Amnistía Internacional y el despacho Jurídico San Ángel, entre otras 35 organizaciones acompañaron la defensa
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de julio, 2024.- Después de siete años terminó la persecución judicial injusta a la que fueron sometidas integrantes de la Mesa Directiva de la Colonia Maya en San Cristóbal las Casas, Chiapas, al determinar la Fiscalía de Distrito Altos el 17 de mayo de 2024 “el no ejercicio de acción penal que se les seguía por defender su territorio”.
La comunidad defendió su territorio, pues en 2016 sus casas se inundaron por la devastación provocaba por la construcción de un fraccionamiento, en una zona de conservación ecológica conocida como La Moraleja, ubicada en la Colonia Maya.
Protestaron ante las autoridades y ante el poco caso construyeron una zanja y 10 pozos de filtración para evitar las inundaciones, por lo que fueron acusados de pandillerismo, ataques a la vía pública y daños a la propiedad. Posteriormente en el 2018 les sumaron el delito de secuestro.
Las defensoras y defensores de derechos humanos Elizabeth Del Carmen Suárez Díaz, Miguel Ángel López Martín, Lucero Aguilar Pérez, Eustacio Hernández Vázquez, Martín López López y Ramón Nicolas Díaz enfrentaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía, con orden de aprehensión, pero en realidad fue un ataque a toda la comunidad de la Colonia Maya que sólo defiende su territorio.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Mesa Directiva constituidos en el colectivo LAMAYA, junto con Amnistía Internacional, la Red de Defensoras del Agua y Territorio y el despacho Jurídico San Ángel, entre otras organizaciones que los han estado acompañando en su lucha, informaron de la determinación de la Fiscalía de Distrito Altos de la no acción penal ya que carecían de pruebas.
Amnistía Internacional celebró que haya terminado la persecución judicial contra las y los defensores del territorio que luchan en defensa de un ambiente sano y padecieron siete años de desgaste físico y emocional, y que fueron estigmatizadas por elevar la voz en demandas legítimas, como lo hizo saber Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva.
Agregó que su lucha es conocida en diversos países gracias a la difusión que le han dado diversas secciones de Amnistía Internacional y ese apoyo continuará.
El derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas.
“La persecución contra las personas defensoras de la Colonia Maya no debió ocurrir, expresó Edith Olivares y convocó a las autoridades para que atiendan las recomendaciones incluidas en el Informe Tierra y ¿Libertad?, dado a conocer en septiembre de 2023. Entre ellas, que revisen los tipos penales documentados en él para adecuarlos a estándares internacionales de forma que no sean utilizados en contra de las personas defensoras.
Amnistía Internacional recuerda que las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Además, antes de interponer medidas cautelares contra éstas las autoridades deben considerar los efectos negativos que pueden causar en su labor y en sus otros derechos humanos.
También deben reconocer el derecho de las personas defensoras a intervenir en los asuntos que competen a sus comunidades y la labor que realizan, así como darles la protección debida a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
El informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, incluye otros casos en los que se documenta el uso desproporcionado del sistema penal como en Zacatepec, Puebla, en el que personas defensoras nahuas, protestaron por la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
Detalla el caso de Chilón, Chiapas, en donde personas defensoras tzeltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y refiere el caso de Sitilpech, en Yucatán, donde pobladores de esa localidad se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
