Redacción
SemMéxico. Cd .de México a 25 de febrero de 2020. El 21 de noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La decisión vino no solo después de dos años de lucha, por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y Justicia Pro Persona, A.C., por activar este mecanismo a nivel federal, sino después de meses de movilizaciones sociales de mujeres y activistas feministas que denunciaron las distintas violencias machistas que afectan a las mujeres y las niñas en la Ciudad.
A cuatro meses de la declaratoria, y frente a los recientes feminicidios de Abril, Ingrid, Fátima y Jocelyn, las académicas y organizaciones feministas que integran el grupo de seguimiento a la alerta reconocen la necesidad de atender los actos y omisiones que dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de nuestros derechos y, en específico, nuestro acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. En particular, expresan su preocupación por las reiteradas filtraciones de datos e información confidencial que atentan contra la dignidad de las personas, revictimizan a las víctimas y sus familias, y perjudican tanto la investigación como el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas.
“Por lo anterior, exigimos que el gobierno de la Ciudad de México brinde respuestas que estén a la altura de la gravedad de la situación. A la fecha, el grupo de seguimiento no cuenta con las metas e indicadores respecto a las medidas contempladas en el decreto de Declaratoria. Tampoco se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida, a pesar de existir una clara necesidad de implementar acciones inmediatas que pongan fin a la violencia institucional”.
En un comunicado señalan que, si bien las alertas no son un objetivo en sí mismo, y su existencia no acaba automáticamente con la violencia, consideramos urgente que se tomen en cuenta los siguientes puntos para evitar se queden en un acto simbólico:
Es urgente diseñar e implementar estrategias que busquen fortalecer las capacidades en materia de procuración y administración de justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Se debe asegurar la reparación integral del daño infligido a las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida incluyendo su derecho a la verdad y justicia, a la indemnización, a las garantías de no repetición y al reconocimiento y disculpa pública del Estado mexicano por no respetar y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Es preciso que se diseñen estrategias multidisciplinarias, integrales e interseccionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, que incluyan protocolos de actuación y mecanismos claros y eficientes de coordinación interinstitucional de las autoridades con facultades y atribuciones para implementar este tipo de políticas.
Reconocer en la ley la existencia de las violencias no basta, se debe dotar a las instituciones de las estructuras, capacidad, recursos y condiciones necesarias para que cumplan con su papel de garantes.
Los mecanismos de seguimiento son cruciales: anunciar que se tomarán medidas no es suficiente, se tiene que garantizar que existan metodologías de seguimiento y evaluación, así como la posibilidad de corregir el rumbo a partir de los resultados obtenidos.
Es crucial que se rinda cuentas a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular sobre las acciones emprendidas, los avances, retos y los resultados esperados y alcanzados.
El grupo de seguimiento se debe vincular y relacionar con otros esfuerzos, mecanismos, espacios e instrumentos de política pública del gobierno de la Ciudad de México relacionados con la prevención, atención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
Es necesario crear y fortalecer espacios de participación ciudadana y los mecanismos ordinarios para el diseño, implementación y evaluación de la política pública como es la Coordinación Interinstitucional y los Comités de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
“La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una oportunidad para impulsar políticas integrales, estructurales, transparentes e incluso replicables, tanto para cambiar el rumbo tradicional de la política pública y atender las carencias institucionales del Estado, como para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y su acceso a la justicia”.
Firman las integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (Aleida Hernández Cervantes, Alejandra Rios-Cazares, Emanuela Borzacchiello Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., Equis: Justicia para las Mujeres A.C. , Frente para la Sororidad, Justicia Pro Persona, A.C., Las del Aquelarre Feminista, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio)
SEM/GR
https://www.cepal.org
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