* No debe ser solo punitiva sino debe «crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención».
* Solicitamos un instrumento que permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género
Redacción
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 25 noviembre 2019.- Unas 340 personas habían dado su apoyo hasta la noche del 24 de noviembre a una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de género en Cuba que, desde el pasado 21 de noviembre, hicieron llegar 40 cubanas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano con potestad constituyente y legislativa en la nación caribeña.
La iniciativa, difundida la pasada semana por correos electrónicos e Internet, desde la página en Facebook Yo sí te creo en Cuba, pide «que se incluya en el cronograma legislativo (previsto para entregar hasta abril de 2020) un proyecto de Ley Integral Contra la Violencia de Género».
La solicitud está dirigida al presidente de la Asamblea, Esteban Lazo; su vicepresidenta Ana María Mari Machado; el secretario del Parlamento, Homero Acosta y Arelys Santana, quien preside la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer.
La carta abunda en que la mencionada ley integral no debe ser solo punitiva y sancionar los delitos, sino que debe de «crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención».
Aboga para que eduque a la ciudadanía en una vida sin violencia de género, garantice el acceso a la justicia, preserve las vidas de las mujeres, considere la necesidad de la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas, y construya programas de concientización para las mujeres, los agresores, las instituciones y la sociedad en su conjunto.
«Lo que solicitamos no es una norma fragmentada, sectorial ni focalizada, sino un instrumento que, en su integralidad, permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género y ampare, regule y estimule el diseño de políticas públicas en ese sentido», afirma la misiva que han suscrito activistas y profesionales de diversas disciplinas y sectores.
La solicitud alega que Cuba cuenta con personas, instituciones e historia para dar ese paso y contar con instrumento indispensable para el diseño de políticas públicas que intervengan en los procesos de producción y reproducción de la violencia, identifique sus causas, reconozca la diversidad de víctimas (incluidas niñas, adolescentes, personas trans y con identidades no binarias), permita acompañarlas y disminuir progresivamente su número.
Explica, además, que la necesidad de una ley específica sobre violencia de género ha comenzado a integrarse al debate desde 1999 desde las voces de activistas, juristas, investigadoras y académicas, y cuenta ahora con más sustento en la nueva Constitución aprobada en febrero de este año.
La Carta Magna señala el deber de Estado de proteger a las mujeres de «la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios» y crear «los mecanismos institucionales y legales para ello».
Pese al trabajo que se ha hecho, la violencia de género se reproduce y es notable, indica la misiva y cita datos de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género.
Aunque 51,9 por ciento de la población encuestada considera que la violencia contra la mujer es poca, 26,6 por ciento de las mujeres han sido víctima de violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos a la encuesta y 39,6 por ciento ha sufrido violencia en algún otro momento de su vida.
Esa investigación reveló también que la búsqueda de ayuda institucional no es una práctica recurrente en las víctimas, quienes carecen de redes de apoyo e información para buscar asistencia.
En tanto, la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 adolescentes y mujeres a partir de los 15 años de edad en 2016, para un promedio de una muerte por semana, de acuerdo con las primeras cifras oficiales de este tipo divulgadas en el Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030.
Sin embargo, el Código Penal cubano no reconoce la violencia de género como un crimen específico y tampoco los femicidios, insiste la misiva.
A la par, testimonios y evidencias reportadas por investigaciones cualitativas y medios de comunicación muestran diversas barreras en la atención de estos casos desde la gestión policial y judicial, desamparo institucional, inexistencia de refugios y de espacios seguros para las mujeres denunciantes, señala la solicitud.
También alude a la persistencia de estereotipos que dificultan la búsqueda de apoyo en casos de violencia, así como la inexistencia de normas sociales que reconozcan la diversidad de escenarios y formatos en los que se expresa la violencia de género.
SEM-SEMlac
