Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 22 de junio, 2026.- Una nueva ola de confrontación y competencia política entre mujeres ha comenzado. Las campañas anticipadas para 2027, fuera de la ley, sin reglas claras ni sanciones, anuncian un momento de quiebre para la solidaridad, los acuerdos, la agenda feminista, la igualdad sustantiva y la paridad.
Me dirán que esta anticipación electoral promovida por Morena, a la que se sumaron sin recato los partidos de oposición, permitirá hacer visibles a los liderazgos femeninos en todo el país; que los partidos están cuidando la paridad constitucional, que abren oportunidades a todas para difundir sus perfiles y propuestas. Lo cierto es que las posibles ya han sido designadas.
En la disputa por los más de 4 mil puestos no se consideró el prolongado desgaste para las aspirantes, exponiéndolas a la profundización de la violencia política de género, a competir con recursos limitados o inexistentes, obligadas a depender de personas, grupos o financiamientos oscuros, bajo sospecha de designaciones opacas, aun dentro de su partido. Las militantes reales se quedan atrás.
Encima, están expuestas a descalificaciones, sin herramientas para la queja o la denuncia. Algunas, francamente cómplices de la simulación partidista, enfrentadas internamente, como es el caso de Guerrero: unas y otras buscando apoyo de un cacique impresentable, con el que se retratan o aparecen en convivencias “muy amables”; en otras entidades están en campaña mientras tienen puestos y recursos del Estado, como en Michoacán; otras, excluidas de antemano.
Esta “informalidad”, no sólo para las mujeres, elimina a quienes legítimamente han trabajado por años, militando ahora de facto frustradas. Las designaciones desde el poder eliminan la competencia democrática y deforman agendas largamente construidas; la imposición suple a la confrontación de ideas y programas en la lucha democrática y de género.
La figura de Coordinaciones de Defensa de la 4T y mecanismos semejantes en la oposición permiten que los partidos eludan la fiscalización legal del INE sobre las precampañas, dejando a las mujeres en manos de decisiones cupulares, porque esas encuestas partidarias no están reglamentadas y, por tanto, no se exige transparencia ni en recursos ni en procesos democráticos. Las bases reciben consignas sin chistar.
Muchas ya compiten, hacen propaganda, reuniones y asambleas sin árbitro; promueven espacios en los medios de comunicación sin equidad y movilizan apoyos políticos, supongo, organizados por los hombres. Mientras se anulan las previsiones legales construidas entre feministas y consejeras del INE para que las mujeres, en igualdad, aporten a la democracia y no al revés.
Este proceso “informal” de campañas anticipadas no sólo transformó el calendario electoral formal, sino que empaña años de lucha para evitar que los poderes manipulen las campañas y después los desempeños institucionales en los puestos de poder legítimamente conseguidos en los procesos electorales y las elecciones. Las “favorecidas” ya acuerdan con grupos de interés, caciquiles o hasta, puede pensarse, con el crimen. Abandonaron sus tareas legislativas o institucionales.
Esta etapa favorece “campañas de lodo” y concentración del poder. Sólo hay que recordar que el pasado reciente permitió que la Presidencia de la República definiera quiénes y cómo tomaran las gubernaturas, sin procesos democráticos internos, posicionando a sus “allegadas” mucho antes de los tiempos legales.
Lo más grave es el vacío jurídico-legal de las normas del INE, argumentando que Morena “los tomó por sorpresa”.
Mientras, ya 45 morenitas están listas para competir por las coordinaciones partidistas que buscan las 17 gubernaturas, y 58 que ya alzaron la mano en otros partidos. O sea, sin orden ni ley, lo que viene dará de qué hablar. Veremos.
Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe, Semlac.
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