Aprueba diputación reforma para que los violentadores sean los que abandonen el hogar y no ellas

• El dictamen, iniciativa panista busca proteger patrimonio de mujeres violentadas

• Se trata de que los agresores no utilicen la propiedad en común como medio de chantaje 

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 20 de septiembre, 2023.- La Cámara de Diputados aprobó con 424 votos, dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de proteger el patrimonio de las mujeres violentadas, evitando que los violentadores utilicen la propiedad como medio de chantaje.

De acuerdo con el proyecto, se señala que no sólo se exija al agresor la desocupación del domicilio, sino que se abstenga de realizar actos tendientes a enajenar bienes comunes que estén en sociedad conyugal, incluyendo el menaje del hogar.

Además, se solicitará al agresor una fianza para garantizar que no realizará mal uso de los bienes en común de los cuales él, tenga la posesión.

Asimismo, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fomentar y facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia a programas o créditos accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN) señaló que la reforma busca impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a sus víctimas.

“La desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor es una de estas medidas de prevención, pero luego esto resulta insuficiente”, indicó la legisladora, quien remarcó que los violentadores, después de abandonar el domicilio conyugal, venden los bienes a fin de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o su patrimonio. 

En su discurso, la legisladora llamó a no recortar el presupuesto del Poder Judicial, pues no solo perjudicará a la Suprema Corte de Justicia, sino al acceso a la impartición de justicia que demandan las y los mexicanos, ya que restaría la posibilidad de una defensa pública y gratuita.

Cabe destacar que el documento que se remitió al Senado para seguir con su trámite legislativo.