- Expresidente municipal de San Juan Mazatlán y esposa son señalados culpables de suplantación de persona y falsificación de documentos
- Pijy continuará la lucha contra su violador
SemMéxico, Oaxaca, 29 de mayo, 2026.- El defensor Joaquín Galván José llamó al Congreso local y a la Cámara de Diputados federal a legislar en materia procesal para establecer mecanismo que eviten la suplantación de personas y rompa la burocracia institucional en la Consejería Jurídica.
Se refirió específicamente al “Pijy”, mujer ayuujk quien tuvo que añadir cuatro años a su proceso por la justicia, con lo que suman ya 13, primero al denunciar la violación sexual cometida en su contra cuando tenía 15 años, su agresor Plácido N (presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe) y su esposa incurrieron en el delito de suplantación su identidad para en una audiencia desistirse de la denuncia.
Pijy denunció la suplantación, por lo que en el juzgado penal de Matías Romero declaró culpable a su presunto violador y su pareja Karla N. por los delitos de uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones. Este 28 de mayo fueron declarados culpables, la lectura de sentencia será este próximo 4 de junio., sin embargo, estas penas deberían ser robustecidas.
Joaquín Galván José considera que la relevancia se encuentra en que una vez que se realice la etapa de ejecución, Plácido N, de tendrá que ser procesado por el delito de violación que cometió en el año 2013 contra la víctima Pijy.
Es por ello, que el defensor consideró que los y las legisladoras deben cerrar cualquier espacio que permita actos de impunidad, para ello propuso que en materia procesal se identifique y ratifique la identidad tanto de las víctimas como de las personas imputadas.
También, añadió, se deben revisar los posibles actos de corrupción y complicidad por parte de las personas juzgadoras y de agentes de Ministerio Público, “porque hasta ahora en el caso de Pijy, quien denunció la suplantación, nadie ha sido sancionado”.
Recordó que entonces la víctima interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organismo que se declaró incompetente en este caso.
En opinión de Galván José el proceso se simplificaría a través de la colaboración de la Defensoría, para reducir la burocracia, habría una intervención más eficaz y se rompería el esquema burocrático de la Consejería Jurídica, de otro modo se seguirán rebasando los actos arbitrarios de las personas juzgadoras.
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