^ El estado ocupa el primer deshonroso lugar en embarazos infantiles
Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 Oct.- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una iniciativa que garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro y gratuito para menores que hayan sido víctimas de violación.
La propuesta fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, luego de que se diera a conocer que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles.
“En Chiapas, cada año más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres, y lo más grave es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de esos embarazos son producto de violencia sexual”, señaló en tribuna la diputada morenista Marcela Castillo.
Tras una discusión en el pleno, y ante la postura en contra de la diputada panista Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez, Castillo afirmó que “defender la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes es defender su derecho a decidir, a sanar y a vivir con dignidad. No se trata de ideología, se trata de justicia”.
La legisladora subrayó la relevancia de la iniciativa para la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes chiapanecas.
La nueva legislación establece que las instituciones del Sistema Estatal de Salud deberán brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Asimismo, obliga a notificar a las autoridades competentes para la investigación del delito correspondiente.
Una realidad urgente
De acuerdo con datos del Congreso del Estado, los delitos de pederastia, violación y estupro contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 12 por ciento entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que representa 36 casos más.
Casos recientes documentados por la colectiva Amor No es Violencia A.C. y medios locales ilustran la gravedad de la situación: En Tuxtla Gutiérrez, una niña de 11 años dio a luz; el padre tenía 32; en Comitán, otra de 12 años con un hombre de 30; en Chiapa de Corzo, una menor de 12 años con un hombre de 42; mientras que en Ocosingo, una niña de 10 años fue madre; el padre tenía 17.
Durante la sesión, las diputadas que respaldaron la iniciativa enfatizaron que estas historias “no representan amor ni consentimiento: son violencia sexual avalada por el silencio institucional”.
Perspectiva intercultural y de justicia social
En su exposición de motivos, las legisladoras destacaron que la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes en Chiapas es aún más compleja por las condiciones de pobreza, marginación y barreras lingüísticas que enfrentan muchas menores indígenas.
Asegurar su acceso a la interrupción legal del embarazo no sólo es un tema de salud pública, señalaron, sino también una cuestión de justicia social y de cumplimiento de compromisos internacionales.
“La recomendación de la CEDAW subraya que las mujeres indígenas son portadoras de conocimientos, guardianas de la cultura y defensoras del territorio; por ello, garantizar su autonomía corporal también significa proteger su identidad, su lengua y su dignidad”, expresaron las diputadas.
Reto de implementación
Con la aprobación de esta ley, Chiapas da un paso significativo hacia la protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el reto inmediato será asegurar su implementación efectiva mediante protocolos claros, capacitación del personal médico y legal, acceso real a los servicios de salud, acompañamiento psicológico y mecanismos de rendición de cuentas.
A nivel nacional, el 5.6 % de los nacimientos registrados en 2023 correspondió a madres de entre 10 y 17 años. Aunque la tasa de fecundidad infantil ha disminuido, sigue siendo alarmante: son niñas que deberían estar en la escuela, pero enfrentan partos, cesáreas y traumas que marcan su vida para siempre.
Un derecho humano reconocido
El artículo 10-BIS de la Ley General de Salud y la NOM-046-SSA2-2005 establecen que toda mujer o niña tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo cuando éste sea producto de una violación sexual, sin necesidad de autorización judicial.
Este derecho ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por diversos tratados internacionales suscritos por México, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
De manera reciente, la Recomendación General No. 39 (2022) del Comité de la CEDAW destacó la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo y seguro a los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas, especialmente las indígenas y aquellas en contextos de vulnerabilidad.
“Solo así, la legislación recién aprobada dejará de ser letra muerta para convertirse en una verdadera herramienta de justicia, dignidad y esperanza para las niñas y adolescentes de Chiapas”, concluyeron las diputadas.
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