La representación proporcional no es un privilegio ni una dádiva

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Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Es un principio básico de las democracias avanzadas.

Desmantelarlo, como pretende la Presidenta, es dar marcha atrás, volver a un pasado autoritario, por más grandilocuente que sea su discurso de transformación. 

Jorge Javier Romero*

SemMéxico, Cd. de México, 17 de julio, 2025.- El lunes, en su cansina homilía matutina, la Presidenta decidió pontificar sobre la representación proporcional sin molestarse en leer el comunicado del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Prefirió repetir de oídas que quienes lo suscribimos queremos el doble de “pluris” y que eso equivale a repartir cargos entre cúpulas partidistas sin pasar por las urnas. Lo dijo sin inmutarse, con ese tono pretendidamente doctoral que confunde certidumbre con suficiencia, pero sin el menor rigor sobre el tema.

El IETD existe desde hace más de treinta y cinco años. Lo formamos personas con distintas trayectorias pero con una preocupación común por los asuntos públicos y por la calidad de la democracia mexicana. Entre sus integrantes hay tres expresidentes del IFE–INE, exconsejeros y exconsejeras electorales, dos exsecretarios ejecutivos —una de ellas también expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, así como juristas, académicos, periodistas, dirigentes sociales y antiguos legisladores. No hablamos desde el capricho ni desde la nostalgia, sino desde el compromiso con el desarrollo de un país democrático y de derechos.

El comunicado que publicamos el lunes 13 de julio defiende algo muy elemental: que el sistema electoral debe reflejar de manera fiel la pluralidad política expresada en las urnas. Esa es la función básica de la representación proporcional: garantizar que los votos de las minorías cuenten, que no haya una distorsión entre el porcentaje de apoyo ciudadano que recibe un partido y el número de escaños que obtiene. La reforma planteada por el Ejecutivo va exactamente en sentido contrario: según se ha esbozado, busca eliminar la representación proporcional y dejar un mero resquicio para simular pluralidad. Un retroceso de más de sesenta años.

Lo que el comunicado plantea es una redistribución más justa entre los asientos ganados por mayoría relativa y los obtenidos por representación proporcional, para evitar que una fuerza política que obtiene el 50 por ciento de los votos se quede con el 75 por ciento de los escaños, como ocurrió en la elección del 2 de junio.

La acusación presidencial no se quedó ahí. Como ya es costumbre, cerró su respuesta con el viejo expediente del agravio acumulado: “no dijeron nada en 2006, ni en 2012, ni en 1988”. La misma falacia de siempre. Como si criticar ahora implicara haber guardado silencio antes. Como si la autoridad de un argumento dependiera del prontuario moral de quien lo enuncia. 

La representación proporcional en México fue una vieja demanda de las izquierdas democráticas que entendieron que la mayoría relativa, en un contexto de partido dominante, sólo producía exclusión y simulación. En 1951, el Partido Popular, fundado por Vicente Lombardo Toledano, presentó una iniciativa para que los diputados fueran elegidos por listas proporcionales en cada entidad. La firmó el Senador Juan Manuel Elizondo, dirigente del sindicato de los mineros. No prosperó, pero abrió camino. En 1963, el régimen priista creó la figura de los “diputados de partido”, que permitía una representación simbólica para las fuerzas opositoras. Un barniz de pluralidad que dejaba intacto el monopolio del PRI.

No fue sino con la reforma política de 1977, encabezada por Jesús Reyes Heroles, cuando se instauró un sistema mixto que combinaba la mayoría relativa con la representación proporcional. A partir de entonces, las minorías políticas accedieron al Congreso con una representación más cercana a su peso electoral. Se abrió paso al pluralismo. Se sentaron las bases para la transición democrática. Desde entonces, ese principio ha sido clave para asegurar la diversidad del Congreso. Sin representación proporcional, nunca habría habido auténtica pluralidad, ni contrapesos, ni tribunas para las voces disidentes. A lo mucho, un débil bipartidismo.

Pero lo que propone el Gobierno no es ajustar el sistema, sino desmantelarlo. Presentan la iniciativa como modernizadora, pero en realidad busca borrar la pluralidad para construir una mayoría absoluta sin obstáculos. Elimina la representación proporcional en el Senado —una aberración, dado que no hay competencia distrital en esa cámara— y aspira a un sistema de primera minoría en la Cámara de Diputados, según ha anunciado la propia Presidenta, precisamente el sistema diseñado por el régimen de Pinochet en su Constitución dictada. En términos llanos: quieren volver al modelo donde el partido del gobierno controla todo y la oposición sirve sólo para decorar el salón.

El comunicado del IETD, lejos de ser una proclama partidista, es un llamado a la razón. Sostiene que cualquier reforma electoral debe nacer del diálogo, de los acuerdos amplios y del respeto a las reglas del juego. No se trata de que cada quien imponga sus preferencias cuando tiene mayoría, sino de preservar los principios básicos de equidad, representación y competencia leal. La representación proporcional no es una concesión a los partidos chicos, es un principio que asegura que el Poder Legislativo sea capaz de reflejar la diversidad de un país que no cabe en un sólo partido, aunque la camarilla gobernante pretenda someternos a ello.

Lo más preocupante no es el fondo de la iniciativa, sino el método. La reforma no nace del consenso ni de una deliberación pública. Nace del capricho de una mayoría legislativa construida con un fraude a la ley, a partir de deformar el mecanismo que ahora se pretende dinamitar. La ironía es evidente: quieren usar su abuso de las reglas proporcionales para eliminar la representación proporcional. Y lo hacen con prisa, sin escuchar, sin debatir, sin invitar siquiera al diálogo.

La respuesta de la Presidenta, en lugar de matizar o abrir un canal de conversación, fue una mezcla de desprecio, ignorancia fingida y arrogancia. Desconoce o finge desconocer lo que significa el principio de proporcionalidad, y prefiere descalificar a quienes lo defienden. Pero lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino el tipo de democracia que queremos. Si se impone esta contrarreforma, el Congreso dejará de representar al país y volverá a representar al Gobierno. La diversidad será vista como un obstáculo, no como un valor. Las elecciones seguirán ocurriendo, pero servirán para ratificar el poder, no para distribuirlo. Esa es la deriva en la que estamos.

Por eso hablamos, por eso firmamos el comunicado, por eso seguiremos insistiendo. La representación proporcional no es un privilegio ni una dádiva. Es un principio básico de las democracias avanzadas. Desmantelarlo, como pretende la Presidenta, es dar marcha atrás, volver a un pasado autoritario, por más grandilocuente que sea su discurso de transformación. 

Jorge Javier Romero Vadillo

https://www.sinembargo.mx/author/javierromero/ Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

POR UNA REFORMA ELECTORAL DE CONSENSO, E INCLUYENTE, PARA LA DEMOCRACIA.

(13 de julio de 2025).

La Presidencia de la República anunció que próximamente presentará una iniciativa de
reforma electoral y, al mismo tiempo, delineó algunos de sus contenidos y objetivos
centrales.


Ante tales propósitos, quienes integramos el Instituto de Estudios para la Transición
Democrática (IETD, A.C.), creemos indispensable que la opinión pública, las
organizaciones sociales y el conjunto de fuerzas políticas de México, cobren conciencia
de los riesgos que entrañan esa situación y comprender que ocurrirán en un contexto
fuera de toda normalidad constitucional.

En efecto: la presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una
doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación
inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el
Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza. Sobre esa doble anomalía, se
ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el
avasallamiento legislativo, el modo usual de su política.

Dada esa situación, queremos llamar la atención para solicitar al conjunto de actores
públicos un especial cuidado para abordar una reforma de la que dependerán la
confianza, la autenticidad y la equidad en las elecciones mexicanas, es decir, de la
piedra angular de la democracia en México.

En primer lugar, creemos que toda reforma electoral debe ser el resultado del más
amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral.
Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores
políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse
en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular. Por eso, este tipo de
reglas exige de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones
y modalidades. De ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes
electos.

Como lo enseña la propia historia de nuestra democratización, el consenso en torno a
las reglas electorales es indispensable para todos los actores y especialmente para
quienes resultan ganadores de los comicios. Las últimas cuatro reformas electorales-
desde 1994- fueron el resultado de grandes acuerdos y compromisos entre los partidos
y los gobiernos. Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no
sean el fundamento de las soluciones sino parte del problema, fuente de impugnación
y litigio, que acaban siempre en erosionar la legitimidad, incluso, de quienes triunfan y
en afectar la estabilidad política de las comunidades en el país.

En segundo lugar, diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y
representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo
mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales.
Insistimos: una condición esencial del carácter democrático de la representación
política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los
órganos legislativos.

La representación proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de
democratización de México con su introducción en el año de 1977 y muy especialmente,
una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda. En reivindicación de
esa tradición democrática, creemos que toda reforma electoral debe procurar disminuir
lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación que constituyen una
distorsión de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el
sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por
ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras
palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional.

Por su parte, proponemos que todos los integrantes del Senado de la República sean
elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones
estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de
manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del
sistema de cociente de distribución y resto mayor.

En tercer lugar, garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la
profesionalización de las mismas.

El consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables
de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática.
Por eso su nombramiento debe hacer prevalecer, además de las capacidades técnicas
de quienes integren el Consejo General del INE, el reconocimiento y confianza de
origen del conjunto de partidos políticos, protagonistas centrales de las contiendas
electorales.

Para ello y dadas las condiciones actuales resulta indispensable:

a) que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara baja,
dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de
Diputados. Un tipo de nombramiento tal como ocurre con el resto de los titulares
de los órganos constitucionales autónomos y,

b) que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una
votación calificada de 3/4 de los miembros presentes en la Cámara Alta. Ello
exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas
presentes en ese órgano.

Adicionalmente, garantizar la subsistencia y fortalecimiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional, que constituye la columna vertebral de las capacidades
organizativas del INE, como un servicio civil de carrera centrado en concursos de
ingreso y promoción en rango tanto abiertos como cerrados, así como en la
capacitación permanente y en la evaluación periódica de sus miembros. Cualquier
intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la
calidad de nuestros procesos electorales.

En cuanto a las magistraturas del Tribunal Electoral y vista la experiencia reciente,
creemos, que es obligado establecer su designación con un umbral de 75 por ciento de
los votos en el Senado, abriendo la participación y propuesta a las universidades, los
colegios y las barras de abogados del país.

El principio político es el mismo: es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a
quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales.

Y finalmente, estamos convencidos de que el financiamiento público también debe
distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la
votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.

Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos
oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que
el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las
campañas y asimismo debe garantizar las condiciones de operación permanente de los
partidos políticos en tanto estructuras de organización y representación.

A nuestro modo de ver, estás son las cuatro coordenadas básicas de cualquier reforma
electoral que se precie democrática: buscando el más amplio consenso; fortaleciendo
la representación proporcional (demanda histórica de la izquierda democrática);
garantizando autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales, y
procurando que el dinero público y no el financiamiento privado y menos criminal, sean
el sostén de los procesos electorales en México.

Atentamente:

Lorenzo Córdova V. Leonardo Valdés Z. José Woldenberg K. (ex consejeros presidentes del
IFE-INE)

Jacqueline Peschard M. María Marván L. Ciro Murayama R. Mauricio Merino H. Rodrigo
Morales M. Arturo Sánchez G. (ex consejeros electorales del IFE-INE)

Adrián Acosta, María del Carmen Alanís, Carlos Alvarado, Rubén Álvarez, Antonella Attili
Cardamone, Antonio Ávila, Antonio Azuela, Francisco Báez, María D. Becerril, Carlos Bravo
Regidor, Jorge Bustillos, Roberto Cabral, Elsa Cadena, José Carreño Carlón., Rolando
Cordera Campos, María Cruz Mora, Hilda Dávila, Carolina Farías, Carlos Flores V., Margarita
Flores de la Vega, Antonio Franco Gutiérrez, Jesús Galindo López, Christian Uziel García
Reyes, Carlos Garza Falla, Luis Emilio Giménez Cacho, Emilio Giménez Cacho, Luis Andrés
Giménez Cacho, Anamari Gomís, Ariel González, Fabian González, Asmara González Rojas,
Germán González-Dávila, Gilberto Guevara Niebla, Paulina Gutiérrez Jiménez, Jorge
Hernández L., Edmundo Jacobo Molina, Georgette José V., Laura Koestinger, Agustín López
Munguía y Canales, Mauricio López Velázquez, Javier Martín Reyes, Juan Eduardo Martínez
Leyva, Rosa Elena Montes de Oca Luján, Paloma Mora, José Narro Robles, Jesús Orozco,
Patricia Ortega Ramírez, Itzel Ortiz Zaragoza, María de los Ángeles Pensado, Patricia
Pensado, Adrián G. Pérez Cortés, Rafael Pérez Gay, Irene Pomar, Enrique Provencio, Jorge
Javier Romero, Rosa Rojas, Luis Salazar Carrión, Luis Salgado Rodríguez, Guadalupe
Salmorán, Máximo Sánchez Moreno, Mariano Sánchez Talanquer, Hortensia Santiago, Carlos
Tello D., Raúl Trejo Delarbre, Jaime Trejo Monroy, Fernando Tudela, Manuel Vargas Mena,
Paula Sofia Vasquez y Horacio Vives.

Responsable de la publicación: Ricardo Becerra L.

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
(ASOCIACIÓN CIVIL)

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A partir de este domingo 2 de marzo ofrecemos: una retrospectiva, a 50 años de la primera conferencia mundial de la mujer que se celebró en México, de los 30 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995 y todo lo que sucede y está sucediendo alrededor del 8M.


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