- La familia del profesor Jesús Alfonso Cárdenas Payán no fue notificada de la reposición del proceso legal
- “El juez una fichita”, dice el gobernador Jara Cruz
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 4 de febrero, 2025.- Patricia Cárdenas Machado tiene claro lo sucedido aquel trágico 9 de noviembre de 2011, cuando su padre Jesús Alfonso Cárdenas Payán, maestro-abogado y médico, fue secuestrado y siete días después asesinado por sus captores, que horas antes habían cobrado el rescate.
Aunque hubo una sentencia por más 80 años de prisión en 2017, en enero pasado la familia se enteró, por un oficio que dejaron en el buzón de la casa familiar, de la resolución de un juez absolviendo del delito de homicidio agravado a los tres implicados, por lo que denuncian una clara violación al derecho de acceso a la justicia como victimas indirectas, al no ser notificados de las acciones emprendidas a raíz de un amparo interpuesto por la y los victimarios.
Enfrentadas nuevamente a la incertidumbre, Patricia Cárdenas explica que después de la sentencia emitida en 2017, nunca más recibieron ninguna notificación de parte de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hoy argumenta que sí notificaron “por pizarrón” o estado, pese a que tenían la dirección familiar y el teléfono de Patricia.
Tras la apelación, el juez Guadalupe Lucas Figueroa Robledo escuchó solo a los victimarios, quienes para entonces cambiaron sus versiones iniciales, desechó pruebas que había presentado la entonces Procuraduría. El resultado fue emitido en 2024, cuando absolvió a Merari Méndez Hernández y Olegario Bautista Benítez y a María del Rosario Cervantes Rangel, esta última autora intelectual de los hechos.
Patricia señala que aunque no han salido de prisión porque también son responsables de otros dos homicidios y secuestros, cometidos antes y después de los delitos contra su padre, el juez Figueroa Robledo les quitó al menos 50 años de prisión, porque si antes era difícil que salieran, hoy podrán hacerlo tras 30 años como dicta una de las otras dos condenas que purgan.
“En 2011 sucede el asesinato, en 2017 se emite la sentencia por 82 años de prisión a las tres personas implicadas, en 2018 apelan la sentencia y en 2024, el juez Figueroa Robledo los absuelve. De todo lo sucedido entre 2018 y 2024, las víctimas indirectas no fuimos notificados, nadie nos dice, incluso cuando hubo una reposición del procedimiento, donde los testimonios, pruebas y demás periciales que los implicaba son desechados. Lo que cuenta para el juez son las “nuevas verdades de los victimarios y nunca nos escuchó, violando nuestro derecho de acceso a la justicia”.
Patricia Cárdenas tenía entonces poco más de 20 años y tuvo que enfrentar a un sistema de procuración de justicia insensible, incapaz y corrupto desde el primer momento.
Las omisiones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca contribuyeron al desenlace fatal, ya que desde el primer día acudió a solicitar la búsqueda de su padre, la respuesta fue negativa, el profesor Jesús Alfonso, entonces de 59 años, fue mantenido en cautiverio y torturado durante una semana para finalmente, tras cobrar el rescate, fue asesinado.
Patricia quien vivía con su papá y su mamá, recuerda perfectamente lo sucedido aquel 9 de noviembre de 2011 cuando volvió del trabajo y encontró que no estaba su papá ni su hijo, a quien iría a recoger al salir de la escuela, llamó sin recibir respuesta, pensó que tal vez se había accidentado en la moto. Llegó a la escuela y el niño aún estaba ahí. Volvió a su casa y nadie sabía de su papá.
Durante horas la familia llamó insistentemente al celular de Jesús Alfonso, sin obtener ninguna respuesta, como tampoco la hubo en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ahí los policías ministeriales le pidieron que no se preocupara, “seguro anda con unas porfes”, dijeron en tono burlón y añadieron que debía esperar 72 horas para declarar a su papá como una persona desaparecida. Ese mismo día, los policías pretendieron que se declara culpable del secuestro de su propio padre, pero nunca hicieron nada por buscarlo.
Al siguiente viernes se cumplieron las 72 horas, pero “había caído en fin de semana por lo que el oficial le advirtió que era difícil que pudieran buscarlo, a menos que les repartiera dinero”.
La siguiente vez que volvieron a la Procuraduría, entonces les indicaron que debían solicitar la sábana de llamadas y los movimientos bancarios de una tarjeta de su papá, otra irregularidad de la Procuraduría entonces dirigida por Manuel de Jesús López López, quien al terminar esa gestión fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, entre 2015-2016 fue titular de la Secretaría de la Contraloría y desde el 2023 es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
A las 6.30 de la mañana del lunes 13 de noviembre, una voz de hombre, serena y sin groserías le indica “somos los que tenemos a tu papá”, el mundo se abrió bajo sus pies y a pesar del miedo que sintió guardó la calma. Le indican dónde guardaba el dinero su papá, que debía ponerle en una bolsa color negra y llevarlo a solo unas cuadras de su casa. En la Procuraduría le habían advertido que, si le llamaba que debía dar a aviso inmediatamente, que debía pedir una prueba de vida de su papá y hacerle una pregunta que sólo él podía responder. ¨Pidió hablar con su papá, su voz se escuchaba llena de cansancio y éste le indica que haga todo lo que sus secuestradores le piden. Ella insiste, “papá cómo me decías de niña”. Princesa, fue la respuesta. De inmediato el secuestrador le pidió darse prisa que en cinco minutos debía estar donde le había indicado.
Al salir de la casa observó que una mujer alta y robusta y un hombre bajito ambos con sudadera gris y capuchas en la cabeza, tenis y pantalón de mezclilla la siguen a cierta distancia, aunque simulan que están haciendo ejercicio.
Hizo todo lo que le indicaron, llevo la bolsa hasta una caseta telefónica, junto a una ferretería, a unas cuantas cuadras de su casa. La imagen de las personas que la seguían fue descrita en su declaración y llegado el momento coincidió con las características de personas que poco tiempo después fueron detenidas por un delito semejante y como en el caso de su papá le costó la vida a un profesor de nombre Israel Antonio López.
Tal y como los secuestradores se lo pidieron esperaron durante todo el día para tener noticias. A las 4.30 de la mañana, recibió una llamada telefónica de la Procuraduría, le pedían que fuera a identificar a un hombre que horas antes habían localizado entre San Luis Beltrán y Huayapan.
Supo en aquel anfiteatro que se trataba de su papá. Un hombre alto y delgado con una cicatriz en su pierna derecha, resultado de una quemadura con el tubo de escape de su “inseparable motocicleta”.
Como sucede en estos casos a su padre, dice Patricia, le negaron el derecho a ser incinerado, como era su deseo. Así que su cuerpo fue trasladado a Culiacán, Sinaloa, su lugar de origen y desde donde vino para enamorarse de Oaxaca.
Por aquellos mismos días, otra persona fue reportada como desaparecida y días después fueron detenidos sus secuestradores. A este hombre como a su padre los habían asesinado de forma similar. Primero fue detenido Merari Méndez Hernández, quien pretendía vender la camioneta de la segunda víctima de secuestro. El hombre, pausado y sin decir groserías relató los hechos. El Ministerio Público le preguntó si también ellos habían asesinado al profesor Payán, culpa que aceptó.
En su declaración implicó a María del Rosario Cervantes Rangel, quien lo convenció junto con Olegario Bautista Benítez de ejecutar “una lista de secuestros”, o de lo contrario los acusaría de ser los autores del asesinato de un presidente municipal de la mixteca, ocurrido años antes.
Olegario Bautista Benítez como Merari Méndez eran conocidos, ambos encabezaban organizaciones, pero ambos formaban parte del llamado “escuadrón de la muerte”, vivían en las calles alcoholizados.
María del Rosario Cervantes Rangel estaba casada con Usiel García Pérez, un policía ministerial. Durante los hechos este no participó, pero de acuerdo con los otros dos implicados, sí lo hicieron sus hijas de 17 y 14 años, quienes alimentaban con “suero vida oral” al profesor Jesús Alfonso Cárdenas Payán, quien era mantenido sin ropa y amarrado al pie de una cama. Las menores de edad no fueron llevadas a proceso, porque la abuela argumentó que sus nietas habían estado con ella durante esa semana.
Esa mañana del 9 de noviembre de 2011, el profesor Jesús Alfonso dejó a su nieto en la escuela, se dirigió a la casa de María del Rosario, en el Infonavit Primero de Mayo, donde cobraría un dinero. Ahí fue sometido por los tres implicados, su motocicleta resguardada. Ahí la encontraron los ministeriales durante un cateo posterior a la casa.
Durante esa semana, los secuestradores sustrajeron la mayoría del dinero de la cuenta bancaria desde un cajero ubicado en una farmacia ubicada a 200 metros, así como de otras dos tiendas de conveniencia.
En enero pasado nuevamente la pesadilla volvió a la vida de la familia Cárdenas Machado, cuando en el buzón de la casa, su hermano encontró el oficio donde les indicaban que el juez Guadalupe Lucas Figueroa Robledo había absuelto a los tres del homicidio agravado en contra de su padre.
Patricia Cárdenas dice que no dejarán de buscar la justicia que el juez Figueroa Robledo les ha robado.
Hace unos días, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estableció como punto ocho de sus acuerdos de asamblea respaldar y acompañar jurídica, política y administrativamente a la familia del profesor Cárdenas Payán, quien fuera miembro de ese organismo gremial entre 1988 y 1992.
Por otra parte, a pregunta de la reportera Nadia Sarabia este lunes el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó en su conferencia de prensa sostuvo que “el juez Guadalupe Lucas Figueroa Robledo es toda una fichita” y aunque no conocía el caso aseguró que apoyará a la familia, “no podemos permitir que los jueces afecten a las familias a las víctimas”.
