Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro,Qro., 1º. de junio, 2026.-En los últimos meses, el gobierno mexicano ha adoptado una narrativa centrada en la soberanía nacional y la no intervención extranjera. Este discurso es utilizado como un escudo político ante las crecientes críticas de la comunidad internacional por los niveles de violencia, la expansión de los cárteles y la infiltración del crimen organizado en el poder público. Sin embargo, esta postura evade una interrogante fundamental: la amenaza más grave a la soberanía ya no proviene del exterior, sino del propio territorio nacional.
La situación actual del país supera el concepto de una simple crisis de inseguridad pública. La magnitud de la violencia, el control territorial de las organizaciones criminales, su capacidad operativa y la progresiva militarización configuran un escenario que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), exige discutir la existencia de un conflicto armado no internacional.
En diversas regiones de México, el Estado ha perdido de forma parcial o total el monopolio de la fuerza. Esto ha derivado en una crisis de gobernabilidad visible en tres dimensiones:
- Captura institucional: Los grupos criminales influyen directamente en los gobiernos municipales y estatales.
- Deterioro de la seguridad: El enorme poder económico y militar de los cárteles sobrepasa las capacidades locales.
- Violencia sistemática: La población civil sufre de forma constante asesinatos, desapariciones, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento.
Criterios jurídicos del conflicto armado no internacional
La distinción entre una situación de delincuencia y un conflicto armado no es un asunto semántico, sino una precisión jurídica con profundas consecuencias legales. Mientras que las guerras entre naciones son conflictos internacionales, los enfrentamientos internos entre el gobierno y grupos organizados (o entre los mismos grupos) se clasifican como conflictos armados no internacionales. Para que el Derecho Internacional reconozca esta condición, se deben cumplir tres requisitos, los cuales México reúne plenamente:
- Intensidad de la violencia: El volumen de homicidios, enfrentamientos y desplazamientos en el país supera los estándares internacionales de la delincuencia común. Los cárteles utilizan tácticas y armamento de alto poder militar, tales como vehículos blindados, drones con explosivos y minas antipersona en zonas rurales. Esto afecta gravemente a comunidades en estados como Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Colima y Guanajuato.
- Estructura y capacidad organizativa: Los grupos en pugna poseen estructuras de mando verticales, capacidad operativa avanzada y recursos financieros que les permiten sostener enfrentamientos prolongados.
- Control territorial: Las organizaciones criminales ejercen un dominio real en múltiples regiones, donde actúan como un gobierno paralelo. Imponen impuestos ilegales, regulan el comercio, controlan la movilidad ciudadana e interfieren en los procesos electorales, dejando la autoridad del Estado reducida a simulación.
Militarización y la falsa defensa de la soberanía
La respuesta del Estado mexicano ha sido la militarización permanente y sin precedentes del país. A través de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad pública, además de la administración de aduanas, aeropuertos, carreteras y proyectos de infraestructura. Esta concentración de funciones ha incrementado el poder político y económico del ejército, pero no ha logrado contener la violencia. Por el contrario, la parálisis persiste y se suman denuncias por violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y presuntos nexos entre militares y criminales.
Por otro lado, el argumento oficial que señala que reconocer el conflicto armado abriría la puerta a la intervención extranjera es completamente erróneo. La soberanía no es solo repeler injerencias, sino garantizar los derechos fundamentales y la justicia dentro del territorio. Al haber firmado tratados internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, México tiene obligaciones jurídicas vigentes que no se pueden suspender con discursos nacionalistas. Negar los hechos no disuelve la responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales.
La importancia y el costo político del reconocimiento
Llamar al problema por su nombre técnico y legal posee implicaciones de gran trascendencia. En primer lugar, activar el marco del conflicto armado no internacional fortalecería la supervisión internacional sobre las acciones tanto de las autoridades como de las facciones armadas. En segundo lugar, permitiría catalogar e investigar ciertas atrocidades bajo la tipificación de crímenes de guerra, lo cual conlleva una gravedad y una sanción internacional considerablemente mayores que las violaciones ordinarias a los derechos humanos.
No obstante, el impacto más crucial de este reconocimiento sería humanitario: dar visibilidad, identidad y justicia a las víctimas directas, entre ellas los desaparecidos, los periodistas asesinados, los desplazados y los jóvenes reclutados.
El motivo por el cual el gobierno se niega a admitir esta realidad es estrictamente político. Aceptar la existencia de un conflicto interno significaría reconocer públicamente el fracaso de la estrategia de seguridad nacional y la pérdida del control territorial en vastas zonas del país.
A pesar de la narrativa gubernamental, la violencia y el sufrimiento de la población civil no desaparecen mediante decretos o cambios de lenguaje. La soberanía nacional no se vulnera cuando la comunidad internacional observa el conflicto, sino cuando el Estado cede el control de su territorio a las armas de la delincuencia. Afrontar y nombrar este escenario no es un error político, sino una ineludible obligación moral, jurídica e histórica.
Enlaces de interés.
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