- De 50 espacios ganados reducen a 25 sin definir criterios.
- Exigen participación activa en decisiones de poder y no solo ser beneficiarias/beneficiarios de programas sociales.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de marzo del 2023.- Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentaron un “Amicus curiae”, personas que forman parte de la población indígena, afromexicana, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual y de género, sobre la inconstitucionalidad de los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformada por decreto del Congreso de la Unión a través del llamado “Plan B”.
Más de 340 activistas y organizaciones civiles alzaron la voz para reclamar los 50 espacios mínimos conquistados en el 2021 que el Plan B reduce a sólo 25 para personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, migrantes, residentes en el extranjero y población LGBT+.
Peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.
Además, presentaron un amparo indirecto para impugnar la publicación del Decreto de la reforma en materia electoral antes señalada, por incurrir en la omisión de consultar a las personas con discapacidad conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se niegan a ser solamente receptoras y receptores de programas sociales, exigen la participación activa en la toma de decisiones del país, como representantes democráticamente electas y electos, con acciones afirmativas que las y los visibilicen y les incluyan para participar en los procesos internos de los partidos políticos, en las candidaturas y en las campañas electorales.
Detallaron que en 2021, el INE acató sentencias del Tribunal Electoral y aprobó cuotas tanto en representación por mayoría relativa como en listas de representación proporcional para los grupos de población históricamente excluidos. Reservó -es importante subrayarlo- al menos una fórmula de cada grupo en los primeros 10 lugares de cada lista.
Así, se garantizaron 30 espacios para personas indígenas, 4 para afromexicanas, 8 para personas con discapacidad, 3 para personas de la diversidad sexual y de género, y 5 para migrantes o residentes en el extranjero. Es decir, 50 lugares para estos grupos históricamente excluidos.
Esos lineamientos de acciones afirmativas producidos por el INE generaron un círculo virtuoso. Los partidos políticos registraron 520 personas, cuando solo tenían la obligación de registrar 50. Así, quedaron electas 65 personas de nuestras poblaciones; más de la mitad, representantes de comunidades y pueblos originarios.
Enfatizan también que con mucho trabajo y no pocas resistencias, se han logrado acciones afirmativas, enmarcadas a veces en la legislación, a veces en sentencias, a veces en lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por los organismos públicos electorales locales (OPLEs).
Las acciones afirmativas no son gestos de buena voluntad, no son concesiones desde el poder. Se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice y que represente a todas las personas que habitamos este país.
Las autoridades, de acuerdo con el artículo 1º constitucional, están obligadas a hacer efectivo el derecho a la no discriminación. También, al mencionar en ese artículo el principio de progresividad, quiere decir que no se deben dar pasos atrás en derechos ya reconocidos.
En los últimos años, diversas decisiones judiciales han ordenado realizar ejercicios de consulta libre, previa e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como parte de la discusión de diversas leyes, incluyendo las electorales, para dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Suman esfuerzos entre diferentes grupos organizados, depositando la confianza y las expectativas en el Poder Judicial, que cuenta con antecedentes sólidos para salvaguardar nuestros derechos, expresaron.
Algunas organizaciones que suscriben las acciones presentadas son: Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., Colectivo de Personas con Discapacidad, Educación Especial Hoy, Empodera T CDMX, Federación Nacional de Sordociegos de México A.C., Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (FINDEDIS), A.C., LGBT+ Rights México, Movimiento PcD, Mano Amiga de la Costa Chica A.C., YAAJ México, Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad A.C. (RENAC), Yo También. Discapacidad con todas sus letras, entre otras.
SEM/MG
https://www.cepal.org
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