El 10.5 % de la población del país vulnerable al maltrato y abuso en la vejez.
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 15 de junio 2019.- En un país como México donde más de 10.5 % de la población total, es decir 12.6 millones de personas son adultas y adultos mayores de 60 años, el abuso y maltrato en la vejez es un problema de salud pública y social que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las víctimas.
El abuso y maltrato en la vejez son delitos que por lo general no se denuncian debido al vínculo familiar entre la persona que agrede a la víctima.
Por lo que en el marco Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que es el 15 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado al estado mexicano para que se firme y ratifique la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
Con esta firma las autoridades estarán obligadas a armonizar las normas vigentes con su contenido y a implementar mecanismos para garantizar su cumplimiento, incluyendo la asignación de recursos económicos suficientes.
El organismo nacional también hace un llamado a la sociedad y autoridades a fortalecer el papel de las familias como núcleo de desarrollo de las personas mayores, y la capacitación de las y los cuidadores informales en materia de derechos humanos y trato respetuoso hacia esa población.
La CNDH precisó entre las causas por las que no denuncian el abuso y el maltrato las personas mayores es por la dependencia económica y física de la persona mayor respecto de quien genera la violencia, o la falta de acceso a las instancias de procuración de justicia.
Tan sólo en un periodo de enero de 2014 al 29 de febrero de 2016, la CNDH recibió 34,200 denuncias por delitos contra las personas mayores, de las cuales 57% se inició por delitos de despojos patrimoniales como despojo, robo a casa habitación, fraude, y daños en propiedad privada, entre otros.
De esas denuncias 16% por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4% homicidio y, en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad.
Los datos que publicó el organismo nacional en febrero de este año en su Informe Especial sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Para este Organismo Autónomo, el maltrato o la falta de acción apropiada que producen daño físico, psicológico o sexual contra las personas mayores, en la mayoría de los casos se comete por integrantes de su círculo más cercano, como el o la cónyuge, hijos o hijas, nietos o nietas, nueras, yernos y cuidadores.
Por lo que demanda la necesidad de fortalecer y profesionalizar la vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados para garantizar la integridad, dignidad y seguridad de las y los usuarios.
Así como promover la capacitación de su personal y gestionar que se incorporen los enfoques de derechos humanos, de ciclo de vida, de género y la transversalidad como ejes rectores de la legislación, políticas públicas, planes, programas y cualquier medida dirigida a la población de 60 años en adelante.
Por lo que respecta a las personas mayores LGBTTTI quienes suelen enfrentar estigmas y prejuicios indebidamente asociados con su edad, cuya situación las coloca en riesgo de aislamiento social, violencia y pobreza, incluso muerte prematura, señaló que es preciso diseñar e implementar estrategias integrales y acciones diferenciadas para combatir estereotipos, exclusión y agresiones en su contra a causa de su identidad y expresión de género o su preferencia sexual.
Sobre la necesidad de firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos de las Personas Mayores recordó que México asumió en 2015 los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En su Objetivo 16 establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, para reducir todas las formas de violencia, generar en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de las personas mayores.
Así como promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
La Comisión Nacional destaca que la educación en y para los derechos humanos son las vías idóneas para combatir la violación sistemática de los derechos de ese sector de la población, que entre mejor los conozca podrá identificar las violaciones a los mismos y contar con herramientas para exigir su cumplimiento.
Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, como una forma de visibilizarlo y exhortar a combatir los sufrimientos infligidos a las generaciones mayores.
