SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- El congreso de Nuevo León pasó, en segunda vuelta, el decreto que reforma el Artículo 1º sobre Derecho a la Vida, desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural, lo que viola convenciones internacionales, sobre el derecho a decidir y otros ordenamientos, con lo que también se abre la puerta para penalizar el aborto.
La iniciativa había estado congelada desde mayo del 2014 con número de expediente 8744/LXIII, presentada en ese entonces por el diputado panista, Francisco Luis Treviño Cabello y esta vez la presentó la diputada panista Claudia Caballero.
La Comisión de Puntos Constituciones aprobó el decreto por 7 votos a favor del PAN, PT y Morena, cuatro abstenciones del PRI y Movimiento Ciudadano y cero en contra.
El Decreto plantea reformar el artículo 1º. De la Constitución de Nuevo León en materia de derecho a la vida, adicionando un párrafo:
“El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el estado de Nuevo León”.
Activistas presentes como Liz Liz Sánchez, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), pidió la palabra para manifestarse en contra del dictamen, por considerar que contraviene instrumentos internacionales, y contraviene también el sentido progresivo de los derechos humanos.
Se está exponiendo a las mujeres para criminalizarlas por el hecho de interrumpir el embarazo, yo creo que ustedes saben que en el Código Penal ya hay causales que permiten la interrupción legal del embarazo, dijo.
A través de un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Sofía Velasco, insistió al Poder Legislativo que frenara la aprobación de la propuesta que es incompatible con las disposiciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso la Carta Magna.
Además de que la aprobación de este dictamen podría limitar el derecho de autonomía de las personas, al igual que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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