Guerrero: Trabajadoras del Cejum de Tlapa siguen en paro

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  • El gobierno del Estado les adeuda siete meses de sueldo
  • Temen despidos

Isabel Ortega Morales

SemMéxico/Ceprovysa, Tlapa de Comonfort, Gro., 9 de diciembre, 2024.- Poco más de 33 mujeres que componen el Centro de Justicia de las Mujeres, Cejum, y de Programas para Abatir Matrimonios Infantiles de Ometepec, Ayutla de los Libres y Chilpancingo, continúan en paro indefinido de actividades por falta de pago de salarios desde junio pasado por parte del gobierno estatal.

“Se nos está violentando laboral, económica, institucional, emocional, la situación la hemos soportado por 7 meses”, señala la psicóloga Angélica Gálvez Calixto quien sostiene que el paro se da justo dentro de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

Once mujeres y tres hombres permanecerán en paro el tiempo necesario, hasta que se resuelva el pago a las trabajadoras del Cejum y del programa para Abatir Matrimonios Infantiles

“Allá arriba hablan de resultados y es gracias a nosotras que somos las primeras respondientes de estas acciones, es una incongruencia que se hable de resultados y avances, como la estrategia de uniones forzadas, la atención a estas violencias y estemos vulneradas en nuestros derechos”, agrega la psicóloga.

Las trabajadoras de este Cejum señalan que las responsables de los programas para Abatir Matrimonios Infantiles no cuentan ni con salario ni con viático para realizar su función en la agreste zona de la Montaña y Costa Chica, así como en la región centro.

Por ello, agregan, “decidimos levantar la voz” porque “son siete meses sin salario” y esa es una violencia también, indican.

La abogada Yuridia Ibarra Portillo señala que el Cejum cuenta con dos abogadas y un abogado, cada quien lleva 55 procesos legales y lamentan que este paro provoque que “mujeres usuarias de servicios de atención a víctimas de violencia queden en vulnerabilidad”.

“No hay sensibilidad, ni empatía con esta situación” que estamos viviendo al no contar con un salario.

Amidelli Reyes Marino, abogada, señala “hemos sido meticulosas de girar oficios a las dependencias antes de llegar a este punto, pero como dicen mis compañeras, ya es demasiado, hemos pedido prestado a veces hasta nos ven mal porque decimos te pagamos en cuanto nos paguen, pero ¿cuándo va a ser eso si no tenemos respuesta alguna?”, se lamenta.

No tuvimos alternativa, por eso que levantamos la voz, para subrayar que en pleno siglo XXI se nos esté violentando desde las instituciones de gobierno.

Piden pago y no ser víctimas de represalia

“No hay sensibilidad, no hay empatía con esta situación, pese a las consecuencias de enfrentar un despido, señala la abogada Amidelli Reyes Marino.

Angélica Gálvez Calixto, psicóloga dice que entienden que Guerrero está afectado por los huracanes Otis y John, sin embargo, agrega “sabemos del apoyo del gobierno federal para atender a las y los afectados” y, por otro lado, apuntó que sus servicios profesionales estaban contemplados dentro de un presupuesto ¿no sé por dónde se habrá fugado ese dinero? porque ya había un recurso asignado para el Centro de Justicia, para estos programas.

En estos días en que se reflexiona sobre la violencia contra las mujeres, alzamos la voz, nosotras como trabajadoras y esperamos que nuestras demandas, no sean sinónimo de represalias, que nos castiguen, no queremos que nos rescindan el contrato, lo que estamos haciendo es una lucha justa que llegará hasta donde tenga que llegar, estamos haciendo valer nuestros derechos”.

Sin seguridad, sin alumbrado público, sin transporte y amenazas

Para llegar al Centro de Justicia hay dos caminos, uno que cruza la que fue Ciudad de las Mujeres, el Cuartel de la Policía Estatal y un gran tramo en despoblado en camino de terracería; otro más que toma la carretera a Puebla y entra por el poblado de Tlatzala, cuenta con un tramo pavimentado, otro en terracería y una gran zona en despoblado. Esas condiciones provocan inseguridad, ya que el transporte es escaso y existen tramos que cruzan a pie.

Asimismo, hasta el 2023 el Ayuntamiento de Tlapa les había proporcionado un elemento de seguridad que fue retirado al ser notificadas que había recorte de personal, por lo que acudieron a la policía estatal que les proporcionó un elemento y sin mediar explicación les fue retirado.

Las profesionistas agregan que requieren apoyo de seguridad en virtud de que los agresores de las mujeres han arribado hasta el Centro de Justicia de las Mujeres para agredir a las víctimas.

No tiene servicio de luz en la calle lo que provoca inseguridad y explican que el pasado miércoles apareció un letrero con una advertencia: “PONGAN LÁMPARAS NO ESPEREN QUE PASE ALGO MALO”.

Antecedentes

El Centro de Justicia para las Mujeres de Tlapa para la Región de la Montaña fue fundado el 26 de noviembre de 2013 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el contexto del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo la premisa de que “México ya no puede tolerar más violencia contra la mujer, ya basta de violencia que lamentablemente sufren mujeres especialmente de esta zona de pobreza y marginación”.

Posicionamiento

Las y los trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres suscribieron un posicionamiento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, en el que les recuerdan el trabajo que realizan:

El programa tiene presencia en las regiones Montaña, Costa Chica, Ayutla de los Libres y Centro, brinda atenciones directas en trabajo social, atención jurídica, atención psicológica, psicología infantil, albergue, centros de justicia para las mujeres, prevención de matrimonio infantil, entre otras, para las mujeres, adolescentes, niñas y niños que atraviesan episodios de violencias y violencias extremas de diversas regiones con municipios y comunidades indígenas de nuestro Estado.

Las profesionistas que atendemos en el Cejum, somos las primeras respondientes. Sin embargo, es contra nosotras que se ejerce violencia económica y psicológica en el ámbito institucional, al anularnos como sujetas de derechos y acceso a un salario digno en tiempo y forma correspondiente”.

SEM/iom/sj

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