- Feministas advierten que limitará la investigación desde la perspectiva de género y la burocratización ahondará las brechas.
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de enero del 2023.- Si eres mujer e investigas sobre un tema que no le interese al gobierno no podrás participar y si la investigación feminista contradice al gobierno, tampoco; encima la burocratización de las instituciones que fomentan la ciencia y las tecnologías, pondrá nuevos obstáculos a las mujeres, advierten académicas y feministas, ante una iniciativa presidencial que está en manos de las y los diputados desde el 13 de diciembre.
Y se profundizarán en el terreno de la ciencia las diferencias entre hombres y mujeres porque se pretende centralizar la toma de decisiones, elimina la libertad de investigación y excluye de planes, proyectos y presupuestos a quienes hacen investigación y conocimiento. Lo más grave es que no se ha puesto esa iniciativa a discusión pública, marginando a la comunidad científica. Si los y las congresistas la aprueban, será lo más “antidemocrático” y excluyente, para el campo del conocimiento y la cultura.
El pronunciamiento que hoy firman en todo México, de un grupo plural, dice denodadamente “abramos el diálogo”, antes de que las y los congresistas la discutan y la aprueben.
En esta iniciativa centralista el pretexto gubernamental es que la ley vigente solo favorece a proyectos privados que “simularon investigación y desarrollo tecnológico”, dice un boletín oficial circulado el 5 de enero, no obstante que hace más de 3 años, algunas acciones oficiales, ya han lastimado a varias instituciones que han generado protestas.
Pero lo cierto es que la iniciativa quiere desaparecer al CONACYT como lo conocemos para generar algo que tiene una carga ideológica terrible. “La mitad del documento es ideología barata, no hay un solo diagnóstico”, que lo justifique, sostiene la doctora Brenda Valderrama, biotecnóloga y agrega que su contenido se basa en la desconfianza, en el rechazo y en el reproche, pero no hay un solo diagnóstico. No es la ley que México necesita, es la ley que ellos quieren.
Este grupo plural de decenas de investigadores e investigadoras, hacen un posicionamiento con “un enfático exhorto para detener la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el CONACYT y presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre de 2022, por considerarla antidemocrática y excluyente”.
El posicionamiento que circula copiosamente para su firma, señala que la iniciativa presidencial es una propuesta que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de personas de la ciencia, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años.
Janette Góngora y Laura Frade
La académica e investigadora Laura Frade, advierte que tal como está la iniciativa limitará a las mujeres investigadoras, porque los temas de investigación se definirán en el marco del interés político de los gobiernos. Explica que un Estado que controla qué se investiga, “es muy neoliberal”, contrario a lo que se dice en la presidencia de la República.
Esta propuesta, de transitar y aprobarse, reduce la capacidad de la nación para investigar temas que no sean estrictamente sociales y de interés gubernamental, dejando que todo lo demás se deberá hacer con financiamiento privado. Si la problemática de género en cualquier ámbito no es de interés del gobierno, se deberá buscar financiamiento privado. Por ejemplo, impacto del tren maya en mujeres, quedaría fuera porque tal vez no sea de interés gubernamental.
Para Janette Góngora, reconocida investigadora y funcionaria editorial de la Universidad Metropolitana, considera que es aterradora la Iniciativa para reformar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y advierte que en su contenido se creará un sistema más clientelar para estudiantes de posgrado y la política científica según la iniciativa, queda en un consejo integrado por titulares de dependencias de gobierno y la investigación quedará marginada.
Todo ello sucederá si el Congreso aprueba la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación, por lo que decenas de investigadores e investigadores llamaron a las y los congresistas a no aprobarla.
Se advierte, además, que se estaría en el camino de la desaparición de la investigación básica porque se hará nomas que el gobierno considere “socialmente necesaria”.
Saltó ya en los medios académicos como alarma
En la Universidad Veracruzana, circula la crítica de Yanet Aguilar quien escribió que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es retrógrada, centralista y afecta la libertad académica.
Por ello, explica, integrantes de la comunidad científica la califican como una propuesta cargada de ideología barata y producto de un nacionalismo étnico; una ley que pretende crear una ciencia de Estado, que retrocede 50 años, que atenta contra la investigación científica contemporánea y cree “descubrir el agua tibia” al incorporar en su título a las humanidades, aunque siempre han estado las ciencias sociales.
Esta científica señala que la iniciativa de amarrar, refleja las obsesiones ideológicas de la doctora María Elena Álvarez-Buylla actual titular del CONACYT. “Lo que busca es crear una estructura centralista para generar una investigación de Estado y una ciencia de Estado”, afirma por su parte el doctor Antonio Lazcano, quien señala que esta iniciativa no sólo excluye a las universidades públicas y privadas de la Junta de Gobierno, y a los representantes de las y los investigadores, sino que propone una investigación en desarrollo tecnológico guiada por el Estado desde la visión del nacionalismo étnico.
La iniciativa, de 124 páginas, se suma a otras cuatro iniciativas existentes, incluido un proyecto de la propia comunidad científica. Sin embargo, ésta ha sido cuestionada porque no tuvo consenso ni consulta a la comunidad y posee una carga ideológica.
El grupo plural de la academia, la ciencia y la investigación, explica todo lo que esta iniciativa, implica, porque señalan, afecta drásticamente a diversas comunidades y al país en su conjunto y enumera:
1. A las y los investigadores y técnicos de los centros públicos de investigación (CPI), que serán clasificados/as como funcionarios públicos, lo cual vulnerará su estabilidad laboral y su libertad de investigación. A sus centros se les eliminan todos los espacios de autonomía y su actividad -que es una parte importante de la ciencia mexicana- será sometida al arbitrio de alguna dependencia oficial, distinta para cada centro.
2. A investigadores e investigadoras de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, definida por la Junta de Gobierno de CONACYT, para poder acceder a financiamiento para sus proyectos.
3. A investigadores e investigadoras que laboran en universidades privadas, a quienes se les discrimina al negarles el derecho a ser tratados/as de forma semejante a cualquier académico/ca dedicado a la investigación.
4. A estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras, cuya carrera científica se verá obstaculizada por una propuesta que reduce el presupuesto para apoyos y becas; que les acota la libertad académica para escoger temas de investigación, limita los espacios para la movilidad nacional e internacional, y que dificulta su inserción laboral al transformar y deformar el programa de cátedras.
5. A todas las comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación, que verán limitada su libertad para buscar, generar y transmitir conocimientos y no tendrán espacios para ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas.
6. A las empresas innovadoras, que quedan marginadas del apoyo del Estado a sus proyectos, lo que las coloca en una desventaja ante competidores internacionales que sí reciben recursos en sus países.
7. A la sociedad mexicana en su conjunto que no podrá contar con un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de vanguardia, acorde a los retos ambientales, económicos, sociales que el país requiere atender en el mediano y largo plazo.
El texto que se difunde y acumula firmas, busca que la opinión pública se entere, y señala que es indispensable garantizar un presupuesto justo para impulsar el desarrollo y transferencia de conocimiento de todos los campos del saber, como señalan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (OEA, 2021), “la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico.”
Y mesuradamente señala que ahora “solicitamos al poder legislativo que se detenga esta iniciativa y se abran espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al poder legislativo”.
“Queremos contribuir a construir en conjunto una ley de ciencia, tecnología e innovación que favorezca un verdadero pensamiento crítico, a la altura de los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del país, y que incorpore las experiencias exitosas y los avances científicos y humanísticos para avanzar hacia un México moderno, equitativo y sustentable. La comunidad académica tiene mucho que decir para lograrlo. Abramos el diálogo”.
Se defiende la 4T
Ayer, a través de un comunicado, el CONACYT defendió la Ley y afirmó que fortalecerá al CONACYT como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que garantiza el derecho humano a la ciencia, y que desde 2019 ha hecho un proceso de consulta con la comunidad, incluidas instituciones de educación públicas y privadas.
La doctora Brenda Valderrama, biotecnóloga de la UNAM y una de las científicas que ha analizado a mayor profundidad esta ley, asegura que no sólo se trata de un proyecto que nos regresa a la ciencia de los años 70, sino que “tiene todo el espíritu de la administración” y es una ley retrógrada “donde se pierden muchos de los avances logrados en los últimos 50 años”.
Asegura: “Por supuesto, lo que quiere es desaparecer al CONACYT como lo conocemos para generar algo que tiene una carga ideológica terrible. La mitad del documento es ideología barata, no hay un solo diagnóstico. Está basada en la desconfianza, está basada en el rechazo, está basada en el reproche, pero no hay un solo diagnóstico. No es la ley que México necesita, es la ley que ellos quieren”, dice en referencia a la administración del presidente López Obrador.
En su articulado excluye de la Junta de Gobierno a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, a las universidades públicas y privadas y a los representantes de los y las investigadoras.
La doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAV y de la UNAM afirmó que “Hay muchas preocupaciones, yo destacaría la de la gobernanza, y cuál es el planteamiento que hay detrás de la ley que es querer controlar al Sistema, querer controlar a los actores, querer controlar la agenda y los temas que se investigan en México. Es cambiar la gobernanza y diluir los órganos colegiados, omitir la representación de las universidades autónomas, es muy grave y debe ser una llamada de atención para la comunidad científica”.
SEM/MG
