- Se establecen medidas que deben ser consideradas a nivel global
- En América Latina y el Caribe, 5 de cada 100 niñas fueron madres en 2021
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 22 de enero, 2025.- El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual por negar el acceso a la interrupción del embarazo.
El Movimiento Son Niñas, No Madres celebró la condena histórica por la violación a los Derechos Humanos de Norma, Lucía y Susana, las tres niñas que fueron forzadas a la maternidad al establecer medidas históricas que deben ser aplicadas a nivel global.
Estas medidas implican modificar la legislación en materia de embarazos producto de violencia sexual para el acceso al aborto; acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores y reparación integral para las sobrevivientes; así como capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual. Aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes y apoyo para retomar sus estudios.
El movimiento Son Niñas, No Madres, quien inicio la estrategia de litigio internacional desde 2019, hace un llamado al gobierno de Ecuador para que de manera urgente formule una hoja de ruta, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, para que inicie la implementación de estas medidas y entren en vigor de forma inmediata.
En lo que respecta a Nicaragua, el movimiento Son Niñas No Madres hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que le exija al gobierno de Nicaragua el cumplimiento de las condenas y refuerce los mecanismos de monitoreo, demandando al Estado la presentación de datos verificables y transparentes sobre la situación de las niñas, y la modificación de los marcos legales para garantizar los derechos y servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo.
A estas decisiones se suma la condena que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió contra Perú el 13 de junio de 2023, también resultado de la estrategia de litigio internacional llevada a cabo por el Movimiento Son Niñas, No Madres, frente al caso de Camila, quien, a los 13 años, después de sufrir violaciones reiteradas por parte de su padre, fue forzada a continuar su embarazo y posteriormente criminalizada después de sufrir un aborto involuntario.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció que Ecuador y Nicaragua les vulneraron a las sobrevivientes sus derechos a la vida y vida digna, a interponer recursos efectivos ante la justicia, a no sufrir tortura ni tratos crueles e inhumanos, a la vida privada, a la información, y a la igualdad y no discriminación.
Norma, Lucía y Susana fueron forzadas a convertirse en madres cuando eran niñas. Sus agresores eran personas que debían protegerlas y que jamás pagaron por el gravísimo delito que cometieron. Un grupo de organizaciones “Movimiento son niñas no madres” decidió unirse para protegerlas, los casos fueron llevados a las Naciones Unidas en 2019 con la esperanza de que ninguna otra niña sea obligada a abandonar su niñez.
Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo.
Esta condena abre un camino para hacer extensiva la justicia que obtienen hoy Norma, Susana y Lucía a miles de niñas en todo el mundo, pues la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por primera vez, el Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna. Además, señaló expresamente que negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género basados en la función reproductiva de la mujer y constituye una forma de discriminación interseccional basada en el género y la edad.
En América Latina y el Caribe, 5 de cada 100 niñas fueron madres, en 2021
Las historias reflejan la desprotección y violencia a la que las niñas de la región se han visto sometidas y son el rostro de una epidemia que crece. América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo, pues según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cinco de cada 100 niñas de la región se convirtieron en madres en 2021.
Alrededor del 20 % de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos de los casos se trata de violaciones repetidas. Se estima que el 80 % de las violaciones en América Latina y el Caribe tienen como víctima a una niña de entre 10 y 14 años (CIDH, 2019).
Aunado a la mortalidad materna que es una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes en la región de las Américas (OPS, 2017).
El Movimiento Son Niñas, No Madres es una coalición conformada por más de una decena de organizaciones que trabajan para informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos.
Vida digna y libre de violencias para las niñas
“Hemos decidido llamar a estas históricas condenas ‘Las Decisiones Niñas No Madres’ porque no solo queremos que la gente las conozca, sino que se reconozca que son producto de la valentía de Norma, Susana y Lucía. Buscamos, sobre todo, que se garantice lo que exigen: que las niñas nunca sean obligadas a abandonar su niñez por enfrentar embarazos y maternidades forzadas, y que se les respete el derecho a vivir una vida digna y libre de violencias”, afirmaron las organizaciones parte del movimiento: Surkuna (Ecuador), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala) y Promsex (Perú).
“Estas condenas son un triunfo mundial de la lucha feminista por la autonomía reproductiva, en este caso, en nombre de las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Cuando son forzadas a ser madres, no solo hay una revictimización de las niñas, sino que se pone en riesgo su salud y sus proyectos de vida. El aborto es un servicio esencial de salud y debe ser garantizado como tal”, declaró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta regional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones colitigantes del movimiento.
“El sistema de derecho internacional ha puesto en el centro de estas condenas las necesidades de las niñas, especialmente aquellas que enfrentan mayores barreras o que se han visto sin opciones por normas restrictivas que las dejan sin opciones frente a una maternidad forzada.
Hoy más que nunca seguiremos ofreciendo herramientas para que todas las personas puedan demandar a los Estados condenados que rindan cuentas sobre los avances en la implementación”, agregó Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento.
El movimiento fue fundado por Planned Parenthood, el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. Son niñas, no madres, hoy está conformado por más de una decena de organizaciones de toda la región de las Américas para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.
SEM/em/sj
