* La iniciativa presentada por Morena y busca evitar que el MP otorgue “la autorización”
* Votar en contra condenaría a las niñas y adolescentes a mutilar sus proyectos de vida
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 12 de marzo 2020.- La fracción parlamentaria de Morena presentó la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero y eliminar la autorización del Ministerio Publico para que una víctima de violación pueda interrumpir el embarazo.
Luego de que la semana pasada fue sacada de la orden del día, esta semana fue presentada la iniciativa por la diputada Blanca Celene Armenta Piza, en la que se propone reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.
Ante unas galerías llenas, por un lado los grupos de Provida y por el otro, organizaciones de feministas, los primeros en contra y las segundas a favor de la reforma, la legisladora aclaró “estamos a favor de la vida y no de la muerte, soy mujer católica, creo en el estado laido, soy simple vocera de aquellas niñas mujeres y adolescentes a las que se les ha negado ser escuchadas, aquellas que han vivido y sufrido las consecuencias, no solo de una cruel violación sexual, sino también las consecuencias de un embarazo forzado y a la condena de parir una niña o niño no deseado”.
Negar a la víctima de una relación el acceso a los servicios de salud para la interrupción de un embarazo forzado, producto de una violación, no puede verse como una disyuntiva jurídica para este Congreso, se trata indicó, de garantizar un derecho humano que no puede pasar por el tamiz de las creencias personales de los legisladores.
La morenista dijo las y los legisladores no están en el Congreso para representar a la iglesia, ni a un partido político, “estamos aquí para construir el marco jurídico que proteja el interés general, el interés superior de las niñas y adolescentes, por encima de creencias religiosas”.
Votar en contra de esta propuesta adelantó, Armenta Piza, condenaría a las niñas y adolescentes a mutilar sus proyectos de vida.
En México cada año, 11 mil niñas se convierten en madres, 34 cada día, embrazadas en hechos de violencia sexual ocurridos principalmente en el seno de la familia. Guerrero, es uno de los estados en los que prevalece un alto índice de fecundación de 10 a 14 años, dijo la legisladora.
Advirtió que de no llevar a cabo esta reforma, se declarará una segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, que se sumaría a la declarada en el 2017, por violencia feminicida, advirtió.
La morenista, reclamó a los diputados de las comisiones de Salud, Justicia y para la Igualdad de Género, a quienes les correspondería dictaminar esta propuesta, en respuesta a las recomendaciones hechas por la CONAVIM al Poder Legislativo y no lo hicieron.
Puntualizó, que aprobar la interrupción del embarazo en víctimas de violencia sexual no es un delito, es un precepto establecido en leyes internacionales, “lo único que se pretende es eliminar cualquier condicionamiento para hacer efectivas las decisiones personales, libres e informadas, no se trata de imponer nada, sino de ofrecer una opción para quienes han sido víctima de la violencia sexual.
El diputado Adalid Pérez Galeana aclaró que no habría suscrito dicha propuesta y pidió retirarán su nombre del documento. La iniciativa fue firmada por los morenistas Arturo Mrtinez Nuñez, Marco Antonio Cabada Arias, Luis Enrique Ríos Saucedo, J. Jesús Villanueva Vega, Aristóteles Tito Arroyo, Mariana Itallitzin García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez y Moisés Reyes Sandoval. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.
SEM/jap/sj
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