Guadalupe Ramos Ponce*
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 18 de enero del 2023.- Se cumplen cinco años de que entró en vigor en enero de 2018, la ley contra la desaparición de personas en México y la tragedia humanitaria por la que atraviesa nuestro país sigue en aumento, con 109 mil personas desaparecidas hasta enero del 2023.
Hace cinco años se concretaron los esfuerzos de las familias buscadoras de personas desaparecidas para que en México entrara en vigor la ley en materia de desaparición forzada de personas. Sin embargo, el flagelo de la desaparición sigue creciendo y los mecanismos contemplados en la ley siguen desaparecidos también.
Entre los más importantes mecanismos contemplados en la ley están el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, así como el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los pocos mecanismos que se han instrumentalizado, tienen muchas deficiencias como es el caso de las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e investigación para personas migrantes desaparecidas.
De acuerdo a Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aunque existe el Protocolo Homologado de Búsqueda y otros instrumentos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MAIF), éste sigue sin aplicarse adecuadamente, en medio de la crisis de desapariciones en México.
La ley contempla una atención a la violación de derechos humanos que es básica y necesaria, pero lo que hace falta es la reglamentación y llevarla a cabo. “Una Ley General tiene una implicación de obediencia hacia todos los estados en México, con sus propias leyes estatales de desaparición; sin embargo, no ha habido esa coordinación para aplicarla, sigue estando ausente, lo que implica también que no esté implementado un protocolo homologado de búsqueda a conciencia, que no estén respetándose las leyes estatales y que no estén instaladas de manera efectiva las comisiones estatales de búsqueda en el sentido de su aplicación y sus resultados”, señala Edgar Chávez.
Las irregularidades, que señala el académico Edgar Chávez, van desde la debida diligencia en las investigaciones hasta la conformación de bases de datos fiables e información actualizada que privilegie, además, la búsqueda en vida en el caso de las personas que desaparecieron hace años y no lucen igual hoy, por lo que debería implementarse la actualización de los retratos progresivos de edad que permitan contar no solo con datos de genética forense.
“Si el principio de presunción de vida nos plantea que tenemos que buscar a las personas de forma inmediata, implementar una base de datos de personas desaparecidas debería ser la prioridad. Por supuesto que no podemos negar la crisis forense, y que las familias se han convertido en la mano de obra barata del Estado en ese tema; prácticamente les falta solo hacer la identificación a ellas: han establecido ya mecanismos, protocolos propios de seguimiento, de buenas prácticas”. Para Chávez, en 2022 llamó la atención que no existe un respeto y seguimiento al derecho a la búsqueda y a la seguridad de las personas. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre entre colectivos y familias. “Si no podemos garantizar que las familias no sean vulneradas, no podemos garantizar plenamente la búsqueda de personas desaparecidas”. Y se refiere específicamente a los brutales asesinatos de Ana Luisa Garduño Juárez, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Esmeralda Gallardo, Ulises Cardona Aguilar y María Carmela Vázquez, quienes buscaban a familiares desaparecidos y desaparecidas.
De acuerdo con el RNPDNO, 109 mil 898 personas permanecen desaparecidas o no localizadas, de las que el 74 por ciento son hombres y el 25 por ciento mujeres, la mayor cantidad de ellos en el rango de 20 a 34 años de edad y de ellas, en el de 15 a 19 años. Jalisco, Tamaulipas y Estado de México ocupan los primeros lugares en número de personas desaparecidas.
*Vicecoordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
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