Rafael Maya
SemMéxico, Cd. de México, 11 de agosto, 2025.- En una ponencia bastante crítica sobre los objetivos de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina (AL) y el Caribe, organizada por la CEPAL y que inicia este martes en esta capital, la académica Magdalena García Hernández expresó su preocupación de que en este foro regional sólo puedan participar personas y organizaciones consideradas “feministas incluyentes”.
Durante el Foro Alterno Feminista, realizado este lunes en la Cámara de Diputados previo a la Conferencia Regional de la CEPAL, la integrante del Bufete de Estudios Interdisciplinarios explicó que por “feministas incluyentes” se entiende —desde la visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe— “a quienes respeten las demandas del movimiento de trabajadoras sexuales y de las personas trans”.
Por ello, García Hernández consideró que el planteamiento de la CEPAL, “lejos de promover un espacio plural, restringe el derecho al disenso y obstaculiza el debate crítico sobre los efectos de las directrices adoptadas por dichos movimientos”.
La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de AL y el Caribe será inaugurada este 12 de agosto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional. Hasta el 15 de agosto habrá más de 60 reuniones de trabajo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con la participación de parlamentarias, funcionarias y activistas de AL y el Caribe, a fin de debatir y avanzar en la construcción de una sociedad de cuidados, como eje central.
Crítica al documento de la CEPAL
En su ponencia, la economista Magdalena García advirtió que para los objetivos de esta XVI Conferencia Regional, la CEPAL no cuestiona ni menciona por su nombre al modelo neoliberal que ha profundizado la crisis económica-financiera a nivel mundial.
“Exigimos a la CEPAL y al sistema de Naciones Unidas un compromiso claro y explícito con una economía política feminista… atender la crisis de cuidados requiere de un diagnóstico estructural que ubique al Modelo Económico Neoliberal como origen de la precarización, la sobrecarga de trabajo reproductivo y el debilitamiento del Estado social”, demandó la especialista.
En un contexto en el que el neoliberalismo ha reducido la responsabilidad social del Estado y eliminado instancias públicas para garantizar los derechos de las mujeres, la maestra en Ciencias Económicas advirtió que a nivel mundial y regional se han deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de la población.
“Se dispararon la deuda externa, la violencia, el deterioro ambiental, los flujos migratorios, la discriminación racial y el poder del crimen organizado. Para las mujeres, este modelo significó cargar con el costo oculto de la austeridad: asumir tareas que el Estado dejó de cumplir en salud, educación, cuidados e infraestructura. Se intensificaron sus jornadas de trabajo doméstico y de cuidados —más aún durante la pandemia (de Covid-19)— y se amplió su inserción laboral bajo condiciones de sobreexplotación y salarios más bajos por trabajo de igual valor”.
Magdalena García Hernández también alertó que se incurre en una omisión del feminismo al permitir que la institucionalización borre a las actoras históricas: “El documento de la CEPAL evita toda mención al término feminismo, ni hace referencia al movimiento feminista como sujeto político, histórico o colectivo. Tampoco utiliza expresiones como movimiento de mujeres, lo que sugiere una adopción técnica o institucional de propuestas históricamente feministas, despojadas de su origen colectivo”.
Asimismo, la experta señaló que al adoptarse de forma “acrítica” los efectos del transactivismo queer, se “silencia al feminismo y se borra a las mujeres”. “La adopción acrítica del transactivismo queer por parte de instituciones como la CEPAL conduce a la desestructuración del sujeto político ‘mujeres’ y socava herramientas fundamentales de política pública”.
García agregó que en México esta postura da un “resultado alarmante”, pues —indicó— “se eliminan referencias explícitas a mujeres y hombres en leyes, programas y registros administrativos. Las nuevas identidades tienen derecho a ser reconocidas, pero no deben anular la existencia de otras. Esta visión impide medir avances en la igualdad sustantiva, desalienta la producción de indicadores desagregados por sexo, y atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos”.
La economista feminista subrayó que las mujeres mexicanas perciben 34% menos ingresos que los hombres —brecha estancada durante años—; mientras que 75.1% de las 31.7 millones de personas cuidadoras en el país son mujeres; y su participación laboral apenas oscila entre 43% y 46%, muy por debajo del promedio de la OCDE (67%).
“Por ello, invertir en sistemas públicos y empresariales de cuidados no es un lujo, sino una necesidad estratégica que exige políticas basadas en datos desagregados por sexo y en el reconocimiento explícito de las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres”, insistió la académica y activista.
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