- Por el COVID 19 fueron discriminadas las trabajadoras del hogar
Micaela Márquez
SemMéxico, Cd. de México, 23 de marzo 2022.- Para reflexionar sobre el impacto en las mujeres de la pandemia –que cumplió 2 años-, el Observatorio Género y Covid-19 reunió a cuatro organizaciones de las 20 que la integran, durante el primer #TwitterSpace, el pasado 15 de marzo.
Con el tema “Nosotras en la Pandemia: Dos años de retos y reflexiones articuladas”, el Observatorio destacó que las mujeres son diversas, en clase, origen y condición social, todas mujeres iguales y diferentes, y es en esa diversidad estos grupos trabajan, señaló la moderadora Xóchitl Rodríguez Quintero de la organización Balance Joven.
Desde la organización, Jade Sociales, se señaló que en esta pandemia se discriminó a las trabajadoras del hogar, al considerarlas como vehículo de contagio en sus lugares de trabajo y peligro para sus empleadoras.
El Instituto Mexicano para las Mujeres en la Migración (IMUMI) dio un amplio panorama de las detenciones de mujeres en los puntos fronterizos y dijo que esas acciones contra mujeres no se detuvieron y las expulsiones desde Estados Unidos hacia México continuaron.
Data Cívica por su parte registró que la violencia contra las mujeres se trasladó a los hogares y se agudizó la violencia sexual y física contra las lesbianas y bisexuales.
Las trabajadoras del hogar se vieron discriminadas en la pandemia
Las trabajadoras del hogar durante la pandemia, sumaron a la discriminación y las desigualdades estructurales por carecer de certeza contractual la falta de seguridad en el empleo y social dijo la economista Raquel Aguilera Troncoso, de Jade Sociales. Detalló que fueron regresadas a sus casas sin finiquito o indemnización alguna a pesar de haber laborado durante años, por el temor de que contagiaran a las familias donde trabajan.
Jade Sociales, cuya sede está en Yucatán, indicó que, según su diagnóstico, resultado de entrevistas a 72 mujeres trabajadoras del hogar, éstas le compartieron que fueron retiradas de su trabajo, se sintieron discriminadas porque les hicieron sentir que ellas podrían contagiar a las personas de los hogares donde trabajaban, y a pesar de haber laborado durante varios años no les dieron indemnización.
Esto impactó muchísimo y tanto en Yucatán como en Monterrey tuvieron conocimiento que la sociedad civil y los sindicatos apoyaron a las trabajadoras para que tuvieran qué comer, pagar renta y que la ayuda del gobierno fue muy poca, aunque había un programa federal que incluía como requisito que estar afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) pero sólo sucedió en el 2 por ciento de las trabajadoras, ya que la mayoría de las o los empleadores, no cumplió con ese requisito.
Precisó que la recuperación económica de la que tanto se habla después del Covid-19 debe hacerse desde un enfoque de derechos humanos, con programas específicos para las necesidades de esta nueva normalidad. Que se revisen las condiciones de transporte, y también pidió un enfoque intercultural porque las entidades federativas son muy distintas entre sí.
Como ya se esperaba se aprobó en la Cámara de Senadores la obligatoriedad para las y los empleadores a afiliar a estas trabajadoras en el IMSS, – aprobada el pasado 17 de marzo – Raquel Aguilera Troncoso consideró que hoy el desafío es aterrizar esta obligatoriedad, -con inspecciones y control real- por lo que exhortó al IMSS hacer una campaña masiva dirigida a las y los empleadores para que sepan cómo funciona y lo hagan.
Las detenciones de mujeres y niñas más de 300 mil durante la pandemia, IMUMI
Durante la pandemia las detenciones migratorias continuaron sin tomar en cuenta las condiciones sanitarias en las estaciones migratorias y las más afectadas fueron las mujeres, las niñas y las adolescentes. Al inicio de la pandemia disminuyó un poco, pero para mayo del 2020 tenían los mismos índices que en 2019.
De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano para las Mujeres en la Migración (IMUMI) en 2021 las mujeres representaron el 33 por ciento del total de los eventos de detención (307 mil 679), y el 41 por ciento en las solicitudes de asilo (131 mil 448). Estas mujeres, puntualizó buscan mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.
En voz de Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón de CDMX, las alternativas de detención se han llevado de manera discrecional sin un diagnóstico médico previo al momento de canalizar a las mujeres a los albergues de la sociedad civil.
Las expulsiones desde Estados Unidos se hicieron bajo la política conocida como “42” por parte de Estados Unidos, desarrollada con el pretexto de la emergencia sanitaria. Así como la reglamentación del programa Quédate en México en la frontera norte. Narró que se ampliaron los puntos de deportación desde Estados Unidos a México sin la implementación de medidas sanitarias.
También continuaron las separaciones familiares y los casos de reunificación familiar que incluyeron a la infancia, se complejizaron sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Lo que vimos, explicaron, fue a las mujeres migrantes expuestas a una mayor violencia con diversos delitos de género, hasta la violación que se mantuvo a lo largo de la ruta migratoria.
De este modo se amplió la brecha de acceso a la salud sexual y reproductiva para las migrantes y las solicitantes de asilo, porque condicionaron su atención a la entrega de un documento migratorio, imposible de tener, porque estas mujeres estaban en situación de movilidad, y, además, sin atención sanitaria, porque muchos hospitales se reconvirtieron en atención COVID 19.
Informaron que hay una orden judicial desde abril del 2020 que dicta 11 medidas que obliga a la no detención de las personas migrantes en las estaciones, si falta o se incumple con medidas sanitarias; lo que lleva a promover amparos desde las organizaciones sociales, las cuales no se han cumplido en su totalidad.
El IMUMI que protege los derechos de las mujeres migrantes, que viven en comunidades originarias o en tránsito, demandaron a las autoridades para que no sigan dilatando los trámites de regularización migratoria, solicitudes de asilo, medidas que pueden ayudar a las mujeres.
Piden la vacunación a toda la población migrante en igualdad de condiciones para las personas nacionales y que se les garantice, principalmente a las mujeres, atención medica sin la condicionante de un documento migratorio.
Durante la pandemia la violencia se trasladó a los hogares
Mariana Orozco Ramírez de la organización Data Cívica refirió que, de acuerdo a las estadísticas en términos generales en el 2020, los homicidios de mujeres en vía pública disminuyeron por la pandemia, pero no sucedió lo mismo en las viviendas.
Por primera vez aumentaron los homicidios de mujeres con arma de fuego en los estados donde hay violencia generalizada y procesos de violencia feminicida.
Las organizaciones de la sociedad civil, como Data Cívica, dijo, “nos documentamos para visibilizar el aumento de la violencia armada, pero hay otras organizaciones de la sociedad civil que si atienden directamente a la población”. Y dijo: “sabemos que esta violencia en la pandemia, en el 2020, no paró escaló al crecimiento de la violencia doméstica”.
Expresó que hay que interpelar a las autoridades por el hecho de que haya tantas armas disponibles en vía pública y en los hogares, que esto debería regularse por la cantidad de homicidios dolosos que se han vuelto un medio para cometer feminicidios.
Dijo que las autoridades tenían que actuar en dos vías, el desarme y la concientización a la población para detectar los signos de violencia feminicida o violencias de género. Mucha de la discusión, explicó está dirigida hacia el castigo y las sanciones cuando debería canalizarse a la prevención.
Línea de Atención para las mujeres que les gustan las mujeres, Jóvenes por una Salud integral
Para Fabiola Baleón Toxqui, coordinadora General de Jóvenes por una Salud Integral, las violencias físicas y sexuales para las lesbianas o bisexuales se agudizaron por la pandemia, en sus hogares y en sus lugares de trabajo, por lo que pusieron una línea gratuita y segura #Nosotras te acompañamos, bajo un protocolo que evita la revictimización, no negar los riesgos, no minimizarlos y no caer en estereotipos.
Al inicio de la pandemia, dijo, las llamadas en el 2020 estaban más asociadas a buscar con quien hablar, hablar no solo con las familias de las usuarias de la línea sino buscar otros espacios de acompañamiento y de escucha, “creo que eso nos rebaso a nosotras y a las organizaciones de la sociedad civil que también sumaron esfuerzos para no dejar a estas poblaciones desatendidas, porque lo que fue evidente la ausencia del estado, nunca tuvo estrategias para poder atender a estas poblaciones vulnerables”.
Consideró que las Organizaciones de la Sociedad Civil fueron parteaguas en esta pandemia, los refugios ante la necesidad, ampliaron sus espacios, intervenciones colaborativas, círculos de reflexión.
Informaron que impulsaron el programa de identidad sexual que está enfocado en mujeres lesbianas. De diciembre del 2021 a enero del 2022 se llevó a cabo una encuesta que arrobó que el 37 por ciento de las personas se encuentran en un empleo informal al haber perdido una parte importante de sus ingresos. Comparada su situación antes de la pandemia otros 10 por ciento en la informalidad reportan haber pedido la totalidad de sus ingresos. Un 15 por ciento reportó haber tenido que realizar labores de cuidado mucho más que antes del confinamiento y el 23 por ciento, antes de la pandemia.
Señaló que, si bien la línea telefónica se pensó para la atención sólo para mujeres lesbianas y bisexuales, llego también a las mujeres trans. Aprovechó para defender la corriente que habla de que hay transfobia.
“Queremos vivir una vida libre de violencia. Hacia allá estamos caminando y hacia allá construimos”, señalo Fabiola Baleon Toxqui.
