- Los juicios de los agresores de tres jóvenes serán restituidos, por lo que las familias temen que puedan salir en libertad
Gloria López
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 28 de julio, 2025.- Las familias de Salma y Sandra, víctimas de feminicidio, así como de Abigail, sobreviviente de una violación, lucharon durante años para que sus agresores fueran sentenciados. Hoy esas condenas podrían ser reducidas o incluso anuladas por decisión del Tribunal del Consejo de la Judicatura Federal en el Estado de México, denuncian las madres de las víctimas.
Los agresores e incluso el Tribunal han pedido reponer el juicio, lo cual significa para las familias enfrentar nuevamente todo el proceso y presentar, una vez más, las pruebas, testigos, documentos y elementos que acrediten los delitos. Por lo cual temen que tengan la oportunidad de quedar en libertad.
El 30 de marzo de 2019, Salma Correa Reyes, quien tenía 23 años, fue víctima de feminicidio en Tlalmanalco, Estado de México. Ricardo Rangel, un operador de transporte público la atropelló tras una discusión.
“Ella estaba en sus horas de trabajo, repartía productos lácteos en las tiendas, era su última tienda, llegó con un compañero. A la tienda llegó un chofer del transporte público Los Troncales, les dice que no se pueden poner en ese espacio, ellos le comentan que solamente van a bajar a dejar el producto y se van, que los espere un momento”, contó Gloria Reyes, madre de la joven.
El compañero de Salma discutió con el chofer, quien los amenazó de muerte y los arrolló al echarse de reversa. La joven no falleció en el momento y alcanzó a llamar a su madre; sin embargo, el 1 de abril murió en el hospital.
El agresor huyó y fue detenido hasta el 19 de abril de 2021 en Hidalgo. Después de dos años de audiencias, los abogados de la familia lograron una sentencia de 62 años con seis meses.
“Se me hace una violación a nuestros derechos. Es una revictimización porque nuevamente vivimos el dolor, es volver al proceso, para nosotros es complicado volver a recaudar todo, la cual no tendríamos por qué pasar, porque aportamos lo necesario para demostrar que cometió el delito”, señaló.
El 11 de julio cambiaron la radicación de la carpeta de investigación de Salma, la cual estaba en el Edomex y la pasaron a Puebla, sin notificar a la familia.
Este también es el caso de Sandra Karina García Alemán, quien el 18 de mayo de 2020 fue víctima de feminicidio en el municipio de Temascalapa. Esa madrugada se encontraba en la casa de su pareja Luis Iván, quien la asfixió.
Luego de tres años, sus seres queridos consiguieron una sentencia de 55 años de prisión, pero el Tribunal solicitó la reposición del juicio.
“Volver a juzgar al sujeto que asesinó a mi hija, volver a verle a la cara a él y a su familia”, lamentó Antonia Alemán, madre de Sandra, quien era ingeniera. Ante ello, interpuso una queja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso.
Valeria Mondragón, abogada feminista, consideró que la reposición del juicio revicitmiza y vulnera los derechos de las víctimas, pero, sobre todo, puede llegar a cambiar o a revocar sentencias condenatorias.
También explicó que este recurso, contenido en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es muy común entre los imputados.
“La reposición de juicio es más común de lo que pareciera, pero sobre todo donde hemos notado que es común es en los delitos de género. La mayoría de las tentativas de feminicidios y violaciones tienen un mayor porcentaje de reincidencia en reposición de procedimientos y justamente es por lo mismo, por la corrupción y el sistema patriarcal”, indicó la especialista.
Subrayó la importancia de que este procedimiento exista, ya que está pensado para las personas que fueron privadas de la libertad sin ser culpables, pero consideró que las leyes han perdido de vista a las víctimas.
“La mayoría de estos códigos penales están pensados en el imputado y eso es bueno, es bueno que se tome en consideración al imputado porque en México había una situación de muchas personas que estaban privadas de la libertad sin que realmente hubieran cometido el hecho, pero ahora hay que darle una visión desde la víctima”, opinó.
Remarcó que las víctimas, sobrevivientes y sus familiares son vulneradas al tener que contar una vez más la agresión que vivieron, al repetir el proceso y la presentación de pruebas.
Además de que muchas veces los policías, psicólogos, peritos y testigos que fueron parte del primer juicio ya son difíciles de encontrar.
Otro caso es el de Abigail, quien el 19 de enero de 2021 sobrevivió a una violación por parte de dos hombres en el baño de en una gasolinería en el municipio de Ecatepec.
“En enero del 2021 mi hija fue víctima de una violación por parte de dos empleados en el baño de una gasolinera. Era su primer día de trabajo, la amenazaron y la obligaron a tener relaciones. Ella logró pedir ayuda a la policía municipal ya que se encontraba en una avenida principal”, contó Juana Gil, madre de la joven.
Desde ese entonces comenzó un proceso legal desgastante para Abigail y sus seres queridos, pues los agresores cancelaban y cambiaban las audiencias para alargar el proceso. Finalmente, en mayo de 2022, los sujetos recibieron una sentencia de 47 años con seis meses de prisión, apelaron la resolución, y en agosto de 2022 nuevamente se confirmó la sentencia.
“Ahora resulta que el 28 de mayo, mi hija es notificada que uno de los abogados está metiendo un amparo ante el Tribunal. No se nos hace justo y queremos denunciar el modo en que están trabajando, de concederles amparos a estos tipos, después de todo lo que hemos pasado y luchado para que reciban una sentencia”, subrayó.
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