- En la polémica se sostiene que regular contraviene acuerdos y tratados internacionales y leyes en materia de derechos humanos de las mujeres y de la niñez
- De 2002 a 2016 se ha intentado 18 veces regular a nivel federal y hay un dictamen de 2010 que nunca se publicó
Guadalupe López García y Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 26 de febrero de 2022.- Especialistas demandaron a legisladoras y legisladores prohibir lo que se ha denominado gestación subrogada, puesto que se trata de una forma de explotación y venta humana y violenta los derechos humanos de las mujeres y sus bebés, así como los marcos normativos en la materia, además de que es una práctica que está ligada al crimen organizado en México.
En el Foro sobre los Vientres de Alquiler en la Ley, efectuado este viernes, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, las y el ponente expusieron que sería peligroso que se legalizara —y por lo tanto, normalizara— una práctica que está siendo contraria a la dignidad de las personas, a los derechos de las niñas y niños y porque se trata de la explotación reproductiva de las mujeres que pone en riesgo su salud física, psicológica y su vida..
El foro se inscribe en una polémica surgida por las iniciativas que estudia el Congreso de la Ciudad de México, sobre la regulación de esta práctica, y ante ello, la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputa propuso que en la discusión prevalezca la protección de los derechos humanos de las mujeres gestantes, así como de las niñas y niños que nacen considero
La diputada federal por Morena, Beatriz Rojas Martínez, indicó que la “gestación subrogada” se considera una forma de explotación humana con fines de lucro y que cada vez más recurrente en el país, por lo que promovió una iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las víctimas de estos delitos y de la Ley General de Salud, con el propósito de aclarar el delito de tráfico de órganos y sancionar el alquiler de vientres y la donación comercial de óvulos.
Su iniciativa va en sentido contrario a las que se están promoviendo en el Congreso de la Ciudad de México y a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instó a regular la práctica de la gestación por sustitución de forma “urgente y prioritaria”.
La diputada, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, y moderadora del foro dijo claramente que: “No queremos que México sea un paraíso de explotación de los cuerpos de las mujeres”, por lo que el análisis del alquiler de vientres es trascendental para garantizar el respeto de nuestros derechos y la dignidad de las mujeres.
Teresa Ulloa Ziaurriz, hizo una relación de las normatividades que se transgreden con la GS en México, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el Código Civil Federal y Código Penal Federal, por lo que hay delincuencia organizada y tráfico de niñas y niños recién nacidos. México, pronosticó, se podría convertir en un paraíso de la explotación reproductiva de las mujeres. Alertó que el negocio se promueve o a través de anuncios en las redes sociales en la Ciudad de México para reclutar a mujeres pobres y explotarlas usando su capacidad de gestar.
Agregó que estas agencias reclutadoras de reproducción asistida están involucrados médicos, abogados, hospitales y notarios. Y sostuvo que no sólo hay trata sino delincuencia organizada y tráfico de niñas y niños. Por ello es necesario actualizar los marcos jurídicos vinculados a esta problemática
Eleane Proo Méndez, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, expuso que de 2002 a 2016 se ha intentado 18 veces legislar a nivel federal. En los estados de Tabasco y Sinaloa está permitida. Se prohíbe en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila y en la Ciudad de México están en curso dos iniciativas.
Precisó que, en México, su regulación legal y discusión inició en 1997 cuando Tabasco autorizó la subrogación y en 2013 lo hizo Sinaloa, especialmente para parejas casadas con imposibilidad médica. En la Ciudad de México hubo un proyecto en 2010, que se le conoció como “Ley de Reproducción Asistida”, pero no nunca fue publicada.
Beatriz Rojas Martínez mencionó que en 2016 en la Cámara de Senadores se presentaron iniciativas para que por medio de la Secretaría de Salud se regulara la reproducción asistida y gestación subrogada.
En México, indica Proo Méndez, no hay un registro de casos de esta industria, pero a nivel global en 2018, su facturación del mercado fue de seis mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 24.5 por ciento, de ahí que estén buscando eliminar regulaciones estrictas y bajar costos en el procedimiento; sobre todo en países pobres. y se proyecta que para 2025 podría incrementarse a 27 mil 500 millones de dólares.
El costo promedio del procedimiento en Estados Unidos (en el estado de California) es de 150 mil dólares, en México, de 90 mil, y en India, de 25 mil dólares. De estas cantidades, las mujeres que gestan reciben de 20 mil a 30 mil dólares, de 9 mil a 10 mil y de 2 mil a 10 mil dólares, respectivamente.
Teresa Ulloa Ziaurriz reveló que en una clínica instalada en la Ciudad de México cobran un millón de pesos por un bebé. Hay reclutadoras de mujeres que les pagan de 250 mil a 300 mil pesos. Tienen que ser de 20 a 35 años, sin sobrepeso y estar en unión libre o solteras, entre otros requisitos.
Núria González López, de L’Escola, AC, calificó a Ucrania como el “útero de Europa” porque es el país más barato para esa “industria criminal”, en donde hay “granjas de mujeres”, pues son apartadas de sus familias. Berta O. García, copresidenta de la Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de Alquiler, advirtió que México puede convertirse en un lugar como Ucrania, debido a la reciente guerra con Rusia.
Olivia Tena Guerrero, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que Ucrania es la meca de la explotación reproductiva europea, porque las zonas rurales se han convertido en una mina explotada por las grandes empresas para “alquilar madres”.
Para Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró peligroso que se legalice algo que está siendo contrario a la dignidad de las personas y a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es la lógica extrema del capitalismo rapaz que ahora está tratando de utilizar a las instituciones y leyes para hacer negocio con los cuerpos humanos, sentenció.
Berta O. García señaló que la gestación subrogada (GS) es instrumentalizar a las mujeres. Se trata de violencia médica por los procedimientos a los que son sometidas (tratamientos hormonales, reducciones embrionarias, inducción al parto, cesáreas injustificadas, terapias psicológicas de desapego para romper el vínculo entre la gestante y el feto) que pone en riesgo la vida de las mujeres y sus hijas/os.
La gestación subrogada (GS) no cura ni revierte la infertilidad, no es una práctica médica, sino una práctica social que utiliza a las mujeres pobres para satisfacer un deseo. Se trata de un contrato de compraventa de humanos. “Usar una mujer para que traiga un hijo al mundo por contrato, teniendo que renunciar a derechos, es un acto de cinismo”, recalcó. Legalizarla, advirtió, consolidará la mafia de tratantes de mujeres en México.
Oliva Tena Guerrero y Juan Martín Pérez hicieron énfasis en que las y los recién nacidos quedan en desprotección total si los contratantes no los desean adquirir y se tendrían que ir a un albergue porque no se pueden regresar a la madre que los gestó y si tienen un problema de salud, simplemente se los dejan a las madres.
Eleane Proo Méndez, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM llamó a cuestionar toda practica que involucre una industria transnacional apoyada en la teórica contractual y el velo de igualdad, ya que crean confusión respecto a que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, cuando en realidad privilegia los derechos de los solicitantes, más que de las madres y los recién nacidos.
El problema, añadió, es que las iniciativas presentadas en nuestro país para regular este proceso apoyan a quienes contratan los servicios, luego se respeta a las empresas que intervienen, pero no se visualiza bien a las gestantes, de quienes sólo se considera que tienen derecho a un contrato.
La investigadora en comunicación de la UNAM, Aimée Vega Montiel, reiteró que son productos que se venden: se elige el sexo, la raza, etnia, se proyecta la carga genética y si no se cumplen expectativas, pueden ser víctimas de abandono. Si los bebés no cumplen con las expectativas de los compradores, estos pueden exigir la devolución de su dinero y se le puede exigir a la mujer que aborte. Ulloa, resaltó que los bebés se convierten en mercancías.
Nuria González López aseveró que, con las iniciativas sobre GS, México está legalizando una neocolonización extractivista. Es abrir la puerta las puertas a gente rica para que puedan extraer un recurso más de México, a través de la explotación del cuerpo de las mujeres. La representante de la asociación feminista L’Escola, México llamó no puede soltar la bandera de los derechos humanos con la legalización de la compraventa de bebes, sería una neocolonización a través de una industria criminal que explota a las mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres, donde el Estado se lava las manos.
Aimée Vega consideró que con la GS se pretende satisfacer los deseos de personas adultas de cumplir con el estereotipo de la maternidad. Se confunden deseos con derechos. Se presenta como una propuesta feminista y se promueven como una práctica que fortalece autonomía y libertad de las mujeres, sin considerar que constituyen formas de explotación y de cosificación.
Eleane Proo Méndez lo califica como un discurso neoliberal e individualizado con el uso de conceptos despolitizados como “autonomía reproductiva”. De acuerdo con los testimonios que ha podido recabar, el dinero que las mujeres obtienen lo utilizan para cubrir necesidades como la escuela de las y los hijos, pero no le representa autonomía a largo plazo. Para Ulloa, las necesidades de las mujeres no son consentimiento, sino una forma precarizada de sobrevivencia que puede tener efectos devastadores en su salud.
Vega Montiel comentó que hay grupos económicos que presionan a legisladores para que regulen la GS y, por el contrario, a quienes han intentado sancionar esa práctica han sido amenazadas y las amagan con destruirles su carrera política.
Olivia Tena Guerrero, Juna Martín Pérez y Eleane Proo Méndez instaron a legislar, agilizar y promover procesos de adopción, ya que también se ha convertido un problema por las irregularidades que se han dado, como ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que cerca de 33 mil niñas y niños que permanecen en albergues son víctimas de prácticas de tortura y tratos humillantes.
Pidieron desestigmatizarla y, de hecho, ese es uno de los discursos que más se ha manejado desde las familias homoparentales, que alegan que pueden pasar hasta seis años, y al final se les niega. Además, está el estigma de que si no son hijos o hijas propios ya tienen ‘ciertos genes’ o ‘costumbres’ y se tiene mucho miedo de adoptar a alguien que no tenga lazos sanguíneos”.
La diputada Beatriz Rojas Martínez, al final del foro precisó que la participación de las y los panelistas ha clarificado la magnitud del problema y la importancia de legislar para cerrar la puerta de la explotación humana con fines de lucro.
Eleane Proo Méndez propuso analizar las condicionantes estructurales que hay detrás de la gestión subrogada para ofrecer opciones reales de desarrollo a las mujeres que les permitan una verdadera autonomía, la cual no puede lograrse cuando las decisiones sobre su cuerpo están a cargo de los contratantes y de las agencias intermedias.
Invito a las diputadas a revisar cuales son los derechos reproductivos y las demandas feministas que han estado en el centro de la lucha desde hace años para reivindicarlos.
También participaron la diputada Marisela Garduño Garduño del PT, Berta O. García de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva de España, Olivia Tena Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
