Desde la Mano Izquierda
Claudia Almaguer
SemMéxico, San Luis Potosí, SLP, 25 de enero, 2020.- Recientemente, el film denominado “Fragmentos de una mujer” ha vuelto a poner de relieve la travesía o física y psicológica que recorremos las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, un camino sumamente difícil resumido por el diccionario en términos como la preñez: dicho de una mujer, de una hembra de cualquier especie que ha concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre.
Veamos algo, el embarazo dura 266 días aproximadamente, agranda el útero y las mamas, puede producir afectaciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia y síntomas delicados como convulsiones, temblores, hinchazón, infecciones, cefaleas, náuseas, mareos, trastornos visuales o hemorragias. Así mismo implica un trabajo extra para órganos como el corazón y profundos cambios hormonales que preparan el nacimiento. Es decir, tan relevante y transformador y peligroso y complejo es, que debería decidirse libremente siempre.
Aprovecho el contexto de esa película, porque a diferencia del resto no presenta el parto bajo las formas tradicionales, es decir no estamos en el escenario cursi de toda la vida, sino en un proceso biológico vivido en los cuerpos de las mujeres, allí donde el cuello del útero se dilata a lo largo de horas o días, entre contracciones y circunstancias que no siempre terminan con el nacimiento feliz de un ser humano nuevo.
Además, implica a según qué privilegios, no es lo mismo lo visto en la película, finalmente una mujer en un país de primer mundo donde la pérdida de un hijo se reconoce en toda su extensión emocional, a la realidad padecida por los contextos de pobreza y desigualdad de las mujeres en países de ingresos bajos y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud dan con 2,4 millones de muertes de recién nacidos y de 830 mujeres diariamente derivadas de complicaciones evitables.
Lo repetimos todas las veces necesarias, la gestación se produce en el cuerpo de las mujeres y sin embargo sigue siendo un acto definido, castigado, expropiado y vendido por otros, donde lo más importante es evitar a toda costa que seamos nosotras quienes tomemos las decisiones, aunque las consecuencias nos atraviesen.
Usemos a México de ejemplo, cuando la decisión es no continuar con un embarazo, la posibilidad de hacerlo de manera segura se ve obstaculizada por la criminalización del aborto, penado en todo el país con excepción de Ciudad de México y Oaxaca, un contexto jurídico que conduce no a su evitación sino a su invisibilidad. De acuerdo a las últimas observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, miles de mujeres y niñas se someten a abortos peligrosos en condiciones clandestinas que pueden conducir a riesgos de salud irreversibles y a la muerte.
Ahora bien, si la decisión es llevar a término la gestación, los derechos humanos en este ámbito incluyen el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, a recibir un trato digno y no ser sometida a discriminación, a ninguna forma de violencia o trato degradante, ni estereotipos, ni actos sin consentimiento como la aplicación de métodos anticonceptivos o la esterilización forzada.
Nuevamente encontraremos una realidad distinta, la aplicación de procedimientos innecesarios y contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como la cesárea, realizada en 45 de cada 100 nacimientos en México, la episiotomía usada en un 30% además de prácticas y conductas abiertamente violentas como las descritas en el Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicieron mujeres indígenas de Guerrero sobre comentarios ofensivos y falta de conocimiento de su cultura tradicional:
“Las mujeres del nivel socioeconómico más bajo han relatado haber sido humilladas por los trabajadores sanitarios debido a su pobreza o su incapacidad para leer o escribir, por vivir en zonas rurales o barrios marginales o por estar sucias o desaliñadas.”
Además, la salud materna ni siquiera está garantizada, en cifras, para el año 2019 se produjeron 695 defunciones de mujeres en el país por causas como hemorragias, enfermedad hipertensiva, aborto, complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, con una Razón de Mortalidad Materna superior a la nacional en Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Tabasco, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Tlaxcala, Durango y Guerrero.
Para 2020 ha ido a peor, el número incrementó a 934 muertes causadas principalmente por Covid-19 confirmado o probable, por enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como por “enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo”, con una Razón de Mortalidad Materna superior a la nacional en: Morelos, Tlaxcala, Sonora, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, y Quintana Roo. Es decir, la emergencia del coronavirus arrasó con el acceso de calidad a los servicios de salud para las mujeres al momento de pretender un embarazo y un parto seguro.
Y se pregunta una, con semejantes pendientes, cuando no hay autonomía reproductiva reconocida, ni derecho a decidir, ni muchas posibilidades de acceder una vida libre de violencia ni siquiera en este momento de la vida o al menos unas condiciones básicas de buen trato, de garantía de la salud para las mujeres y sus hijos, como derechos humanos; ¿Qué le pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo que acaban de denunciar los colectivos feministas de Tabasco hace un par de días?
Es decir, ¿En qué momento pasamos de la inexistencia de unas garantías mínimas para las mujeres cuando son madres, al asunto 129/2019 donde el acto reclamado son unas disposiciones del código civil de esa entidad que prohíben a extranjeros acceder a procedimientos de maternidad subrogada?
¿Desde cuándo en un país como este, con tantas deudas con los derechos de las mujeres, lo importante es determinar para empresas de reproducción asistida y personas extranjeras si las normas jurídicas de ese estado no les discriminan a ellos derechos fundamentales como la libertad de trabajo, igualdad y no discriminación?
El reclamo emitido por los colectivos feministas tabasqueños, que usted puede ver aquí https://twitter.com/CATWLACDIR/status/1352062128862224384 denuncia el proyecto que iba a presentarse el pasado 20 de enero por parte del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo donde se describía como discriminatorio impedirle a un extranjero comprar un “medio biológico de gestación”.
Ya íbamos mal con el antecedente del amparo 553/2018 al abordar el tema del derecho de las parejas del mismo sexo para acudir a técnicas de reproducción asistida, muy aplaudido en su momento por organizaciones de la sociedad civil que no se detuvieron a pensar: cuando se trata de acceder al cuerpo de las mujeres como “vientres de alquiler” el Derecho es vicioso en ahí sí reconocer el “libre desarrollo de la personalidad” y que en el ejercicio de un presunto derecho a formar una familia nadie debería suprimir la dignidad de mujeres vulnerables.
Si esta práctica en donde la gestación acaba siendo un negocio y el cuerpo de las mujeres parte de una técnica más de reproducción asistida, fuese realmente entre iguales, las parejas de extranjeros que vienen a pagar a México, lo harían en sus países con mujeres que no tuvieran ningún tipo de necesidad económica y que contaran con la formación y la información suficiente para saber las dimensiones físicas y psicológicas de su decisión “altruista”, pero no lo hacen porque ahí no se les permite, por eso feministas como Ana Trejo Pulido de la organización “Stop Vientres de Alquiler” denuncian la existencia de mercados en territorios como Europa del Este y lugares sin regulación legal justo como África y Latinoamérica.
Sintetizando incoherencias resulta que no hay acceso para cuando no se quiere continuar un embarazo y difícil será de todos modos cuando sí se quiera, siendo mujer y mexicana, pero en el país de lo absurdo, la búsqueda jurídica da más garantías para rentar el vientre que para tener descendencia propia, no para nosotras sino para quien lo compre o quien guste armarse una oficina ofreciendo nuestro útero como su producto Premium. Lo dicho, nunca se ha tratado de nuestros derechos. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Alnagzur
