Detienen a feminicida de la doctora Dulce; la Fiscalía pedirá la pena máxima de cien años

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La Alerta de Violencia de Género, “meramente protocolaria”: 50 más 1

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 19 de  julio, 2025.- La Fiscalía General de Chiapas, informó la detención del feminicida Armando “O”, quien asesinó en la habitación de un hotel de la ciudad de Tapachula a su pareja sentimental Dulce, médica de profesión de 40 años de edad. La doctora es la victima número 21 de feminicidio en lo que va del año en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del estado, dijo que el arresto se suma a los esfuerzos de la dependencia por combatir la violencia de género en la entidad. El funcionario dijo que estará muy pendiente del caso y la dependencia a su cargo pedirá la pena máxima de cien años de cárcel.

Paralelamente el Fiscal anunció una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información veraz y útil que conduzca a la localización y detención de Simón Jiménez Patishtán, responsable del feminicidio de la regidora del ayuntamiento de San Juan Chamula, Lola Patricia, asesinada por su marido a balazos en su domicilio.

La colectiva feminista 50 más 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, al pronunciarse por el feminicidio de la doctora Dulce, dijo que “el crimen no es un hecho aislado, sino la trágica manifestación de un sistema patriarcal que permea nuestra sociedad y que, en esta ciudad de Tapachula, se agrava por la inacción y la falta de políticas públicas efectivas.

“Los datos son contundentes: Chiapas y, en particular, Tapachula, registran cifras alarmantes de feminicidios y desapariciones de mujeres. A pesar de las denuncias constantes y las exigencias de la sociedad civil, la violencia persiste, dejando un rastro de impunidad y miedo”, manifestó.

En el mes de julio contabiliza dos feminicidios, Ana Elsy, asesinada en el municipio de Mapastepec y Dulce en Tapachula, mientras que en junio la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva, señala la cifra fatal de seis víctimas de feminicidios, las víctimas son: Lola Patricia, Elia, Yuri y tres desconocidas; dos de las desconocidas fueron halladas en una fosa séptica de una casa abandonada en el municipio de Comitán.

La Alerta de Violencia de Género, “meramente protocolaria”: 50 más 1

50 más 1 ha insistido reiteradamente en la revisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, debido a la preocupante escalada de feminicidios y violencia contra las mujeres en la entidad. Su postura se basa en los siguientes puntos clave:

La colectiva considera que los constantes reportes de feminicidios y el incremento de la violencia contra las mujeres en Chiapas, especialmente durante los últimos meses (como lo fue junio de 2025, calificado por ellas como el “mes más letal”), demuestran que las medidas implementadas bajo la AVG no han sido suficientes ni efectivas para frenar la problemática.

A pesar de la declaratoria de AVG, Chiapas ha registrado cifras históricas de feminicidios. Por ejemplo, cerró 2024 con 40 casos, superando los 35 de 2023 y los 39 de 2022. Esto sugiere que el mecanismo actual no está logrando su objetivo principal de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas.

Para la colectiva feminista, la Alerta de Violencia de Género, decretada en noviembre de 2016 (inicialmente para 7 municipios y luego ampliada a 16 municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal), ha demostrado ser un mecanismo insuficiente, ineficaz y, en muchos casos, “meramente protocolario”. Esto implica que las acciones se quedan en el papel y no se traducen en una disminución real de la violencia.

Por lo que ha demandado acciones concretas y no solo declaratorias, para frenar la violencia que padecen niñas, adolescentes y adultas en Chiapas. “La persistencia de la violencia en todas sus formas (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual e incluso la muerte) es una señal de que la AVG no está generando los resultados esperados”.

50 más 1 también ha reiterado la necesidad de fortalecer el apoyo por parte del Estado a las víctimas de feminicidio y sus familias, lo que implica una atención integral y mecanismos efectivos de justicia y reparación.

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