SemMéxico, Cd. de México, 1 diciembre 2017.- La diputada Candelaria Ochoa Ávalos cuestionó que la minuta del Senado de la República en materia de violencia política contra las mujeres aún sigue pendiente de votarse en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, además de que a nivel local sólo siete entidades se legisla en la materia.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro se hizo la presentación del libro “Violencia Política contra las Mujeres con Elementos de Género”, del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), el cual destaca que México aún no cuenta con “leyes que tipifiquen como delito la violencia política, pese a que varias legisladoras han presentado diversas iniciativas de reforma a los ordenamientos jurídicos correspondientes, sin que hasta el momento hayan prosperado”.
Teresa Hevia Rocha, autora del libro, afirmó que la minuta sobre violencia política aprobada desde marzo por el Senado de la República “se quedó detenida en la Cámara de Diputados y se quedó detenida por motivos políticos, eso ya de suyo es violencia política contra las mujeres”.
También expuso que a la fecha suman 26 estados de la República que han reformado algún o algunos ordenamientos jurídicos para regular la violencia política de género, pero que las leyes federales carecen de una definición oficial, por lo que “tenemos que construir esa definición y seguir fortaleciendo el andamiaje conceptual de lo que significa violencia política contra las mujeres en razón de género”, agregó.
Enfatizó que en el “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, que recientemente actualizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se encuentra la definición más acabada sobre lo que es la violencia política:
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.
Al afirmar que no es un tema de coyuntura electoral, sino de un problema que ha cobrado la vida de mujeres en México por ejercer sus derechos políticos, Blanca Judith Díaz Delgado, directora de Estudios Sociales de la posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género del CEAMEG, afirmó en que la violencia política contra las mujeres debe tipificarse como delito, es un “tema pendiente en nuestra legislación”, dijo.
Destacó que en el libro las autoras del libro abordan las iniciativas de los estados para sancionar la violencia política, las que buscan reformar diversos ordenamientos legales como códigos penales, leyes electorales, leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.
La diputada Guadalupe González Suástegui, presidenta del Comité del CEAMEG, indicó que “la violencia política contra las Mujeres es una modalidad de ataques solo por ser mujer, por eso es de reconocer los esfuerzos para erradicarla”.
En vísperas del año electoral 2018, la legisladora del PAN señaló la necesidad de que las instancias políticas cuenten con un protocolo propio para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia política al interior de los partidos políticos, la cual viola los derechos políticos de las militantes.
Por su parte, Adriana Gabriela Ceballos Hernández, directora del CEAMEG, sostuvo que “la violencia política no tiene colores, se da porque la participación de las mujeres en un ámbito que se ha ido abriendo, incomoda a algunas personas”.
Cabe recordar que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para analizar, discutir y aprobar la minuta sobre violencia política de género, desde el pasado 19 de octubre, pero a la fecha sigue pendiente su dictaminación.
Dicha minuta que fue aprobada por el Senado el pasado 9 de marzo y turnada a la Cámara de Diputados para su dictaminación, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para definir y sancionar la violencia política de género en el país.
SEM/am/lr
