- Plantean personas expertas los avances, retos y desafíos
- Magaly López Domínguez llama al ejecutivo local a no “entorpecer el proceso”
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de septiembre, 2021.- Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, afirmó que la despenalización del aborto ha sido una constante histórica en la lucha feminista y un derecho irrenunciable, que se ha tejido desde la exigencia hasta el abordaje en el espacio de toma de decisiones de construir política pública y legislación.
El aborto es una opción segura para las mujeres, que demanda atención del ejecutivo y la disposición de presupuestos, así como la publicación de las reformas a la Ley Estatal de Salud, señalaron personas expertas
Durante el foro Despenalización del Aborto: Obligaciones del Estado para garantizar el acceso a los servicios de salud en Oaxaca, en torno al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el que participaron diversas organizaciones, la activista aseguró el movimiento feminista ha topado con obstáculos como el machismo, creencias religiosas, misoginia, sin embargo, es claro que lo conseguido hasta hoy es producto de las alianzas entre las feministas y la reciente coyuntura con la Marea Verde.
Después de la despenalización del aborto en Oaxaca hasta la semana número 12, el 25 de septiembre de 2019, era necesario que el Ejecutivo local destinara recursos para que la atención fuera de calidad para las mujeres que tomaran en sus manos el derecho a decidir, sin embargo, no se asignó presupuesto alguno para 2020 y hoy sigue pendiente esa determinación.
Activista durante los últimos 25 años, Sánchez Maya dijo que hoy no sólo enfrentamos una crisis sanitaria por la pandemia, sino además una crisis en el sistema de salud local derivado de la profunda corrupción, que lamentablemente afecta a una mayoría de mujeres a las que no se garantiza el acceso a la salud y, en este caso, a interrumpir de forma legal de un embarazo.
Destacó las resoluciones recientes de la Corte mexicana, así como la despenalización del aborto en Hidalgo y Veracruz, pero reiteró el llamado que en ese sentido hizo la senadora Malú Micher: hoy toca a los congresos locales del país actuar en consecuencia.
Como lo hizo más tarde la diputada Magaly López Domínguez, la directora de Consorcio Oaxaca fue enfática en la exigencia al gobernador Alejandro Murat, del que no dijeron su nombre, de garantizar la publicación de las reformas a la ley Estatal de Salud y que no vuelva a hacer “un vacío como sucedió en otras ocasiones”, por lo que llamó a la publicación de las reformas conforme a la ley.
Finalmente dijo que el Ejecutivo local ha desdeñado los avances legislativos que en materia de derechos humanos de las mujeres, menos cuando estos avances no le representan ningún costo, como tampoco ese poder político no ha realizado campaña alguna para difundir el derechos de las oaxaqueñas al aborto seguro.
Ha sido la sociedad civil organizada, las feministas quienes a través de redes sociales han difundido los cambios legislativos, así como también dan acompañamiento a las mujeres que ejercen su derecho a decidir y a las personas que las acompañan.
Piden a Murat no entorpecer el proceso
En su momento, la diputada López Domínguez llamó al ejecutivo local “para que no entorpezca este proceso. Sabemos por experiencia que suele dejar en el limbo todos los decretos que no sean de su particular interés, retrasando su publicación de manera ilegal e inconstitucional”, dijo y pidió al gobernador publique la reforma a la Ley Estatal de Salud a más tardar en el plazo constitucional de 15 días.
Señaló que la modificación a la Ley Estatal de Salud obliga a las instituciones públicas de salud a realizar la interrupción del embarazo, de manera gratuita, garantizando además la no discriminación, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del servicio.
En una síntesis de la reforma dijo que ahora la interrupción del embarazo pasa a formar parte de los servicios básicos de salud. Las autoridades sanitarias deben capacitar a parteras tradicionales para la atención del aborto seguro y el Sistema Estatal de Salud deberá garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo, en los supuestos permitidos; esto es, hasta la semana 12, o en las causales previstas en el Código Penal.
Las autoridades sanitarias deberán emitir lineamientos a más tardar 60 días después de la publicación del decreto. En tanto que las instituciones públicas de salud deberán realizar la interrupción del embarazo en no más de tres días naturales después de realizada la solicitud y la ILE deberán ser atendida aun cuando las solicitantes cuenten con algún otro servicio de salud.
Cuando el embarazo sea resultado de violencia sexual o implique riesgo para la vida o la salud, la interrupción deberá considerarse entre los servicios médicos de urgencia y realizarse de manera inmediata. Además, el personal deberá informar a la víctima sobre su derecho a denunciar, y de la existencia de mecanismos para la atención a víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos.
El decreto incluye también una serie de adiciones sobre salud reproductiva.
López Domínguez se refirió a la importancia de la reforma que aseguró tiene un enorme compromiso: salvar la vida de las mujeres que han tomado la difícil decisión de interrumpir un embarazo.
Tras destacar las resoluciones de la Corte mexicana, dijo que las reformas recientes contribuyen para que las oaxaqueñas tengan acceso real al ejercicio de esa amplia batería de derechos, a que tengan posibilidad real de definir sus propios proyectos personales de vida.
Erradicar el estigma
Bárbara Pérez, de la Fundación Mary Stopos México, se refirió al largo camino que busca erradicar el estigma que existe sobre la interrupción de un embarazo.
Destacó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el aborto por aspiración manual intrauterina, es seguro, incluso, dijo ha establecido lineamientos técnicos.
Bárbara Pérez indicó que las reformas logradas en 2019 y 2021 son consecuencia del trabajo de años de organizaciones feministas, con las que están vinculadas para garantizar este derecho, venciendo el estigma, con información científica y laica, en áreas rurales o urbanas.
Teleaborto
Por otra parte, Manuel Bousiéguez, se refirió al Teleaborto una metodología que han difundido desde hace dos años a través de la organización Gynuity Health Projects, sobre el aborto con medicamentos y señaló que el 80 por ciento de los procedimientos realizados en la Ciudad de México han sido a través de este método, el cual también es ampliamente utilizado en otros países europeos, como Finlandia donde es utilizado casi en el 90 por ciento.
Aseguró que el método ha sido una manera de responder a las mujeres durante la pandemia y que tiene un amplio rango de aceptabilidad entre las usuarias, pero
aseguró que hay más que hacer, ya que un desafío es llegar también a poblaciones en desventaja. Dijo que actualmente se hacen enlaces con organizaciones de la sociedad civil para difundir el servicio entre poblaciones originarias, migrantes y personas en situación de violencia familia.
Habló de las ventajas del teleaborto como el hecho de ser menos invasivo para la usuaria, mejora su autonomía y es aceptable, por lo que dijo que los sistemas federal y estatales de salud pública en México deberían adoptarlo, pues tiene beneficios en cuanto al costo y la cobertura de la demanda.
El conversatorio, moderado por Minerva Santamaría, integrante de Socialis, fue organizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; en colaboración de Marie Stopes México y Guinity Health Proyect.
SEM/sj
