El gobierno de México necesita convencer a Washington de su compromiso en la lucha contra el narco y también debe evitar que este tipo de presión se convierta en una herramienta permanente de chantaje económico.
SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero, 2025.- Quedó en pausa la guerra comercial entre Estados Unidos y México, pero con una condición que suena menos a diplomacia económica y más a ultimátum geopolítico: el gobierno de México tiene un mes para demostrar que está rompiendo sus vínculos con el crimen organizado y deteniendo la migración ilegal hacia su país. Si no lo hace, los aranceles, que están en la mesa de negociación, se activan.
Fue el pasado 1 de febrero cuando la Casa Blanca emitió una comunicación en la que se informaba que la imposición de tarifas arancelarias a México y Canadá derivan, entre otras cosas, de la omisión de estos dos países por combatir el trasiego de droga.
«Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles». se puede leer en el sitio oficial www.whitehouse.gov
A primera vista, la estrategia suena novedosa. En lugar de desplegar sanciones individuales o presionar con la diplomacia tradicional, la Casa Blanca ha decidido que la corrupción y la violencia del narco también deben tener un costo comercial. El planteamiento es claro: si México no controla el crimen organizado, su economía pagará las consecuencias. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias indirectas de esta medida?
El problema es que este no es un plazo para cumplir con reformas de gran alcance o estrategias de seguridad con resultados graduales. Es una exigencia de resultados inmediatos. Y eso enfrenta al gobierno mexicano con un dilema: ¿qué evidencia puede presentar en 30 días que convenza a Washington de que la situación está cambiando? No hay una métrica sencilla para medir la desvinculación del crimen organizado de la política y sus instituciones.
Más aún, la imposición de aranceles como herramienta de presión en asuntos de seguridad interna crea una lógica de incentivos perversa: si México responde con medidas visibles pero superficiales, Washington podría considerar la estrategia un éxito y expandirla a otros rubros. Pero si el gobierno mexicano fracasa o se resiste, las represalias podrían ir mucho más allá de los aranceles. Un ejemplo de ello, es lo dicho por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien no descarta una posible intervención militar en México, luego de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva que designa a varios cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como «terroristas extranjeros».
El uso de aranceles para presionar en temas de seguridad abre una caja de Pandora. Por un lado, genera un incentivo para que el gobierno mexicano realice operativos rápidos y mediáticos contra ciertos grupos delictivos, incluso si estas acciones no abordan de raíz la problemática. Un aumento en detenciones de alto perfil podría satisfacer la sed de la Casa Blanca en el corto plazo, pero también podría fomentar una respuesta violenta por parte del crimen organizado, agravando la inestabilidad que ya prevalece en algunas regiones. ¿Está listo el gobierno mexicano para ello?
Por otro lado, esta medida también crea un incentivo para que liderazgos políticos en sus diferentes niveles del gobierno abran una negociación con grupos criminales de manera opaca, buscando garantizar un periodo de «paz» aparente mientras dure la evaluación de Washington. Esta lógica ha sido observada en otros contextos, en donde gobiernos han pactado con actores criminales para reducir la violencia en momentos políticamente sensibles. ¿La pax narca ayudaría a pasar el examen?.
Este tipo de política comercial coercitiva ya ha sido aplicada antes, aunque con otros objetivos. Estados Unidos ha usado aranceles para castigar violaciones a derechos humanos, problemas laborales o políticas ambientales laxas. Lo novedoso aquí es la aplicación de esta estrategia a la gobernanza interna y la seguridad de un país vecino.
La historia sugiere que este tipo de presión comercial tiene un éxito mixto, aunque medido en otras latitudes. En algunos casos, las sanciones han servido para disuadir ciertas prácticas abusivas, como en el caso de China y los productos manufacturados con trabajo forzado. En otros, han generado resentimiento sin lograr cambios sustanciales, como con las sanciones comerciales a Rusia antes de la guerra en Ucrania.
En el caso de México, el reto es doble: por un lado, el gobierno necesita convencer a Washington de su compromiso en la lucha contra el narco; por el otro, debe evitar que este tipo de presión se convierta en una herramienta permanente de chantaje económico. El experimento no es sencillo, pues la espiral de violencia marca una tendencia creciente. Tan sólo en el primer mes de este año se han registrado oficialmente 2 mil 037 homicidios dolosos.
En los próximos 30 días, lo que está en juego no es solo el comercio entre México y Estados Unidos, sino el precedente que esta estrategia pueda sentar para el futuro. Si la Casa Blanca logra su objetivo sin consecuencias económicas severas, podría expandir el modelo a otros países o conflictos. Si México resiste o las medidas fallan, la relación bilateral podría entrar en un ciclo de tensiones comerciales y diplomáticas prolongadas.
El gobierno mexicano tiene un mes para responder. Pero lo que Washington está exigiendo es un cambio que no se mide en días, sino en décadas. La pregunta es: ¿qué pasa cuando un problema estructural choca con una política de resultados inmediatos? En 30 días, conoceremos la primera respuesta.
