*Chiapas en delantera contra el matrimonio forzado en infantes.
* Chiapas ocupa el tercer lugar nacional, después de Veracruz en embarazos en adolescentes
SemMéxico. Chiapas. 21 de abril de 2017.- Mientras que organizaciones de la sociedad civil de Campeche hacen un exhorto al Gobierno Federal para que a su vez, este llame a los estados para que presenten iniciativa para la eliminación absoluta del matrimonio infantil, en Chiapas quedó asentado en el artículo 10 de la reformada constitución local que sostiene que: “El Estado está obligado a adoptar medidas protectoras y procedimientos eficaces a favor de la niñez. Deberá proteger a la niñez contra el matrimonio y toda forma de unión forzada. Se prohíbe cualquier medio de trabajo, explotación y pornografía infantil; trata de personas”.
En el capítulo V “de los derechos la niñez y la infancia, artículo 10, de la reformada Constitución local señala que “ El Estado de Chiapas protegerá y garantizará a la niñez y adolescencia su derecho: en la educación, a la protección contra la explotación infantil, en cualquiera de sus formas: trabajo, matrimonio, pornografía, violencia, esclavitud, y prostitución, a tener una vida digna, libre de violencia física o mental, a la información y a expresarse libremente, a tener un hogar y una familia y a tener acceso a la cultura y las artes”.
En Chiapas la reforma contempló la protección a la infancia, y salvo la leyes reglamentarias, la entidad se coloca a la vanguardia al garantizar una vida sana, libre de violencia y de los matrimonios forzados, toda vez, que el exhorto nacional, dirigido al Presidente Peña, señalan que dicha agravio a las niñas, es calificado como grave violación a los derechos de la infancia y que se agudiza en algunas entidades, como Chiapas, y otras con población indígena, en las que se ha naturalizado bajo “usos y costumbres”, que en realidad constituyen prácticas patriarcales y que afectan el pleno desarrollo de las niñas.
Para ello, en Chiapas, desde el 2016 se elevó la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de niñas y adolescentes. La propuesta fue retomada y aprobada por el Congreso chiapaneco que reformó el Código Civil de Chiapas, haciendo requisito indispensable que los contrayentes sean mayores de edad.
Mientras tanto, datos del INEGI del 2015 señalan que en Chiapas hay un millón de niñas y adolescentes, de ellas, una de cada tres son indígenas, ubicadas en las regiones más pobres de la entidad, integradas por 17 municipios entre ellos la región altos: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andres Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinancantán, todos con un alto índice de población indígena.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México de entre 40 países miembros, es el que presenta el primer lugar en embarazos en adolescentes.
Chiapas ocupa el tercer lugar nacional, después de Veracruz en embarazos en adolescentes, y el índice más alto de embarazos en el Estado lo tiene el municipio de Villaflores. Municipio con 104 mil 834 habitantes, de los cuales 51 mil 663 son hombres y 53 mil 171 son mujeres, lo que corresponde al 50.71% de población femenina, contra 49.28% de los hombres.
De acuerdo a información de Salud, en el 2008 existían 16 mil 805 madres solteras, de los cuales 5 mil 160 dejaron la escuela. Y existe un 60 por ciento de muerte materna en mujeres menores de 15 años.
El exhorto que está circulando para que las y los interesados lo firme es impulsado bajo la firma de la periodista Argentina Casanova, activista, feminista e integrante de El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, argumenta la grave violación de los derechos humanos que representa dicho sometimiento al matrimonio forzado y/o convenido, digo yo, porque indica que ello priva a las niñas de educación, salud y perspectivas a largo plazo, lo cual contribuye a una cadena de empobrecimiento, explotación y abuso contra las mujeres desde temprana edad.
De tal suerte que “el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche hace un llamado a los Gobiernos de los Estados, y a la Comisiones de Igualdad de los Congresos de los Estados, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la incorporación al Código Civil de la prohibición explícita de toda dispensa que permita el Matrimonio Infantil en el territorio estatal, y la armonización de todas las leyes secundarias que garanticen esta norma.”
El matrimonio infantil, explica en la argumentación, limita el acceso a la educación, servicios médicos, incrementado el riesgo de muerte materna y las condiciones de abuso y explotación en el trabajo infantil para las niñas. En México, según registros oficiales, en el 15% de los matrimonios celebrados en 2011 participaron niñas de entre 12 y 18 años.
Bajo esa argumentación, y que Chiapas registra muy bien, Casanova, llama al Gobierno Federal a que exhorte a todos los estados a presentar la iniciativa para la Eliminación absoluta del Matrimonio Infantil, especialmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, donde esta práctica existe.
En Chiapas, la sociedad espera del congreso la reglamentación al respecto. Estaremos pendientes.
