- Las y los defensores piden se investigue de acuerdo a la ley y les pidan disculpa pública
- Claman ¡No somos Delincuentes!
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de septiembre 2023.- “No somos delincuentes, estamos defendiendo el lugar donde vivimos” es el testimonio de Eustacio Juan Hernández Vázquez, titular de Derechos de Colonia Maya, Chiapas que evidencia lo que viven, desde el 2017 quienes decidieron defender la tierra y el agua, por oponerse a actividades comerciales y públicas, y por lo que mucho de ellas y ellos han sido criminalizados y todavía enfrentan procesos penales en libertad.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que deje de criminalizar y violar el derecho a protestar de las y los defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, y lamenta que México esté entre los países que en 2022 se cometieron 177 asesinatos de activistas, el 80 por ciento de los casos se dan en Colombia, Brasil, México y Honduras en contra de los pueblos indígenas que enfrentan a los intereses políticos y económicos, como lo dio a conocer Erika Guevara Rosas, directora para las Américas.
En México es alarmante el desproporcionado uso de las normas penales en contra de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para disuadirlas, castigarlas e impedir que exijan sus derechos, además del hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento y desapariciones, lo cual ha sido documentado por Amnistía Internacional en las entidades federativas de Chiapas, Puebla y Yucatán.
El lanzamiento del Informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente” junto con el inicio de la campaña “Protestar No es Crimen” Amnistía Internacional pide aumente la protección a los defensoras/es de la tierra, territorio y medio ambiente, investiguen de acuerdo a derecho y retiren los cargos injustos.
Expusieron los casos de Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales, desde 2017.
Elizabeth del Carmen Pérez Díaz de Derechos de Colonia Maya refirió como ella y sus compañeros han sido criminalizados con órdenes de aprehensión, cuyos procesos siguen, ahora en libertad, cuando defienden la paz, y el territorio, ¡No somos delincuentes! Reclama. Exigen que se hagan las investigaciones a derecho y una disculpa púbica para poder salir sin miedo.
Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadoras/es y defensora/es nahuas, desde el 2019 protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
Chilón, Chiapas, desde 2020 en donde César y José Luis, defensores tzeltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y Sitilpech, Yucatán, en 2023, pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
El Estado Mexicano ha respondido con la criminalización de manifestantes iniciando procesos penales a nivel estatal en contra de las personas defensoras que protestaban de forma pacífica. Las acusaciones van desde “motín”, “obstrucción de la vía pública”, “pandillerismo” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”, precisó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Las acusaciones sin fundamento van dirigidas principalmente a las personas que son consideradas líderes o las más visible en los movimientos de protesta, los procesos suelen alargarse y se utilizan como mecanismo para causar miedo, disuadir a otras personas que participen, en la estigmatización como “revoltosas/os”, represión y amenazas a su vida y su seguridad.
Denuncian que las acusaciones fueron construidas por servidores públicos y trabajadores de las empresas directamente relacionadas, en ningún caso existe evidencia contundente y se han hecho acusaciones falas o tergiversadas.
Por ejemplo, se acusa a Miguel y Alejandro de Zacatepec de quemar una camioneta con bombas molotov, lo que nunca fue acreditado. A César y José Luis de Chilón, se les acusa de aventar piedras a policías sin más pruebas que testimonios de los propios policías.
A las personas integrantes de la directiva de la Colonia Maya se les acusa de secuestrar a un trabajador cuando nunca se le restringió su libertad.
Olivares Ferreto indicó que: “Pudimos observar la esperanza y dignidad de las personas criminalizadas injustamente al sentirse apoyadas por sus comunidades, pero también que algunas personas decidieron abandonar la lucha para exigir respeto a sus derechos”.
El uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad. Otras violaciones que ocurren en el marco de las protestas tampoco han sido investigadas, como las violaciones del derecho de libertad y seguridad de las personas defensoras, así como el uso excesivo de la fuerza.
Esto tiene un impacto individual y colectivo entre las personas defensoras, las afectaciones más comunes más comunes están las físicas, psicológicas y económicas, como enfermedades, dolores físicos como consecuencia de golpes recibidos, miedo, ansiedad, dificultades para dormir, estrés, impotencia, sentimiento de injusticia por lo que les pasó y afectaciones en su labor de defensa de derechos.
Dentro de los impactos colectivos está el efecto amedrentador o la inhibición de la demanda de derechos de tierra, territorio y medio ambiente en contra de personas que abogan por las mismas causas.
El informe de Amnistía Internacional detalla varias recomendaciones generales para atender la problemática del uso desproporcionado del sistema penal contra quienes protestan y otras específicas para los casos documentados en el mismo.
Entre las primeras está que las autoridades reconozcan la valiosa labor de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente; se abstengan de estigmatizarlas; garanticen su participación en los asuntos que afectan a sus comunidades; se fortalezca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se abstengan de utilizar cuerpos de seguridad militarizados, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas.
Amnistía Internacional llama al Estado a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.
El abordaje del derecho a la protesta debe reconocer que los conflictos sociales que se abordan con perspectivas punitivas generalmente agravan los problemas y no resuelven el fondo de los asuntos. Las exigencias de las personas defensoras deben ser escuchadas y analizadas de manera adecuada y su derecho a la protesta garantizado.
