- Presenta legisladora Cony Rueda informe de actividades y cuestiona aprobación de leyes retrógradas
- Aprobaron que el próximo gobierno estatal sea solo de dos años, “porque toca mujer”.
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 30 de septiembre, 2024.- La LXV Legislatura local quitó “tristemente” los derechos a las mujeres, señaló la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez al referirse a la reforma al Artículo 25 Constitucional que establece que el próximo gobierno estatal tendrá una duración de dos años y que fue aprobada en diciembre del año pasado, así como el decreto 1511 que atentaba contra los derechos de las mujeres indígenas, que se logró abrogar.
Al presentar un informe de su trabajo en esta legislatura, pero que habrá de continuar en la próxima, refirió que el patriarcado sigue vigente dentro de la estructura del legislativo local, que pese a tener una mayoría de mujeres, aprobó dicho ordenamiento, aunque, aclaró, que ella y cuatro integrantes más votaron en contra de la reforma propuesta por el gobernador Salomón Jara Cruz, contra 33 votos a favor.
Rueda Gómez explicó que desde el principio consideró esta ley como un retroceso a los derechos políticos de las mujeres, porque de concretarse la reforma de la alternancia, perjudicaría a las mujeres “porque tocaría a una mujer gobernar por dos años”.
Sin mencionar sus nombres, se refirió a dos ex diputadas locales, la ex priista Mariana Benítez Tiburcio, hoy diputada federal por Morena, y a la actual senadora Luisa Cortés García, quienes han mencionado su interés en la gubernatura de Oaxaca, “aunque sea solo de dos años”.
Aunque la mayoría de las integrantes de esta legislatura que este lunes clausura el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio legislativo, dejan una deuda a las mujeres y ellas mismas se auto-bloquean, porque no sólo afecta a las mujeres que se dedican a la política sino a todas las oaxaqueñas, dice la legisladora Rueda Gómez quien recordó que quien sea designada pasará a la historia como la primera gobernadora del Estado, pero sólo tendrá ese privilegio por dos años.
Esta no es una crítica personal ni a su carrera política, sostiene en entrevista la diputada, “simplemente no entendí cuando hicieron esta propuesta que nos limita y señala desde antes que las mujeres no pueden” y cuyo costo se llevan quienes votaron a favor de esa reforma que violenta los derechos políticos de las oaxaqueñas.
Es un escenario preparado, donde las mujeres fueron usadas, yo no creo que la iniciativa haya sido de ellas, sobre todo cuando una de ellas se dice feminista, acusó la legisladora en referencia a la actual diputada federal Benítez Tiburcio. “No estoy en el fondo de la olla, como la cuchara, para saber porque se menean de esa forma, el punto es que dañan el trabajo de cualquier mujer”.
También aseguró que no hay ningún ahorro en la reforma, una de las justificantes que manejaron fue que se trata de “emparejar la elección de gobernador con las elecciones federales, porque de todos modos se tendrán que hacer, en un lapso de dos años, dos elecciones en Oaxaca, con un costo cada uno que supera los 300 millones de pesos.
“La reforma obstaculiza el avance político de las mujeres y tiene relación con el miedo a enfrentarnos con los hombres, ellos han controlado la política mexicana desde el principio o desde la Republica, generalmente cuando estamos en puestos políticos, la gran mayoría llega por apoyo de hombres, yo creo que soy de las pocas mujeres que estamos en esto apoyadas por otra mujer”, indicó en relación con la senadora Susana Harp Iturribarría de quien ha sido su suplente en el Senado de la República.
Rueda Gómez como lo hizo con la abrogación del decreto 1511 que posponía la paridad en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, en relación con la reforma al Artículo 25 de la Constitución Política local también la impugnó, sin embargo, señala que aún no tiene resultados y mucho tiene que ver por la reforma Judicial, sin embargo, espera que se concrete y se pueda echar abajo en próximas fechas.
Recientemente, la legisladora también alzo la voz en contra de la pretensión de aprobar la “paridad modulada” que buscaba retrasar la participación política de las mujeres en municipios que se rigen por sistemas normativos internos.
De las tareas desarrolladas en los tres años como integrante de la LXV Legislatura, Rueda Gómez destacó su agenda legislativa a favor de los derechos políticos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, de personas migrantes, así como de las infancias y adolescencias.
Dijo que, de las 80 iniciativas y puntos de acuerdo presentados, 13 iniciativa se reforma fueron aprobadas y pasaron 30 puntos de acuerdo, en los tres años de gestión que concluyen en noviembre próximo.
Destacó la iniciativa de creación de la Defensoría Pública para Personas Migrantes, mediante la cual se reconoce el derecho humano de las y los migrantes a recibir asesoría, defensa y representación legal por parte de un defensor público.
La ley Monzón (en Oaxaca) mediante la cual los padres vinculados a feminicidio pierdan la patria potestad de sus hijos e hijas. Y destacó la aprobación de la Ley 3de3, que se llevó tres años en ser aprobada en Oaxaca, mediante la cual los agresores sexuales, deudores alimentos y violentadores no podrán ocupar cargos púbicos.
Aunque reconoció que aún queda mucho por hacer frente al cinismo de algunos funcionarios que siguen ocupando cargos de elección popular o como servidores públicos, “solo nos resta seguir denunciando hasta que se cumpla la ley”.
En ese sentido, dijo que el pasado miércoles las legisladoras impidieron que un diputado considerado como violentador fuera asignado como integrante de la Comisión Permanente, dijo en referencia al diputado local suplente Lenin Jiménez Hernández, quien fue acusado por las diputadas Lizbeth Arroyo Rodríguez y Adriana Altamirano Rosales de haber actuado con violencia cuando era “asesor” del ex diputado local Luis Alfonso Romo, actual senador de Morena.
Por último, se refirió a la Reforma Constitucional que reconoce el uso de la medicina tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el tratamiento de enfermedades y el mejoramiento de la salud, que aseguró se sigue empleando en unas 10 mil comunidades oaxaqueñas.
SEM/sj
