Mirada Violeta
Lupita Ramos Ponce
SemMéxico. 10 de febrero 2021.- Diversas organizaciones feministas hacen un llamado ante las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de una trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco y exigen que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional de diversos funcionarios, obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones a sus derechos humanos cometidas.
Los señalamientos van dirigidos en contra del presidente Municipal Sergio Quezada Mendoza y el director de Padrón y licencias Municipal Efraín Martínez Iñiguez y en contra de todas y todos los funcionarios que con sus acciones y omisiones han permitido la reiterada violencia institucional y ejercicio de violencia sexual en contra de la trabajadora que desde marzo de 2020 presentó las denuncias correspondientes en contra del hostigador sexual Efraín Martínez en la Unidad de Investigación de delitos contra las mujeres, el órgano interno de control en Tototlán y en diversas instituciones sin que ninguna hiciese eco de su denuncia y procediera en consecuencia para sancionar al agresor. El colmo de la violencia institucional es la manera en que el presidente del municipio, Sergio Quezada, intenta “mediar” el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo él mismo, diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora.
Sin duda este caso muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. La presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martínez en la administración pública, es un peligro y un riesgo para las niñas y las mujeres, no solo del Ayuntamiento, sino, especialmente de la comunidad a la que supuestamente deben “servir”, en este caso, el municipio de Tototlán, por lo que se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni de otro nivel de gobierno
El artículo 176 Bis del Código Penal señala que: “Si el acosador u hostigador presta sus servicios en cualquier institución pública y utiliza medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su cargo y se le podrá inhabilitar hasta por el doble de la pena privativa de libertad impuesta-. Al responsable -que cometa este delito en contra de servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones estén expuestos al contacto con la ciudadanía, se le podrá aumentar hasta en una mitad la pena prevista. Estos delitos sólo serán perseguidos por querella del ofendido o de su legítimo representante, salvo que se trate de un incapaz o menor de edad en cuyo caso se procederá de oficio. Una vez presentada la denuncia el delito se seguirá de oficio.” Como se advierte, las conductas del presidente municipal y de su subalterno constituyen un delito y por lo tanto deben ser sujetos al proceso penal correspondiente. Se hace urgente también que en toda la administración pública estatal y municipal se implementen los Protocolos de actuación que permitan establecer el conjunto de reglas y procedimientos que rijan el actuar de las autoridades y de profesionales en la atención de víctimas de violencia contra las mujeres, niñas y de género y que constituyan una herramienta de apoyo que dé una base y guía para manejar de forma adecuada los casos de violencia de género, acoso y hostigamiento que se presenten. Urge también desnaturalizar la violencia sistemática y estructural que viven las niñas y las mujeres todos los días, ante la indolencia gubernamental. Como sociedad no podemos seguir permitiendo ni un solo caso de acoso, hostigamiento, violencia sexual, violencia política, violencia institucional o cualquier modalidad de violencia en contra de las niñas y las mujeres en ningún ámbito, ni en el privado, ni el público.
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