El Tribunal de Oaxaca aún no resuelve, como determinó un juez de Distrito
Al menos cinco veces, se habló en La Mañanera de la desaparición de la activista
Soledad Jarquín Edgar/Segunda Parte
SemMéxico, Oaxaca, 20 de septiembre, 2024.- Al menos cinco veces, entre 2021 y 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió a la desaparición de Claudia Uruchurtu durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.
Sin embargo, las respuestas de López Obrador se fueron diluyendo al paso del tiempo, de su negativa a permitir la impunidad, pasó a delegar “el seguimiento” a Adán Augusto López, un secretario de Gobernación que estuvo 22 meses en el cargo al que renunció en busca de la candidatura presidencial de Morena, en tanto la activista permanece desaparecida.
El 11 de mayo de 2021, dio a conocer que la activista había sido asesinada y afirmó que, presuntamente, la orden fue de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán (surgida de Morena…). “La instrucción es, sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad”, sostuvo.
Tres años y medio después, el proceso judicial aún sigue pendiente, desde finales de agosto pasado se espera que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado den a conocer una resolución como lo ordenó un juez de Distrito, en la que se podría confirmar, modificar o renovar la sentencia emitida en diciembre de 2022, preocupación de la Embajada Británica, quien envió una comunicación al gobierno mexicano a principios de septiembre.
Inquietud que también comparte la familia Uruchurtu ante el término de la gestión del presidente López Obrador, quien prometió que no habría impunidad para Claudia, la activista que creyó en la propuesta de la transformación del presidente y cuestionó y demostró actos de corrupción de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.
Un largo proceso judicial
A finales del 2022, unos días antes del relevo gubernamental entre el entonces priista Alejandro Murat y el morenista Salomón Jara Cruz, el 29 de noviembre, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, pospuso la audiencia de juicio, argumentó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no pudo trasladar a dos de las imputadas desde el penal de Tanivet, entre ellas la ex edil de Asunción Nochixtlán.
En ese sentido, en La Mañanera, López Obrador advirtió su preocupación sobre el caso y responsabilizó a las autoridades locales -entonces en manos del priista Alejandro Murat- y juzgadores (por) “influyentismo, que no se quieren castigar a responsables de una violación de derechos humanos”.
El 2 de diciembre de 2022, a 24 horas de que Jara Cruz había asumido la gubernatura, de nueva cuenta el Tribunal difiere por segunda ocasión la audiencia de debate y anuncia que será el 7 de diciembre, con el argumento anterior. La familia Uruchurtu aseguró entonces a la prensa que “algo no estaba bien”.
Finalmente, de forma inicial, el 7 de diciembre de 2022, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez al concluir la etapa de juicio, determina la culpabilidad de los cuatro detenidos por “desaparición forzada”.
Al día siguiente, en Palacio Nacional se festina el resultado del juicio, cuando el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, en presencia del presidente mexicano, se congratuló por el fallo de Quevedo Sánchez, quien reconoció la responsabilidad de las personas inculpadas por desaparición forzada, en suma habló de justicia.
El 13 de diciembre de 2022, durante la lectura del fallo da a conocer los elementos que tomó en cuenta para determinar la culpabilidad para la ex presidenta de Asunción Nochixtlán, Lizbeth V.H; así como sus colaboradores Juan Antonio H.M., Melci Yanet V.J. y Rolando A.B.
Dos días después, el 15 de diciembre de ese mismo año, al individualizar las sentencias, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, señaló que la ex munícipe “obstruyó la justicia”, es decir, ya no fue señalada como responsable del delito de desaparición forzada, lo que implicó una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión.
En tanto, quienes eran sus subalternos en el Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Antonio H.M. fue señalado como autor material y sentenciado a 60 años de prisión; Nelci Yanet V.J. y Rolando A.B. recibieron una pena de 40 años de prisión en su calidad de copartícipes, los tres por el delito de desaparición forzada de la activista.
En dicha audiencia, la jueza Quevedo Sánchez dijo a las víctimas indirectas, la familia Uruchurtu, que no había cambiado su determinación al modificar sus dichos en las audiencias del 7 y 13 de diciembre en las cuales reconoció la culpabilidad de las personas detenidas por el delito de desaparición forzada, sino que “no (la) habían escuchado bien”.
El 14 de febrero de 2023, un reportero le hace un recuento de los hechos al presidente López Obrador en su conferencia matutina y le recuerda la reclasificación del delito a la ex alcaldesa, entre otros datos del caso, en su respuesta el mandatario mexicano afirma que la desaparición de la activista es una violación a sus derechos humanos y advierte que “todavía no es un caso juzgado, no está terminado el proceso, y le voy a pedir a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que informe sobre esto”.
Para el 17 de septiembre de ese mismo año, el presidente reiteró atender y dar seguimiento “al caso de la activista”, ante los llamados a la justicia por parte de diplomáticos británicos.
La revictimización de la familia Uruchurtu
Tanto víctimas como victimarios apelaron la resolución de la jueza Quevedo Sánchez de diciembre de 2022, un año después en diciembre del 2023, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca integrada por los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega, resuelven la apelación y ordenaron la reposición de todo el procedimiento desde la audiencia de debate.
La familia Uruchurtu, víctimas indirectas, en un comunicado de prensa emitido finales de diciembre del 2023, consideró que la reposición del procedimiento era ilegal por revictimizante y (porque) “fallan en realizar una ponderación conforme a los estándares internacionales y en garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz”.
Por ello, se impugnó la resolución y ante Tribunales Federales mediante un amparo en enero de 2024. El juez de distrito resolvió el 12 de julio pasado dejar sin efecto la resolución de diciembre del 2023 emitida por Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, por ende, la reposición del procedimiento. Además, ordenó emitir un nuevo fallo garantizando los derechos de las víctimas conforme a los estándares internacionales.
Dicha sentencia establece, también que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca debía resolver en 20 días hábiles, situación, que de acuerdo con la familia Uruchurtu, sigue pendiente casi 50 días después.
SEM/sj
