- La madre de la fotoperiodista expuso que no estaba de acuerdo con la determinación de la Fiscalía
- La justicia es para la familia un deber de amor, para la Fiscalía es un acto ineludible
Sara Lovera
SemMéxico, Oaxaca, Oax. 23 de agosto, 2021.- El juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal, Rodrigo Brena Saavedra, determinó hoy diferir hasta noviembre próximo la audiencia de apertura de juicio en contra de JEHC por el triple homicidio ocurrido en Juchitán de Zaragoza el 2 de octubre de 2018, en que fueron asesinadas María del Sol Cruz Jarquín, Pamela Itzamaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra.
La solicitud de diferimiento fue presentada por la representación social a cargo de Alejandro Alfonso Ramírez Hernández y Aracely Velasco Santiago, quienes señalaron como causas de la suspensión de la audiencia 1) la pandemia, 2) la inasistencia de las víctimas indirectas de Pamela Terán Pineda y de Adelfo Jiménez Guerra, 3) que los órganos de prueba no se presentaban por diversas causas, una de ellas, que en tres casos los agentes de investigación estaban con incapacidad.
Todos estuvieron de acuerdo en que fuera diferida la audiencia, incluyendo la defensa de del inculpado JEHC, salvo la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar y sus asesoras, quienes señalaron que, así como se violaba el derecho de las otras víctimas indirectas, también se violaba el derecho a la justicia de la madre de María del Sol, por lo que llamaron a buscar un equilibrio entre unas y otras víctimas indirectas.
Jarquín explicó que, en las anteriores etapas procesales, las otras víctimas indirectas no se presentaron a las audiencias con ninguna regularidad, salvo en contadas ocasiones y que se hicieron presentes hasta más de un año después, por lo que planteó que quizá no tenían ningún interés jurídico en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 2 de junio de 2018.
“Nadie puede dejar un crimen en la impunidad, si lo hacemos las familias de las víctimas faltaremos a la memoria de nuestras hijas; si lo permiten las instituciones es corrupción. El primero es un deber de amor, el segundo es un deber jurídico ineludible.
En cambio, el abogado defensor Lenin Xopiyaxtli Jarquín solicitó que la audiencia se realizara hasta que las condiciones de la pandemia lo permitieran, “por tiempo indefinido”. Al respecto, la abogada Bárbara García Chávez apuntó que esa postura abonaba a la falta a la “certeza jurídica”.
En entrevista, Soledad Jarquín expuso que esta condición es resultado de la mala práctica ejercida durante los más de tres años por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, bajo la dirección de Rubén Vasconcelos Méndez, hoy secretario de Bienestar del gobernador Alejandro Murat, quien lo nombró como tal un día antes del tercer aniversario del triple homicidio, cuando Consorcio Oaxaca y la familia solicitamos “cárcel para Vasconcelos”.
Dijo que no se realizaron las diligencias correspondientes, “hoy no encuentran a las personas que darían su testimonio y se registra la pérdida de elementos de las supuestas investigaciones realizadas en los primeros tres años, prácticas que reflejan corrupción, complicidad y que dan pie a la impunidad”.
Desde su llegada como Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, en marzo pasado, señaló que este era uno de los casos prioritarios, dijo Jarquín, quien apuntó, “ahora quiero ver que realmente sea prioritario. No estoy dispuesta a permitir impunidad en el asesinato artero de mi hija menor”.
Jarquín agradeció el acompañamiento que en materia jurídica ha brindado Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, equipo encabezado por Yesica Sánchez Maya y María de Lourdes López Velasco.
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