- Anibex Abreu encontró en Habana Club S.A una alternativa para un encadenamiento de esa naturaleza.
- La mejor lección de esa alianza ha sido el respeto mutuo
Dixie Edith
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 23 de marzo, 2026.- Con más de un tercio de la fuerza laboral cubana fuera del sector estatal, la necesidad de políticas y alianzas que integren a los actores privados y estatales se vuelve cada vez más apremiante, reconocen especialistas y personas que emprenden en diferentes sectores económicos.
Sin embargo, esta urgencia enfrenta el desafío de construir mecanismos de colaboración que permitan potenciar las capacidades mutuas.
Anibex Abreu, actriz de profesión y emprendedora desde que la pandemia de covid-19 removió de muchas maneras la vida cotidiana en el planeta, encontró en Habana Club S.A una alternativa para un encadenamiento de esa naturaleza.
Creadora de «Devuelta», un proyecto de reciclaje con envases de vidrio radicado en el municipio capitalino del Cerro, Abreu asegura que su experiencia ha sido beneficiosa en ambas direcciones.
«Comenzamos a colaborar en 2024, durante el Festival Varadero Gourmet, para el cual hice varias piezas. Desde entonces, firmamos un contrato de exclusividad, detalla a SEMlac.
«Devuelta» aporta a la empresa ronera bandejas para snacks, chupitos para tragos cortos, escupideras, mini copillas para tragos, organizadores para exponer productos en espacios como el Museo del Ron, bandejas y canoas, entre otros productos de vidrio reciclado.
En Habana Club S.A. «están comprometidos con el tema de la sostenibilidad y eligieron hacer una alianza para aprovechar todas las botellas vacías que se derivan de ferias y eventos, con criterios de reciclaje y circularidad, que son los que, a la vez, impulsaron mi emprendimiento», abunda Abreu.
En opinión de esta artesana del vidrio, la mejor lección de esa alianza ha sido el respeto mutuo. «Valoran mucho el tiempo que una le dedica al trabajo y, por mi parte, trato de ofrecer productos de competencia, de excelencia», precisó.
El sector estatal cubano posee activos que podrían potenciar el desarrollo del tejido empresarial privado: infraestructura ociosa o subutilizada, capacidad de importación, acceso a materias primas y un capital humano calificado en áreas como la investigación, la biotecnología o los servicios profesionales.
Por otra parte, quienes emprenden han desarrollado una capacidad notable para identificar nichos de mercado, gestionar recursos escasos, innovar en productos y servicios y conectar con las necesidades reales de la población. Esa agilidad y cercanía con el territorio constituye un activo que el sector estatal no siempre logra reproducir.
Lo sabe Ricardo Fernández, actual director de operaciones y uno de los fundadores de Deshidratados Habana SRL, quien defiende los encadenamientos como algo muy importante «y probablemente de lo que más carece la economía cubana», dice a SEMlac. Pero reconoce que su implementación enfrenta aún obstáculos significativos.
Tras alianzas con entidades estatales como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), los Laboratorios AICA de producción de medicamentos, o la Empresa Metropolitana de La Habana, Fernández reconoce que, si bien estos acuerdos permiten aprovechar materias primas, tecnologías, recursos humanos y otras capacidades instaladas, hay mucho obstáculo que desbrozar aún para que funcionen de forma eficiente.
En su opinión, uno de los más importantes es comercial y tiene que ver con las diferencias de gestión económica entre entidades estatales y privadas; en particular, con las diferencias en las tasas de cambio.
«Cuando la empresa estatal me compra la mercancía y la vende en dólares, su tasa de cambio es 24 o 120 pesos por dólar, en algunos casos. Pero la mía es la del mercado, la que funciona en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si mi tasa de cambio real es, digamos, 400 pesos por dólar, y la que usa la empresa estatal es 24, la distorsión es evidente. Cuando ellos llevan mi producto al mercado, terminan vendiéndolo mucho más caro de lo que el cliente está dispuesto a pagar», detalla.
«Ese es un ejemplo claro e innegable; ahí es donde empieza a ralentizarse absolutamente todo el sistema», concluye. Fernández.
La ruta de la ley
El Decreto-ley 114/2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República el 3 de marzo último, establece por primera vez en Cuba el marco legal para asociaciones entre entidades empresariales estatales y actores no estatales. La normativa se sustenta en el artículo 22 de la Constitución de 2019, que reconoce la propiedad mixta, y responde a la necesidad de dinamizar la economía mediante la interacción entre actores estatales y no estatales.
Aprobada por el Consejo de Estado el 10 de diciembre de 2025, la norma entrará en vigor en abril. Del lado estatal pueden participar empresas, sociedades de responsabilidad limitada estatales, sociedades anónimas de capital ciento por ciento cubano y unidades presupuestadas con tratamiento especial.
Desde el sector no estatal, se incluyen las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (miymes) y las cooperativas, aunque quedan excluidas las personas naturales que realizan actividades mercantiles.
Las modalidades de asociación previstas son: la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas mediante aportes de bienes o derechos; la adquisición de participaciones por una entidad estatal en una sociedad privada existente; la fusión por absorción de una sociedad privada por una estatal; y los contratos de asociación económica que crean un marco de colaboración con fondo común y distribución de utilidades, sin generar nueva personalidad jurídica.
Las nuevas sociedades mixtas gozarán de autonomía empresarial, podrán exportar e importar directamente; operar cuentas bancarias en divisas, con autorización del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), organismo rector; y definir sus precios conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas y Precios. El capital social no tiene mínimo exigido y los aportes no dinerarios se valoran libremente entre los socios.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Planificación Joaquín Alonso Vázquez señaló que la norma busca fortalecer encadenamientos productivos, fomentar exportaciones, aprovechar capacidades instaladas, promover empleos y consolidar la empresa estatal socialista.
Para el economista Oscar Fernández, «la norma en sí misma es positiva. El objetivo es bueno y correcto. El problema es que llega muy tarde; debió haber salido hace mucho tiempo, cuando habría evitado problemas y generado más productividad».
Fernández, director general de Deshidratados Habana SRL, considera que hoy el marco de confianza no es el mejor y no existen garantías jurídicas a largo plazo para quien, en el sector privado, se anime a poner capital en una empresa mixta con el Estado.
«Históricamente, los contratos se violan con frecuencia por la parte estatal, a veces por intereses que nada tienen que ver con el bien común. Mientras no haya un marco regulatorio sólido, que ofrezca garantías, es muy difícil que un privado se involucre en una inversión así», valora a SEMlac.
«Aunque la ley abre una posibilidad, no creo que se constituyan muchas empresas mixtas. Solo algunas pocas pymes, con visión a muy largo plazo y mucha paciencia, lo intentarán. La mayoría no hará el esfuerzo de armar expedientes y estatutos, porque no tienen ninguna confianza en que se vayan a aprobar», reflexionó.
En su opinión, el problema de fondo de la ley es que «centraliza toda la aprobación en el Ministerio de Economía y Planificación. Eso, en la práctica, va a bloquear la iniciativa e impedirá que surjan nuevas empresas. Aprobar una empresa de este tipo debería ser un proceso casi automático», insiste.
«Contrario a lo que pudiera pensarse, Cuba ha tenido experiencias positivas en tal sentido en el campo de la infraestructura», asegura el también economista Juan Triana Cordoví en su artículo «Alianzas público-privadas en Cuba: retos y posibilidades», publicado en 2021 en la revista Economía y Desarrollo.
Ese antecedente permitiría extenderlas a otros segmentos de la actividad socioeconómica, donde el Estado no logra satisfacer las necesidades, apuntó el experto. Sin embargo, advirtió que estas alianzas no tienen el éxito garantizado per se, sino que «depende de los diseños institucionales específicos de cada país, de la transparencia y la calidad de la regulación y de la reducción de las asimetrías en el acceso a la información entre el Estado y del sector privado», cita el texto.
La jurista Katia Pérez Díaz, coordinadora general de la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras (RCME), considera que, en el caso de las emprendedoras, hay desventajas mayores que eliminar antes de pensar en alianzas público-privadas.
«Muchas de las que lideran negocios, especialmente aquellos de menor tamaño, operan en la informalidad«, analizó durante uno de los talleres del proyecto «Apoyo en la formación y promoción de mujeres emprendedoras en Cuba», gestado entre la RCME y la Embajada Británica en La Habana
Esa condición, detalló Pérez Díaz, limita el acceso a oportunidades financieras, a contratos formales con entidades estatales, a la adquisición de materias primas de manera legal y a insertarse en mercados más amplios.
Sin embargo, «las alianzas público-privadas podrían contribuir a cerrar esa brecha, al facilitar la formalización y el acceso a recursos que hoy permanecen fuera del alcance de muchos emprendimientos, sobre todo femeninos«, precisó.
El camino hacia la consolidación de un ecosistema de alianzas requiere marcos legales adecuados y la construcción de confianza entre sus potenciales actores.
En un país que necesita dinamizar su economía, generar empleos de calidad y encontrar soluciones a problemas acumulados durante décadas, la colaboración entre lo público y lo privado deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.
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