Jorge Suárez Vélez
SemMéxico, Cd. de México, 22 de agosto, 2025.- Abatir la pobreza exige educar bien a la población, ponerles la mesa a nuestros jóvenes para que desarrollen su potencial, independientemente de códigos postales.
Implica fomentar la creación de empresas en un ambiente de seguridad física y certeza jurídica, dándoles infraestructura moderna -energía, carreteras, aeropuertos, banda ancha- que les permita competir. Requiere de acceso a crédito de largo plazo.
Para reducir pobreza es indispensable crear riqueza. En vez de eso, se ha favorecido un ambiente de dependencia que perpetúa la pobreza y elimina cualquier aspiración de movilidad social. Estamos formando generaciones de conformistas envidiosos y resentidos
Miles de familias dejaron de trabajar y subsisten con los distintos programas que reciben. Al, adicionalmente, eliminarse la condicionalidad -mandar a los hijos a la escuela, por ejemplo- se crearon incentivos perversos.
Estos programas son brutalmente caros, entre otras cosas, porque les reparten dinero a muchos que no lo necesitan. Para sostenerlos se les quitaron recursos a rubros que reducirían la pobreza estructuralmente.
Llevamos años subasignando el presupuesto educativo. De acuerdo a datos de la OCDE, México invierte 3,200 dólares al año por estudiante (de educación primaria a terciaria), el promedio de la OCDE es de 12,500. En educación superior, nuestro promedio es de 7,341 dólares, la OCDE invierte 17,559.
Estamos empeñando el futuro de nuestros jóvenes quienes, en el mejor de los casos, serán dóciles analfabetas. Su única alternativa de progreso dependerá de irse de su país o unirse a organizaciones criminales. Pero eso sí, repartimos dinero para «reducir pobreza».
Por primera vez en 100 años, México perdió matriculación escolar el sexenio pasado. En 2022, tuvimos el peor desempeño desde 2006 en la prueba PISA (que evalúa lectura, matemáticas y ciencia). Sólo un tercio de los encuestados alcanzaron un nivel básico en matemáticas (el promedio de la OCDE es el doble). Dos tercios de los jóvenes entre 18 y 24 años no alcanzarán siquiera el nivel educativo de sus padres. Pero, eso sí, les repartimos dinero.
Dejamos que se desplomara nuestro sistema de salud pública y más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso. Nuestros hospitales públicos dan vergüenza y no tienen abasto de materiales o medicamentos. Enfermedades crónicas quebrarán a miles de familias. Los consultorios en farmacias privadas ya dan más de 10 millones de consultas al mes.
También dejamos de invertir en infraestructura. Sólo 20% de la red carretera está en condiciones aceptables, y el presupuesto para su reconstrucción y conservación se redujo 55% entre 2018 y 2023. La OCDE recomienda invertir 4% del PIB al año para mantener y ampliar infraestructura, invertimos 2.5% en los últimos 7 años. Canacintra estima que 40% de las oportunidades de nearshoring se desperdiciaron simplemente por mala infraestructura eléctrica.
Cuando necesitamos más inversión en bienes de capital, para poder pagar mejores sueldos, la inversión fija bruta (maquinaria, equipo, etc.) bajó de 22.4% del PIB en 2018 a 19.1% en 2023, y bajó 6% más este año. Entre 2018 y 2024, la inversión pública cayo de 3.1% del PIB a 2.5% y la privada de 19.3% a 16.7%. Ésta no se recuperará por la suicida «reforma» judicial y por el estancamiento económico que vivimos.
Abatir pobreza requiere de abatir informalidad. 56% de los trabajadores de México están ahí. Según el FMI, ese sector representa 15% en economías avanzadas. Quien no tiene un trabajo formal no tiene acceso a crédito, a capacitación, a prestaciones; no podrá ahorrar o tener una hipoteca. No controla jornadas de trabajo o condiciones laborales, ni puede documentar su experiencia para aspirar a ascenso.
«Bajar la pobreza» repartiendo dinero es como curar el cáncer con aspirinas. Baja el dolor un rato, pero el tumor sigue creciendo. Perdón, no encuentro qué celebrar.
@jorgesuarezv