Micaela Márquez
Ciudad de México, 23 de Octubre de 2025.- A cinco años del feminicidio de su hija, Fátima Cecilia Aldrighetti Antón (ocurrido en febrero de 2020), se ha reportado por videos y publicaciones que María Magdalena Antón está viviendo en la calle en situación vulnerable, sufriendo problemas de salud mental y agresiones hacia los vecinos.
La situación no es nueva, aclaran los familiares y dan a conocer en un comunicado del Grupo de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la negligencia de las autoridades para internar en una institución psiquiátrica a María Magdalena, antes del feminicidio, después y ahora, ya que se les hizo del conocimiento la situación de violencia que se vivía en la casa de Magdalena hacia sus propios hijos aun cuando no presentaba síntomas de enfermedad mental.
“El hecho de que no esté internada en una institución psiquiátrica es responsabilidad de las autoridades del gobierno que decidieron que ella estaba bien y que no tenía que permanecer institucionalizada, a lo que nos opusimos como familia, porque era un riesgo para ella y para otras personas, principalmente los menores de edad que estaban a su cargo”.
Precisan que como familia la llevaron a una institución psiquiátrica, pero algunos vecinos y vecinas, los amenazaron, amedrentaron e intentaron sacar a la fuerza a la señora Magdalena, cuando ella estaba recibiendo atención profesional.
“Los familiares exigen a las autoridades se atienda cuanto antes esta situación, que deje de atacarse y responsabilizarse a la familia, que las autoridades hagan su trabajo y que se evite otro hecho que podría ser irreversible”.
Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, niña de 7 años desapareció el ll de febrero de 2020 y fue encontrada sin vida, víctima de feminicidio el 15 de febrero del mismo año.
Antes, durante y después del feminicidio las autoridades actuaron con negligencia, ya que tuvieron conocimiento la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), la entonces jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el DIF, la Secretaría de las Mujeres, y entidades médicas.
¿Qué hicieron las autoridades al respecto? La dieron de alta sin escuchar ni a los familiares, ni a las víctimas directas de estas agresiones, dejándola bajo la responsabilidad de su esposo, José Luis Aldrighetti Rivera, sin que hubiese un juicio de interdicción, pero sobre todo a pesar de que ya se había hecho de su conocimiento que ese sujeto también ejercía violencia y aunque él no padecía de sus facultades mentales, esa decisión implicó dejar a Magdalena en manos de un hombre violento y peligroso.
La «solución» del gobierno fue construirles una casa y dar apoyos económicos a ella y al agresor sexual de sus hijos, José Luis Aldrighetti Rivera, que hoy está sentenciado a 70 años de cárcel por los delitos cometidos en contra de Fátima y de uno de sus hermanos.
Es decir, las autoridades apoyaron a quienes ejercían una terrible violencia en contra de sus propios hijos, con la intención de cerrar el asunto, y optaron por darles recursos económicos para tratar de acallar la grave situación de la que fueron avisados previamente, pero que no hicieron nada por atender.
En este caso, estamos hablando de una mujer que vivió violencia, y que también la ejerció hacia sus hijos, y que defendió a los feminicidas de Fati y a los agresores de sus hijos, y terminó perdiendo la cordura con el paso de los años.
Si las autoridades hubiesen hecho caso de las denuncias presentadas, se pudieron haber evitado las agresiones en contra de Fátima y su hermano, se pudo evitar el feminicidio de Fátima, se pudo evitar el estado actual de la madre. Los hechos ocurridos en la actualidad y que ahora son denunciados y se han hecho virales, no han sido escuchados, lo cual revela la ineficacia, indolencia y negligencia de las autoridades que se supone trabajan por «una vida libre de violencia hacia las mujeres».
Como familia hemos sido señalados y expuestos a diversas violencias y agresiones sociales, cuando lo único que se ha buscado es proteger a los menores de edad involucrados, se ha intentado no generar más revictimización, sin embargo, la ineficacia de las autoridades tiene repercusiones.
En todas y cada una de las agresiones que ha presentado la señora Magdalena hacia otras personas, se ha notificado a las autoridades que se designaron para dar seguimiento al caso de Fátima, sin que a la fecha actúen, incluso algunos vecinos reportan haber realizado denuncias y han solicitado el apoyo de diversas instituciones, sin que nadie haga nada.
Las omisiones por parte del gobierno son criminales. No queremos otra tragedia, no queremos que nadie más salga lastimado; las instancias de gobierno se niegan a cumplir como les corresponde y deben recordar que están obligadas a atender este caso desde sus cargos públicos.
Perder a Fati, ha sido el dolor más grande de nuestra vida, pero su sonrisa, su ternura y su luz que no se apaga, atrajo a muchas personas buenas que se consternaron por esta terrible tragedia y nos han acompañado en este duro camino. A todas les agradecemos profundamente su solidaridad y les pedimos que nos sigan acompañando en la exigencia de justicia para que las autoridades respondan y accionen.
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