- La elección del 1 de junio es la consolidación del control político del nuevo régimen que ha conquistado la hegemonía ideológica en la sociedad mexicana
- El problema de fondo no es cuántas personas votaron o cuanto se gastó, porque los elegidos no representan al pueblo
Rosario Serrano*
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de junio, 2025.- El dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores examina el significado de la votación del primero de junio, una mascarada que hizo evidente es la consolidación del control político del nuevo régimen que se construyó desde el triunfo de López Obrador en 2018 y que se fortaleció con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, incluso con una mayoría superior a la de AMLO. Este nuevo régimen ha conquistado la hegemonía ideológica en la sociedad mexicana.
Rosario Serrano: ¿Qué balance haces sobre el resultado de la elección del Poder Judicial, tomando en cuenta tu declaración previa explicando la posición del PRT sobre dicha elección (*)
Edgard Sánchez: Yo destacaría, en el balance crítico general, que el problema principal no es, como algunos señalan, el nivel de abstención, o el gasto del proceso electoral (unos diciendo que fue un gasto excesivo, otros que fue insuficiente lo otorgado al INE). El tema de fondo a debate es que, esta elección del Poder Judicial se ha presentado —por el gobierno y sus partidarios— como un paso importante hacia la democratización del país.
Por supuesto, lo dicen en contraposición al viejo poder representado por el PRIAN. Como mencionamos en la primera entrevista, el Poder Judicial actual es indefendible. Ha estado marcado por la corrupción, el clasismo y al servicio de los intereses neoliberales del PRIAN. Eso no está en duda.
Y para el gobierno, sacar a esos representantes del antiguo régimen del Poder Judicial es un paso importante. Especialmente porque han sido un obstáculo para las reformas legales y políticas del gobierno. Sin embargo, esto no significa democratización del Poder Judicial. No se trata de que ahora el Poder Judicial represente al pueblo por medio del voto popular o de candidaturas ciudadanas, como se quiere hacer ver.
El mito de la «ciudadanía neutral» ha estado presente desde la consolidación del neoliberalismo, pero sabemos que todas las personas tienen posiciones políticas y de clase. No existen los ciudadanos neutros, como «arcángeles sin sexo». Entonces, estas candidaturas supuestamente ciudadanas, al no ser postuladas o estar ligadas abiertamente a partidos, pretenden ser neutrales, pero en realidad en esta sociedad de clases, de todos modos, responden a una línea política y a un interés de clase. Por eso explicamos en la anterior entrevista que como PRT no planteábamos una fórmula de votación ni había manera de dar un voto representativo de la clase trabajadora.
Lo que ha ocurrido es la consolidación del control político del nuevo régimen que se construyó desde el triunfo de López Obrador en 2018 y que se fortaleció con el triunfo de Claudia Sheinbaum en 2024, incluso con una mayoría superior a la de AMLO. Este nuevo régimen ha conquistado la hegemonía ideológica en la sociedad mexicana (**).
Rosario Serrano: ¿Qué quieres decir con un nuevo régimen político?
Edgard Sánchez: Sin romper con el Estado capitalista, para lo cual se necesitaría una revolución social, la forma de dominación política de la burguesía puede variar dependiendo de cambios en la relación de fuerzas.
Desde el PRT caracterizamos que el régimen surgido de la Revolución Mexicana en tanto «revolución interrumpida» se mantuvo en el marco del capitalismo, ejemplificado en el respeto a la propiedad privada consagrada en la Constitución de 1917, pero dio paso a un régimen de bonapartismo sui géneris especialmente desde el sexenio del general Cárdenas. Ese régimen político es el que popularmente conocimos como el PRIATO, el régimen del PRI de dominio transexenal durante 70 años. El repudio al PRI, a nivel social fue creciendo, especialmente desde el 68, hasta la crisis de 1988 en que se abrió paso a un nuevo régimen político, el de la oligarquía neoliberal, representado por el PRIAN.
Es decir, cada cambio en el régimen político (ante la ausencia de una verdadera revolución social) implica un cambio en el sector hegemónico de la clase dominante en el marco del Estado capitalista.
Lo que vemos en México, entre el triunfo de AMLO en 2018 y el de Claudia Sheinbaum en 2024, es un nuevo régimen político en el marco del Estado capitalista. Este régimen político del partido Morena, que ellos llaman de la 4T, es similar a otros surgidos en América Latina identificados políticamente con la corriente progresista. El progresismo tiene este discurso antineoliberal pero que una vez en el gobierno mantiene las principales políticas neoliberales en la medida que se mantienen en el marco del Estado capitalista. Sólo una política anticapitalista puede ser consecuentemente antineoliberal.
El nuevo régimen que representa a un nuevo sector hegemónico de la clase dominante busca hegemonizar, controlar, todas las instancias del poder: ya controla el Ejecutivo, tiene mayoría calificada en el Legislativo, y ahora busca el control del Poder Judicial, que era el último bastión donde permanecían representantes del viejo régimen.
Rosario Serrano: Entonces, ¿consideras que esta elección del Poder Judicial fue un mecanismo para tomar ese control?
Edgard Sánchez: Así es. El objetivo fue el control político del Poder Judicial. En realidad, cada nuevo régimen político precisamente porque significa un cambio en el sector hegemónico de la clase dominante, busca lograr la hegemonía sobre esas tres instituciones del Estado (además del aspecto central que es la hegemonía ideológica en la sociedad). Constitucionalmente está asegurado por el mecanismo de que el Ejecutivo propone al Legislativo a los integrantes del Judicial.
De hecho, AMLO en su momento sustituyó a algunos integrantes del Judicial con este procedimiento (por ejemplo, Lenia Batres llegó así a la SCJ, desde antes de esta elección). Ciertamente el caso más escandaloso de este control de la SCJN por medio de este mecanismo fue el realizado por Zedillo en su momento al despedir a todos los integrantes y sustituirlos por completo. Pero ese mecanismo constitucional siempre ha estado ahí. De hecho, al inicio de su gobierno, Lázaro Cárdenas también lo hizo para deshacerse de la influencia del callismo. Para no repetir la mala imagen de Zedillo y fortalecer el relato de que “no somos iguales”, este gobierno optó por el voto universal para dar la imagen de una consulta popular y un mecanismo democrático.
Supuestamente un mecanismo que fuera representativo del pueblo, de la voluntad popular.
En realidad, se ha constituido como una operación para tomar el control político del Poder Judicial y avanzar hacia lo que hemos llamado el principal riesgo posterior al triunfo de Sheinbaum: la consolidación de un nuevo partido de Estado, como lo fue en su momento el PRI. Un partido de Estado con control total sobre los tres poderes de la Unión, hegemonía ideológica, y dominación política y material.
Rosario Serrano: ¿Y cómo se logró ese control sin contar con candidaturas partidistas visibles?
Edgard Sánchez: Justamente porque se diseñó un proceso que aparenta ser ciudadano, sin participación abierta de los partidos. Pero como ya hemos dicho, todas las personas tienen posiciones políticas.
El primer paso del operativo fue registrar candidaturas afines al gobierno. En vista de la debilidad de Morena como partido, como institución autónoma (es el partido del gobierno pero en realidad un partido que depende del gobierno, del régimen, por medio de funcionarios, gobernadores, alcaldes, senadores o diputados en sus respectivas áreas de control) desde el gobierno y la administración pública promovieron y en algunos casos instruyeron a abogados y abogadas (afines políticamente al gobierno o integrados a la administración) a que se inscribieran para participar con candidaturas a la elección. De esta manera se logró que miles de personas, ya identificadas con el gobierno y con experiencia en la administración pública, aunque no fueran del Poder Judicial, se registraran como candidatas.
De todos modos, habría varios filtros legales que además de comprobar los requisitos evitara que personas claramente ligadas a la anterior administración quedaran inscritos
Rosario Serrano: ¿Y cómo se impulsó el voto por estas candidaturas?
Edgard Sánchez: En primer lugar, porque estos mecanismos y las formas aprobadas de proselitismo al no haber candidaturas partidistas explícitas, obligó a estas personas a negociar y acordar el apoyo de los llamados liderazgos locales, es decir las estructuras de Morena y del gobierno en cada lugar.
Ellas fueron las encargadas de identificar votantes, explicarles a quién apoyar en sus distritos, y movilizarlos. En segundo lugar, por lo que podemos llamar la «operación acordeón». El acordeón, o sea la lista de candidaturas afines al gobierno, por las que se debería votar fueron decisivas para el resultado. Por supuesto, no me refiero al acordeón o lista hecha a mano que alguna persona habría diseñado para su uso personal hurgando entre las miles de candidaturas registradas para expresarlas en las seis boletas de votación. Me refiero a miles de listas impresas -los acordeones- que indicaban a quién votar según el distrito y el cargo.
Eran listas organizadas, sistemáticas y alineadas con el gobierno. Como si fuera la lista plurinominal por la que un partido llama a votar en una elección constitucional. Pero en una elección al Poder Judicial en que se supone no deberían intervenir los partidos ni el gobierno. Siendo una elección tan complicada con tantas candidaturas y cargos diferentes y regiones o distritos, solamente podrían tener coherencia con el respaldo del aparato de gobierno, incluso más allá del partido.
Rosario Serrano: ¿Crees que esos acordeones influyeron directamente en los resultados?
Edgard Sánchez: Sí, totalmente. Basta con comparar los resultados con esas listas: hay una coincidencia clara. A pesar de lo complejo del proceso, con tantas boletas y candidaturas, la operación acordeón logró su objetivo. El resultado refleja claramente un operativo, la operación acordeón que efectivamente funcionó. Analiza, por ejemplo, la elección de los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia que por ser a nivel nacional son los resultados que primero han sido dados a conocer.
Según dio a conocer el INE, inmediatamente después de la votación, en esta elección hubo una participación de alrededor del 12 por ciento respecto a una lista nominal de electores de alrededor de 99 millones de personas, prácticamente cien millones de posibles electores. Es decir, acudieron a las urnas el 1 de junio alrededor de 12 millones de personas. De las 9 personas electas a la SCJ, claramente seis están identificadas con el gobierno, incluso han sido funcionarios de este gobierno o del sexenio anterior.
Del acordeón correspondiente encabezan la lista de ganadores Hugo Aguilar (funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y Lenia Batres (que, como ya mencionamos, buscaba su reelección). Según los primeros datos dados a conocer cada una de estas dos personas obtuvo entre 5 y 6 millones de votos. O sea, la mitad de las personas que acudieron a las urnas el día 1 de junio (porque de los 12 millones que acudieron habría que descontar los que fueron, pero anularon su voto).
Y así de contundente es la votación por las otras personas electas como ministros de la SCJN. Es cierto que desde el PRIAN se planteaba la abstención o incluso el boicot a estas elecciones, aunque algunos de sus personeros sí se presentaron a elección, pero de todos modos el formato no permitía candidaturas alternativas pues se supone todas eran “ciudadanas”.
O sea que candidaturas como las de Hugo Aguilar o Lenia Batres u otras identificadas con el gobierno no tuvieron ni de cerca candidaturas alternativas, pero además la mitad de los votantes sufragaron por ellos. Alguien te puede decir, es que no había candidaturas opositoras u alternativas, pero de todos modos los resultados son verdaderamente extraordinarios o atípicos.
Resulta que Hugo Aguilar o Lenia Bartres cada uno, obtuvieron más votos que los obtenidos por gobernadores de cualquier entidad de la república. Incluso comparando con gobernadoras de las entidades con mayor número de electores y con campañas abiertas de los partidos y los recursos legales que tienen para promover el voto. Tuvieron cada uno más votos que Delfina Gómez en la elección del estado de México, ella obtuvo el 52.6 por ciento de los votos, o sea tres millones 200 mil votos.
Clara Brugada, en la elección del 2024, tuvo en la CDMX más votos que los que en su momento obtuvo Claudia Sheinbaum, pero los votos que obtuvo fueron dos millones 888 mil votos, o sea el 51 por ciento de los votos. Y resulta que Hugo Aguilar y Lenia Batres tuvieron 5 millones, casi seis millones individualmente. Es cierto, en una elección nacional, pero en una votación, la del 1 de junio, con alrededor de 98% de abstención. El resultado de la SCJ no se puede explicar sin la operación desde el gobierno y su partido.
Rosario Serrano: ¿Y la abstención cómo influyó en este resultado?
Edgard Sánchez: Si te digo que el resultado no puede entenderse sin la operación acordeón, es decir, la operación desde el gobierno, esa votación de Hugo y Lenia mayor que la de las gobernadoras refleja entonces el voto duro de Morena y el gobierno. Como sabemos, desde siempre, mientras mayor es la abstención en una elección mayor es el peso, hasta hacerse decisivo, del voto duro de cada partido.
Pero en esta elección, por ser «ciudadana», supuestamente sin la participación de los partidos, el único voto duro era el del gobierno. Por eso el voto de Hugo y Lenia es mayor que el de gobernadoras como Delfina Gómez o Clara Brugada. Se les pasó la mano porque no había más opciones y una abrumadora abstención. Quizá en el futuro se sepa cómo se coordinó la campaña del 2025, cuáles funcionarios se encargaron de cada circunscripción para promover el acordeón correspondiente.
Pero lo que hoy es indudable es que el resultado de la votación es producto de una operación desde el gobierno y su partido. Además del formato de esta elección, por el carácter de esta no podíamos desde el PRT hacer juego a la propaganda ilusoria de que se trataba supuestamente de una elección ciudadana para democratizar al Poder Judicial. El gobierno ha excluido del Poder Judicial al corrupto enclave prianista y ha avanzado a imponer su hegemonía completa en los 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial. El resultado es un paso decisivo y la operación acordeón fue central en ello, en la consolidación de un nuevo partido de Estado en México.
Rosario Serrano. Pero, en un proceso tan complejo ¿no es posible que haya algún resultado concreto que ayude a las luchas actuales?
Edgard Sánchez: Es cierto que algunos compañeros y compañeras que participan en algunos de los movimientos y luchas actuales, incluso que cuestionan políticas del gobierno, decidieron apoyar o llamar a votar sobre todo con criterios identitarios, o sea mujeres que incluso se presentaban como feministas o algunos originarios de pueblos indígenas.
El problema es que no se trataba de una decisión concreta, como si te diriges a una autoridad para demandar la solución de algún problema, que normalmente tienen que hacer movimientos sociales y luchas concretas, sino que se ha tratado de una operación política de mayor envergadura en la consolidación de un nuevo partido de Estado que buscará corporativizar a todo movimiento o lucha y finalmente cooptar o suprimir la expresión de corrientes políticas propias de la clase trabajadora o de la izquierda socialista.
Por eso dijimos en la anterior entrevista que no participábamos del proceso para legitimarlo, pero tampoco nos sumábamos a la derecha en su intento de boicotearlo precisamente porque nos oponemos a la idea binaria tanto del gobierno como de la derecha de que supuestamente hay solo dos alternativas, precisamente esas dos. Representamos una opción a ambas, la opción de la izquierda anticapitalista que representa los intereses del pueblo y la clase trabajadora.
Las ilusiones que desde el propio gobierno se difunden sobre las candidaturas y los resultados de esta elección son parte del proyecto de legitimar la operación de control hegemónico del nuevo partido de Estado.
La propia presidenta Sheinbaum encabeza ese esfuerzo al elogiar a Hugo Aguilar, el futuro presidente de la Suprema Corte comparándolo con Benito Juárez por ser indígena, es decir ñuu savi (mixteco). Se sugiere que Hugo Aguilar será un ministro representativo de los pueblos indígenas. Pero por lo que hemos dicho, independientemente de su origen, es representativo del gobierno y del proyecto que llaman 4T y no de los pueblos indígenas. Ha sido funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde el sexenio de AMLO junto con su jefe, Adelfo Regino, director general del INPI. Algunos dicen que tanto Adelfo Regino como Hugo Aguilar fueron parte de los asesores del EZLN en la época de los Diálogos de San Andrés. Olvidan mencionar que desde 1997, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno del DF, una parte de asesores y simpatizantes del zapatismo se pasaron del lado de la institucionalidad, primero con el PRD y después con Morena y AMLO.
Por lo que desde el INPI avalaron las supuestas consultas indígenas para el llamado Tren Maya que realizó el gobierno de López Obrador, así como otros proyectos del gobierno. No es casualidad, por eso, que prácticamente durante todo el sexenio de López Obrador las oficinas del INPI en avenida Cuauhtémoc de la CDMX han estado tomadas por grupos indígenas identificados con el CNI (Congreso Nacional Indígena).
Es por esta subordinación al gobierno que Hugo Aguilar apareció en los acordeones de candidatos del gobierno y por eso obtuvo cerca de 6 millones de votos, no de las comunidades indígenas, sino de centros urbanos donde el gobierno y Morena tienen hegemonía. No olvidamos nosotros, un caso diferente como fue el de la compañera Marichuy que en 2018 intentamos registrar como candidata presidencial independiente. Marichuy sí representaba al CNI y su propuesta fue acordada en asambleas indígenas en varias partes del país. No obtuvimos el registro precisamente por la dificultad de completar los requisitos sin los recursos de los partidos institucionales y en condiciones difíciles de reunir las firmas necesarias en celulares en comunidades indígenas aisladas tecnológicamente y a veces sin electricidad siquiera.
Qué bien que un indígena sea Presidente de la SCJN pero no porque haya sido propuesto y represente a los pueblos indígenas en lucha en México. Representa al gobierno y es parte del proyecto de control hegemónico del nuevo régimen político. Como a cualquier otro funcionario gubernamental, si es necesario, movimientos y luchas se dirigirán a él para demandar justicia. Porque como decimos siempre, gobierne quien gobierne los derechos se defienden, sin ilusiones por supuestas elecciones ciudadanas.
Entrevista publicada el 8 de junio de 2025 en diferentes medios militantes.
(*) «La posición del PRT frente a las elecciones del Poder Judicial. Entrevista a Edgard Sánchez» en www.prt.org.mx/node/606
(**) «Tesis sobre las elecciones presidenciales en México desde la izquierda revolucionaria» en La Internacional 3-4, órgano del PRT.
