Medidas de urgencia sin perspectiva de género
Yaneth Tamayo Ávalos
SemMéxico. 6 de mayo de 2020.- Es imposible dejar de hablar sobre los impactos que ha generado la pandemia causante del COVID-19 y más por las implicaciones diferenciadas que existe entre la población, lo cual ha evidenciado la limitada respuesta por parte del Estado para hacer frente a las demandas sociales y a una crisis mundial.
Situación que ha propiciado que se emitan medidas de emergencia para contener no solo la propagación del virus, sino para mitigar las consecuencias sociales y económicas que devienen de un aislamiento y paro de actividades que, aunque son necesarias no dejan de afectar a ciertos grupos susceptibles de ser vulnerados.
Siendo el grupo femenino e infantil el más afectado, en donde su capacidad de supervivencia se ha visto afectada por la dificultad que encuentran para acceder a la seguridad alimentaria; a los servicios y atención de salud no propios del virus y a la protección de la justicia.
Sobre esto ONU-MUJERES ha informado que, la reducción de actividades económicas que son generadoras de empleo femenino como el trabajo doméstico y el trabajo informal, ha colocado en peligro y de forma inmediata a las mujeres y sus dependientes económicos, quienes en su mayoría son infantes.
Ya que, ante la falta de dinero para subsistir, aunado al cierre de comedores comunitarios y escolares que les permita alimentar a sus hijas e hijos, ha ocasionado que se incremente la violencia por razón de género y la explotación sexual de mujeres y niñas con fines comerciales, esto como una forma de afrontamiento a la crisis.
Pero, además sus datos indican que, en algunos casos y derivado de los esfuerzos de contención a la emergencia sanitaria, se han desviado recursos de los servicios de salud ordinarios, exacerbando la falta de acceso a dichos servicios, incluyendo la atención prenatal, reproductiva y sexual.
Sin embargo, esta situación no ha sido tomada en cuenta en la planeación de algunas medidas de emergencia, pues la falta de perspectiva de género en documentos emitidos por el Gobierno Federal resulta ser ausente.
Basta con leer el decreto emitido por el Gobierno Federal, en donde hace unos días se estableció una serie de medidas de austeridad aplicables a la emergencia sanitaria; no obstante, tal decreto pareciera que se emitió en una charla cafetera en donde la lluvia de ideas sacadas de la manga, se transformó en un decreto.
Si bien, en tal documento se enuncian algunos programas sociales como las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad; así como el apoyo al bienestar de niñas y niños entre otros, este se encuentra más enfocado a cumplir objetivos personales.
Pero, además se encuentra desprovisto no solo de perspectiva de género, sino de sustento jurídico y de un análisis de fondo con la cual al menos la ciudadanía comprenda lo que tratan de hacer o justificar; la falta de estructura y la redacción tan llana deja ver una idea necia redactada en un memorándum al cual, si bien le otorgaron valor de decreto, al final no tiene fuerza legal para ser ejecutado.
En momentos de crisis, se deben dejar de lado los instrumentos improvisados y a modo, ya que existe una emergencia en la cual es necesario que se reconozca el impacto real que ha ocasionado el COVID-19.
Pero sobre todo que, se visibilicen los derechos desde un enfoque de perspectiva de género e interseccionalidad que, asegure una respuesta que garantice los derechos de todos, en especial de las mujeres, adolescentes, niñas y niños que son los que se encuentran en más peligro.
Por ello, organismos internacionales como ONU-MUJERES han recomendado que los Estados emitan datos desagregados por sexo y se analicen con perspectiva de género, para que estén en la posibilidad de medir el impacto económico y la carga de cuidados diferenciados; esto para detectar barreras de acceso para las mujeres, e incidencia de violencia doméstica y sexual.
Lo anterior con el fin de asegurar una respuesta efectiva y suficiente que garantice las necesidades inmediatas de las mujeres, adolescentes y niñas.
Para ello es importante que se impulsen consultas directas con las organizaciones de mujeres, ya que son ellas quienes en particular conocen las necesidades de casi todas. Sus opiniones, contribuciones y propuestas deben ser incorporadas en la respuesta para enfrentar la pandemia.
Además, es importante que el Estado se asegure de que los mensajes que se emiten para sobrellevar la contingencia lleguen a las mujeres en su diversidad y por ende aborden las necesidades de estas en sus diferentes roles; para ello es necesario que desde un enfoque multicultural se contemple a las mujeres de pueblos originarios y de comunidades lejanas, de tal forma que, todas las mujeres y niñas puedan acceder a estrategias de prevención y respuesta.
Por último, es de vital importancia que el Estado al momento de implementar estrategias o medidas que mitiguen el impacto, desde un enfoque de perspectiva de género e interseccionalidad den prioridad a servicios básicos esenciales, incluidos servicios sociales, de alimentación y de salud.
Pero, además, se deben asegurar de brindar respuesta inmediata y continua a las situaciones de violencia, de tal forma que el riesgo que puedan enfrentar las mujeres y sus infantes sea mínimo.
Tener en cuenta las necesidades diferentes de la población permitirá establecer medidas justas que contribuyan a garantizar derechos y una recuperación equitativa.
