a una niña, a un niño o a un adolescente. Las heridas del abuso no caducan en el alma de una víctima. Por tanto, la capacidad del Estado para perseguir y castigar este delito tampoco debe caducar”, sentenció.
De 40 a 70 años de cárcel a quien cometa homicidio infantil
Las y los legisladores capitalinos aprobaronpor unanimidad, un dictamen para reformar el Código Penal capitalino, con la finalidad de castigar con mayor severidad el homicidio y el maltrato infantil.
En la Sesión Ordinaria del miércoles, el diputado Israel Moreno Rivera a nombre de la Comisión de Administración y Procuración Justicia, resaltó la importancia de fortalecer el marco jurídico para sancionar con mayor rigor este tipo de delitos.
Destacó que dos mil 478 niñas, niños y adolescentes fueron privados de la vida en México durante 2024, mientras que en la capital del país los homicidios de menores pasaron de 51 en 2023, a 64 hace dos años, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. “Cada cifra representa una historia interrumpida, una familia destrozada, una infancia marcada por el abuso, la violencia y la tortura. En el peor de los escenarios, la privación de la vida de nuestras niñas y niños”.
De acuerdo con el dictamen, el Artículo 123 quedaría de la siguiente manera: “Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a 20 años de prisión. La pena de este artículo se agravará hasta lo previsto por el Artículo 125 del presente ordenamiento cuando la víctima sea niña o niño menor de 12 años o persona menor de 18 años”.
En el caso del Artículo 129 TER determina que: “Comete el delito de homicidio infantil quien prive de la vida a una persona menor de 18 años. A quien cometa esta conducta se impondrá una pena de 40 a 70 años de prisión y de dos mil a cinco mil días multa”.
SEM/em/sj



https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
