- El gobierno no quiere hablar de las mujeres asesinadas.
- La seguridad de los mexicanos y mexicanas está en crisis y la política de que sean los militares quienes cuiden al pueblo mexicano, claramente no funciona.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de agosto del 2022.- La militarización del país que históricamente ha afectado a las mujeres, fue abordado en el pleno de la Comisión Permanente en la que las y los panistas anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en cuanto el Presidente presente el acuerdo o decreto para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaria de la Defensa Nacional.
Primero en conferencia de prensa y después en el pleno, la senadora Kenia López Rabadán al dirigirse a las y los legisladores de Morena, les reclamó que con la estrategia errónea de Seguridad de este gobierno, se esta generando muerte y no les importa que 1 de cada 3 mexicanos hayan desaparecido en esta administración, y 9 o 10 mujeres mueran a diario. “De eso no quieren hablar”, acotó.
Reclamó a las y los morenistas quedarse callados ante las actitudes de tiranía del Jefe del Ejecutivo que “no ve ni escucha” el dolor de las familias de mas de 124 mil asesinadas y asesinados en el país en su gobierno “corrupto e ineficiente”.
Dijo que es inentendible cómo el presidente mediante un decretazo quiere militarizar al país cuando claramente el artículo 21 constitucional establece que el mando de la policía, de las fuerzas de seguridad en este país sean civiles.
Ahora con esta amenaza de aplastar la Constitución y a los otros poderes, refrenda que pasó de ser un demócrata a ser un tirano. Mientras hay pobreza y su gobierno ha generado más de cuatro millones de nuevos pobres. Mientras los hospitales no tienen medicinas y las y los mexicanos están perdiendo la vida.
La seguridad de los mexicanos y mexicanas está en crisis y la política de que sean los militares quienes cuiden al pueblo mexicano, claramente no funciona, señor Presidente, no funcionan los militares en las calles porque ellos tienen otra capacitación, otras atribuciones y debieran tener otras prioridades, precisó.
Kenia Rabadán junto con el coordinador de los senadores de Acción Nacional, Julen Rementeria del Puerto, fijaron la postura de Acción Nacional de acudir a la Corte para hacer valer la Constitución y esperan que las y los ministros de la Corte actúen a la altura de sus responsabilidades y sin dobleces y sin mayor dilación, resuelvan ya este tema.
Precisó Julen Rementaría que el Presidente sabe que no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso, por eso busca esta “militarización” de incorporar a la Guardia Nacional a la SEDENA no por la vía de una reforma constitucional sino por decreto, “y ya basta de decretazos, él no puede estar por encima de la Constitución”, indicó.
“Es ilegal pasar la Guardia Nacional a SEDENA aunque sea por decreto presidencial, el titular del ejecutivo nuevamente está violando las leyes y transgrediendo la democracia y sus caprichos lo combatiremos ante las instancias judiciales, para evitar a toda costa que Morena militarice el país”, sentenció.
Por su parte el senador de Movimiento Ciudadano Noe Castañón Ramírez expresó “no podemos permitir que mediante decreto presidencial se erosione el poder civil, esto significa atropellar los principios básicos de nuestra democracia y saltarse arbitrariamente al Poder Legislativo”.
Es fundamental, dijo, “entender que estas decisiones que pretende tomar el Presidente de la República tendrán consecuencias institucionales de profunda descomposición y que debilitarán al Estado mexicano al transformar el equilibrio del poder cívico-militar, y al renunciar a la obligación de fortalecer las instituciones de seguridad pública civiles”.
Consideró que mediante este decreto el Presidente, fiel a su costumbre, intenta corromper el orden constitucional, lo que sienta un antecedente peligroso para que cualquier persona pueda violar impunemente la Constitución y pisotear a los Poderes de la Unión.
Detalló que las acciones del Presidente pretenden vulnerar el Artículo 49 de nuestra Carta Magna donde se encuentra consagrada la división de poderes del supremo poder de la Federación y también vulnera el Pacto Federal de nuestro país. “Legislar no es una atribución del Ejecutivo.”
La diputada panista Sonia Rocha Acosta, en la conferencia de prensa, dijo que “incorporar de lleno a la Guardia Nacional al ejército, fortalece su poder y expone al país a una militarización innecesaria que, en el corto tiempo podemos lamentar.”
Se le olvida el Presidente que en el año 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, el Gobierno prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil.
Ante las críticas de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, en ese entonces, como oposición responsable, dimos un voto de confianza y aprobamos esa reforma constitucional, que entonces nos propuso, porque vimos una vía para atender el grave problema de inseguridad que sufría este país.
Después de 3 años de esa oferta, no se ha cumplido y ahora pretende modificar lo que dice la Constitución, por vía, precisamente, de un acuerdo. Traiciona a la ciudadanía porque dijo que la Guardia Nacional seria netamente civil que contribuiría a bajar los índices de delincuencia, además que sacaría al Ejercito de las calles, queda de manifiesto que su estrategia de abrazos no balazos ha fracasado.
Por parte de las y los legisladores priistas Jorge Carlos Ramírez sostuvo que el Ejecutivo puede crear todas las instituciones al interior de la defensa que quiera, pero no puede llamarse Guardia Nacional porque esta es una institución de carácter civil, porque la idea es contraria a la Constitución.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, por su parte expresó que en el fondo el anuncio del acuerdo presidencial busca conseguir, por vías distintas a las que permite la Carta Magna, lo que no se puede lograr por la vía de una reforma. “Es la tentación de sustituir la negociación, los equilibrios por las imposiciones y de sacarle la vuelta a la Constitución”.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla dijo que el acuerdo que anunció el Presidente refleja el fracaso del gobierno federal en materia de seguridad pública y el desprecio por el orden constitucional.
SEM/MG
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